El Concejo aprobó un programa de asesoramiento y asistencia de víctimas de usurpaciones
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El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves la creación de un Programa de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones. Surgió a raíz de la escalada de casos en la ciudad, más de 100 sólo el año pasado, enmarcados en maniobras ilegales adjudicadas a bandas organizadas que operan en los distintos barrios.
La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente primero del cuerpo y titular del bloque Cambiemos, Roy López Molina, y por los ediles Agapito Blanco y Renata Ghilotti, con el objetivo de fortalecer la contención y poner un límite al «avance de las mafias».
“Una de las tantas muestras del accionar de bandas vinculadas al narcotráfico o narcomenudeo es la ocupación ilícita de inmuebles de propiedad de terceros mediante amenazas y coacciones para utilizarlos después como puntos de acopio, fabricación, venta de estupefacientes y dominio territorial”, explicó López Molina.
El edil puso énfasis en la violencia explícita que padecen las víctimas antes de ser despojadas de sus bienes. “La mayoría de las usurpaciones termina prosperando luego de balaceras en las puertas de las casas», graficó.
El titular del bloque Cambiemos remarcó que «si bien la cuestión referente a la seguridad de la propiedad privada es competencia eminentemente provincial, el municipio no puede estar ajeno a dicha problemática y debe brindar las herramientas a los vecinos afectados para mitigar los efectos desfavorables del accionar delictivo en cuestión».
Asimismo, indicó que “las personas afectadas por este flagelo quedan desprotegidas y sin contención cuando son expulsadas de sus casas, lugar que reúne años de sus esfuerzos y sacrificios”.
“Hemos tenido la oportunidad de tomar contacto con varias víctimas, y nos han manifestado la concurrencia ante distintos organismos judiciales sin obtener respuesta favorable y que al final del camino dejan de reclamar por recuperar sus viviendas por temor y porque necesitan buscar otro inmueble de forma urgente para poder resguardar a su familia”, contó López Molina.
Casos, equipos y futuros convenios
La problemática de las usurpaciones se profundizó en los últimos años, con entramados complejos detrás. Hubo investigaciones judiciales que los probaron. Por ejemplo, en 2017 adjudicaron hechos a un clan familiar de Nuevo Alberdi; al año siguiente la provincia confirmó que había «una denuncia por día», con focos en los barrios Municipal y La Tablada.
En tanto, en 2019 otra causa penal apuntó a un grupo violento de barrio Plata con al menos cinco integrantes dedicados, entre otros delitos, a usurpaciones. Ya en los últimos meses varias actuaciones policiales reflejaron hechos en casonas de barrio Martin y Montevideo al 1900. Algunos de los habitantes identificados tenían antecedentes penales y eran apuntados por los vecinos por la inseguridad en la zona.
Por eso, la idea del Programa es «centralizar la problemática y las soluciones». Una parte de ello es la asistencia estatal a favor de la víctima durante el transcurso de las instancias de recupero de la vivienda, sea socio-económica, habitacional, alimentaria, sanitaria o de resguardo de su seguridad, buscando protección preventiva, concomitante y posterior al hecho.
El avance implica que el Concejo Municipal faculta al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con el Ministerio Público de la Acusación, universidades de la ciudad, el Colegio de Abogados y otras organizaciones de la sociedad civil.
«El fin es lograr el asesoramiento y la asistencia material a las víctimas de manera efectiva e integral», concluyó Roy López Molina.
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