Blanqueo de dólares: tras el anuncio de Nación, Santa Fe reforzará acciones para evitar el lavado de dinero del delito
Los ministros provinciales de Economía y Justicia y Seguridad, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, brindaron una conferencia de prensa este viernes luego de la presentación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos
El Gobierno de Santa Fe apoyó a Nación tras el anuncio del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos y este viernes anticipó que reforzará las acciones destinadas a evitar casos de lavado de dinero vinculados al delito.
Los ministros de Economía y Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, hablaron esta mañana en una conferencia de prensa desde la Sede de Gobierno de Rosario a raíz del paquete de medidas para el blanqueo de dólares que presentó el Ejecutivo nacional este jueves.
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En detalle, los funcionarios confirmaron que el gobernador Maximiliano Pullaro dio la orden de conformar un comité compuesto por representantes de todos los ministerios, junto con miembros de otros organismos y poderes del Estado, para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera centrado en personas ligadas a actividades delictivas.
En primer lugar, Olivares se refirió al plan impulsado por la gestión de Javier Milei y consideró que genera ventajas “favorables para el 99 por ciento de la población”, pero que, al mismo tiempo, “genera ventajas para el otro 1 por ciento, donde están las organizaciones criminales”.
Por su parte, Cococcioni abordó el objetivo de las medidas y señaló: “Tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios en la provincia y, en particular, en Rosario”.
Luego, el funcionario anticipó que “lo primero es reunir información en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia para vincularla a los movimientos de las organizaciones criminales y, a partir de ahí, diseñar medidas que tiendan a limitar o bloquear accesos y servicios”.
“Una persona que está procesada por narcotráfico o sindicada como parte de una organización criminal no debería poder inscribir una sociedad comercial, un inmueble o hacer operaciones en el marco de la administración pública provincial”, concluyó Cococcioni.
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