Blanqueo de dólares: tras el anuncio de Nación, Santa Fe reforzará acciones para evitar el lavado de dinero del delito
Los ministros provinciales de Economía y Justicia y Seguridad, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, brindaron una conferencia de prensa este viernes luego de la presentación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos
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El Gobierno de Santa Fe apoyó a Nación tras el anuncio del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos y este viernes anticipó que reforzará las acciones destinadas a evitar casos de lavado de dinero vinculados al delito.
Los ministros de Economía y Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, hablaron esta mañana en una conferencia de prensa desde la Sede de Gobierno de Rosario a raíz del paquete de medidas para el blanqueo de dólares que presentó el Ejecutivo nacional este jueves.
En detalle, los funcionarios confirmaron que el gobernador Maximiliano Pullaro dio la orden de conformar un comité compuesto por representantes de todos los ministerios, junto con miembros de otros organismos y poderes del Estado, para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera centrado en personas ligadas a actividades delictivas.
En primer lugar, Olivares se refirió al plan impulsado por la gestión de Javier Milei y consideró que genera ventajas “favorables para el 99 por ciento de la población”, pero que, al mismo tiempo, “genera ventajas para el otro 1 por ciento, donde están las organizaciones criminales”.
Por su parte, Cococcioni abordó el objetivo de las medidas y señaló: “Tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios en la provincia y, en particular, en Rosario”.
Luego, el funcionario anticipó que “lo primero es reunir información en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia para vincularla a los movimientos de las organizaciones criminales y, a partir de ahí, diseñar medidas que tiendan a limitar o bloquear accesos y servicios”.
“Una persona que está procesada por narcotráfico o sindicada como parte de una organización criminal no debería poder inscribir una sociedad comercial, un inmueble o hacer operaciones en el marco de la administración pública provincial”, concluyó Cococcioni.
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