Abogado constitucionalista habló de “trasfondo político” en la continuidad de jueza Figueroa
Este miércoles, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto para que Ana María Figueroa siga siendo jueza por cinco años más. Esto se da luego de la aprobación del pliego en el Senado de la Nación y la posterior firma del nombramiento por parte del presidente Alberto Fernández.
“Es una decisión surrealista porque en realidad se trata de una jueza que ya había cesado en sus funciones. Es importante recordar que de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley, cuando un magistrado o magistrada llega a los 75 años puede solicitar una renovación por 5 años más, pero la misma debe caerse antes de la fecha de su cumpleaños, cosa que se produjo en agosto y por lo tanto decayó esa designación”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.
Y seguido amplió: “Como la jueza quedó parapetada en su cargo, es decir, pidió licencia, pero al mismo tiempo siguió cobrando como si no hubiera pedido licencia, lo cual evidentemente a mi modo de ver la hizo incurrir en delitos porque se hizo de fondos que no le correspondían y además no ejerciendo sus funciones”.
Tras considerar que se trata de una situación “de grave conflicto de poderes”, señaló que la misma tiene como trasfondo político “la búsqueda desesperada de impunidad por parte de Cristina”.
“¿Qué es lo que pienso que podría ocurrir? Ella debe reincorporarse a la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal de la República, para lo cual debe ser aceptada por quienes la integran, que en su mayoría no integran Justicia Legítima como es su caso. Ahora bien, ¿qué es lo que pienso que deberían hacer los miembros de este tribunal? Deberían consultar al superior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial, ¿qué es lo que corresponde? Y la Corte Suprema creo que sin lugar a dudas va a ratificar la decisión que ya tomó”, agregó Sabsay.
Asimismo, enfatizó que la voluntad de la jueza es “anular aquellos procesos en los cuales se reabrió a juicio oral. Hotesur – Los Sauces y el memo con Irán. Ahora bien, de todos modos, esos casos se deciden suficientemente con dos votos, con eso alcanza, así que ya están, digamos, a mi modo de ver, tienen la autoridad de cosa juzgada. Es decir, que tampoco podría pararlos”.
Finalmente, sobre los delitos que estaría incurriendo la magistrada, expresó: “Por un lado hay malversación de fondos públicos. Por otro lado, hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Y hay un abuso de poder”.
