Ahora el Gobierno pide que la Corte suspenda los efectos del fallo por la coparticipación

El Gobierno realizó este martes una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), elevándola al 2,95%.

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Mediante dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, la administración de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

Para el Gobierno, la Corte, con la cautelar emitida, «excede sus competencias constitucionales» y «afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios».

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«A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes», sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que «la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas».

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El escrito de Zannini advirtió que «la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad».

Pero, alertó, «de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa» y entonces «ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos».

«El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas», enfatizó el Gobierno nacional.

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Y aseveró que «se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente».

«Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN», insistió.