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La Justicia elevó este jueves a juicio oral la causa por el brutal crimen del joven Fernando Báez Sosa que tiene a un grupo de rugbiers detenidos por el asesinato perpetrado en el partido bonaerense de Villa Gesell.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías David Mancinelli tras el pedido de la fiscal Verónica Zamboni.
Los rugbiers enfrentan una acusación de homicidio doblemente agravado por alevosía y por la cantidad de participantes, que tiene una pena de prisión perpetua.
El primer día hábil de esta semana, en el inicio de febrero y por lo tanto fin de la feria judicial, se produjeron importantes novedades en torno de este crimen que despertó un potente reclamo de justicia, llegando incluso el tema nada menos que a la Casa Rosada, como lo deja demostrado la imagen de esta nota de Noticias Argentinas.
Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa renunciaron el último lunes, 1 de febrero de 2021, a la posibilidad de ser juzgados por un jurado popular por entender que ya existe una «lapidaria condena social» que condicionaría el veredicto, al tiempo que solicitaron la anulación de la elevación a juicio del caso.
La decisión fue plasmada en un escrito que presentó el abogado de los acusados, Hugo Tomei, ante el juez de Villa Gesell, David Mancinelli, en el que detalla que «la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló como consecuencia de la construcción de sentido realizada a través de los medios masivos de comunicación».
En el escrito también pidió la anulación de la elevación a juicio del caso, al sostener que no se entiende «qué se le imputa» a cada uno de los imputados: Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz; Máximo Thomsen; Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli. Ahora, el juez Mancinelli tiene cinco días para resolver en cuanto a las cuestiones.
«No hay ningún enunciado proposicional que pueda establecer en su dimensión descriptiva una aceptable diferencia entre los actos que habría realizado cada uno de mis asistidos con relación a los delitos imputados», argumentó.
También advirtió que, en torno al crimen cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, «el Poder Ejecutivo Nacional se ha comprometido con el interés de una de las partes, y por lo tanto, el equilibrio que debe surgir de la necesaria ´igualdad de armas´ presente en todo proceso penal, o mejor dicho en casi todos, aquí ha sufrido una influencia desmedida a favor de una de las partes. Prácticamente ha desaparecido».
La defensa de los rugbiers ya había apuntado contra la postura del presidente Alberto Fernández, quien recibió a los padres del joven de 18 años asesinado a golpes frente a un boliche de la localidad balnearia.
«Para el señor Presidente de la Nación, en este caso ´Justicia´ es sinónimo de ´condena a prisión perpetua´», siguió la queja del letrado. Que continuó así: «Y esto es lo que reclama el máximo representante de uno de los Poderes del Estado, en un proceso particular, antes de la sentencia definitiva».
El letrado también puso en tela de juicio la actitud de la parte querellante, encabezada por su colega Fernando Burlando, al adjudicarle adjetivos descalificantes contra sus defendidos en medios de comunicación.
Juzgó, en ese sentido, que utilizaron dichos «cargados de violencia» con adjetivos tales como «cobardes», «asesinos», «hijos de puta» y «residuos escatológicos», para mencionar solo algunos» y señaló que en los mismos se incluyó a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los dos rugbiers cuyos sobreseimientos fueron pedidos por la Fiscalía.
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