Central, Prefectura y una década de vueltas para no resolver nada
Opinión, por Mauro Yasprizza.
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Por Mauro Yasprizza.
Rosario Central quiere un terreno estratégico junto al Gigante. Nación no lo entrega. Prefectura sigue allí. Pasaron gobiernos, dirigentes y propuestas. Lo único que no pasó fue una solución.
Hay historias que se explican por su complejidad. Y hay otras que se vuelven complejas porque nadie parece demasiado interesado en resolverlas.
La pelea silenciosa por el predio que ocupa Prefectura junto al Gigante de Arroyito entra, por ahora, en la segunda categoría.
Central lo quiere. Prefectura lo ocupa. Nación decide. Y desde hace casi diez años todos hablan, negocian, proponen, analizan y prometen.
Resultado: cero.
El club pretende sumar ese espacio a su proyecto institucional y trasladar allí parte de la estructura que hoy funciona en Mitre 853, donde continúa instalada su sede social.
La intención tiene lógica. Si Central está ampliando el Gigante, construyendo una tercera bandeja y desarrollando nuevos espacios deportivos, parece razonable que busque concentrar buena parte de su actividad alrededor de Arroyito. Las obras existen y avanzan.
El problema aparece cuando empieza la política.
Y ahí la pelota deja de rodar.
Durante años hubo distintas propuestas para liberar el inmueble, compensar a Prefectura y encontrarle otra ubicación operativa.
Cambió el gobierno nacional. Cambió otra vez. Y volvió a cambiar.
El terreno siguió exactamente donde estaba.
Central tampoco puede presentarse únicamente como víctima de una burocracia despiadada.
Si después de casi una década de gestiones un acuerdo sigue sin cerrarse, alguna pregunta también debe hacerse la dirigencia canalla.
¿La propuesta económica alcanza? ¿El proyecto contempla realmente las necesidades de Prefectura? ¿Existe una alternativa jurídica viable? ¿O cada nueva conducción vuelve a empezar negociaciones que después chocan contra los mismos límites?
Porque pedir no necesariamente significa tener derecho a recibir.
El predio pertenece al Estado Nacional y cumple una función para una fuerza federal. Que sea incómodo para el club, esté pegado al estadio o tenga un enorme valor estratégico para Central no convierte automáticamente la pretensión en una obligación para Nación.
Del otro lado tampoco sobra eficiencia.
El Estado argentino tiene una capacidad admirable para transformar cualquier problema relativamente concreto en una saga administrativa.
Si el terreno no puede cederse, debería explicarse con claridad por qué.
Si puede negociarse, deberían establecerse condiciones.
Y si existe una alternativa para trasladar a Prefectura, alguien debería sentarse, fijar números, plazos y responsabilidades.
Lo que no parece razonable es eternizar una discusión durante diez años.
Mientras tanto, Central sigue creciendo.
La tercera bandeja avanza, el estadio suma infraestructura y la institución continúa desarrollando otros predios.
Eso también modifica la discusión.
Cuanto más crece el Gigante, mayor valor adquiere cada metro cuadrado que lo rodea.
Por eso el interés no desaparecerá.
Central seguirá golpeando puertas y Nación seguirá teniendo que responder.
Pero sería saludable abandonar de una vez la vieja costumbre argentina de convertir cualquier negociación entre una institución y el Estado en una sucesión interminable de llamados, contactos, favores, intermediarios y expedientes.
Porque después de diez años ya no alcanza con señalar quién puso el freno.
Cuando una negociación atraviesa gobiernos, dirigentes y despachos sin llegar nunca a ninguna parte, quizá el problema ya no sea quién dice que no: el verdadero problema es un sistema donde todos gestionan, todos prometen y, cuando llega el momento de firmar, nadie se hace cargo.

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