Cómo eran las maniobras fraudulentas que usaron los imputados para malversar fondos para la compra de combustible en la Policía de Rosario
Trece policías y cuatro civiles fueron sometidos a una audiencia imputativa por el caso de corrupción policial que ocasionó la intervención de la Unidad Regional II por parte del gobierno provincial.
El fiscal José Luis Caterina expuso este martes en la audiencia imputativa contra los trece policías y los cuatro civiles involucrados en las maniobras de malversación de fondos para la compra de combustibles dentro de las fuerzas de la ciudad y explicó cómo se llevaron a cabo.
En ese marco y ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, sostuvo que el caso comenzó a investigarse diez meses atrás, el 10 de julio del 2024, cuando recibieron una comunicación por correo postal sobre los movimientos de corrupción en torno a los fondos que debían usarse para recargara de combustible a las unidades que se gestaban en las sombras de la Unidad Regional II.
De esa manera, la unidad de Asuntos Internos comenzó a investigar los informes sobre verificaciones en la sección de Garage Oficial, que era encabezada por uno de los principales imputados, Gerardo Ramírez.
Desde ese momento detectaron que los móviles del Comando Radioeléctrico realizaban cargas de combustible inconsistentes, por lo que se rastreó a los patrulleros por GPS y se constató que los mismos iban a cargar a una estación de servicio en horarios distintos a los indicados en las facturas.
No sólo se comprobaron los desfasajes en los horarios en las cargas, prosiguió el fiscal, sino que también se detectó que los vehículos consumían más de lo habitual por la cantidad de kilómetros recorridos y que otros que ya no se usaban más aparecían en las facturaciones. En una ocasión, se siguió un Fiat Cronos que hacía de patrullero y los datos arrojaron que consumió 170 litros más de los necesarios para el recorrido que hizo,
Así las cosas, se detectaron cobros diarios de entre 20 mil y 30 mil pesos por cargas de combustibles a más de ochenta patrulleros que no se habían puesto en circulación.
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Los imputados y las escuchas que los involucran
13 de los 17 acusados son agentes pertenecientes a distintas fuerzas del entramado del entramado policial del departamento Rosario. Entre ellos están, el subcomisario de Garage, Gerardo Ramírez (anteriormente mencionado en el sector que se comenzaron a detectar las cargas irregualres); el comisario superior Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; el jefe de la sección Caballería y Perros, Fabián Darío Fantín; el subjefe Mario Brest, y el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi. También están implicados Sergio Darío López del Comando Radioeléctrico; Javier Arce del Cuerpo Guardia de Infantería; Juan Alberto Villordo a cargo del combustible del Comando Radioeléctrico y Nancy Plomer, jefa de la sección Ficheros al interior División Personal. Asimismo, están complicados el subinspector Franco Cuesta, a cargo de las cargas de la Policía de Investigaciones; ; Jorge Delgado, responsable de combustible de la División Logística; Gustavo Bazán de Garage Oficial y Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito.
En el caso de los policías, se presentaron escuchas pertenecientes a Ramírez, López y su pareja, Plomer, en las que se revelaron que López elaboraba planillas de combustible que presentaba en la estación y trascendieron frases como “termine de firmar los papelitos" y “¿cuánto le juntaste?”.
En tanto los civiles imputados junto a los uniformados trabajaban para una empresa de gas que era gestionada por la marca a cargo de la estación de servicio implicada. Se tratan de Mónica Bianconi, presidenta del directorio de la firma, Oscar Coullery, director suplente, un encargado llamado Daniel Reynoso y una empleada del área de administración identificada como María Fernanda De Franco.
Por el lado de los civiles, las autoridades vigilaron las oficinas de la estación ligada a las maniobras de corrupción y se fotografiaron múltiples entradas y salidas de Fantín, Brest, Pigozzi, Villordo, Arce, Ramírez, Ceballos, Delgado y Cuesta, con sobres de papel madera o incluso cajas.
En ese contexto, pidió que a 16 de los imputados se les disponga la prisión preventiva efectiva por cometer los delitos de cohecho, peculado, falsedad ideológica y defraudación. La audiencia continuará este miércoles a las 14 con la exposición de la defensa.
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