Diputados dio media sanción a la ley de propiedad privada y sostuvo las restricciones a extranjeros sobre tierras rurales
La Cámara aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con cambios que restituyen la Ley de Tierras Rurales, derogada por el DNU de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, por lo que deberá regresar al Senado para su revisión.
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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, pero incorporó modificaciones que mantienen los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La votación general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, en una sesión en la que el oficialismo necesitó el respaldo de sus aliados para avanzar.
El principal cambio fue la restitución de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La normativa establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El capítulo que conserva esa regulación fue aprobado con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones, y deja sin efecto la derogación que había dispuesto el artículo 154 del DNU 70/2023.
La modificación llegó después de distintos pronunciamientos judiciales sobre la vigencia de la norma. La Corte Suprema había revocado un fallo que declaró inconstitucional su derogación al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para presentar ese reclamo. Posteriormente, el máximo tribunal suspendió de manera cautelar la derogación en otra causa promovida por una organización ambiental, aunque todavía no resolvió la cuestión de fondo.
El proyecto también introduce cambios en los procedimientos de expropiación: exige una declaración específica de utilidad pública y el pago previo de una indemnización calculada según el valor de mercado del inmueble, incluido el lucro cesante. Además, contempla procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar los desalojos, un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad y modificaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble. Debido a los cambios incorporados, el texto deberá volver al Senado para su revisión.
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