El exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, cuestionó la intervención de Vicentín: «No es legal ni necesaria»
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El exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, dio sus percepciones tras la intervención de Vicentín, agroexportadora santafesina que atraviesa una delicada situación económica y que durante 60 días tendrá un interventor mientras en el Congreso de la Nación se debatirá un proyecto de expropiación por parte del Estado. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández y despertó un sinfín de opiniones encontradas.
«La intervención no es legal ni necesaria. Vicentín está en concurso preventivo, hay un juez que está velando por la empresa en resguardo de los acreedores. El juez, a instancia de los acreedores, productores y transportistas, pudo podría haber designado un interventor y los directivos hubieran aceptado», dijo en diálogo con el programa El Puente por Radio Mitre Rosario.
«No era necesario ni tampoco oportuno, más si estás en default por 503 millones de dólares. ¿Cómo va a ser oportuno salir y anunciar que te quedás con una empresa con un pasivo de 1500 millones de dólares?», agregó.
Buryaile cuestionó al presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que el Estado intervino por la seguridad alimentaria: «¿Cómo va a esgrimir ese argumento? Si la Argentina hay algo que tiene garantizado es la provisión de alimentos».
En relación a los especialistas que manifestaron que uno de los objetivos del gobierno es generar una empresa testigo en el mercado, el exministro arremetió: «Lo que estamos en el medio y que queremos saber cuánto vale una tonelada de soja, lo sabemos. El rol de Estado es velar por el funcionamiento, desde mi punto de vista. Quienes toman esta decisión es que el Estado sea el actor del mercado y eso le quita le transparencia».
Por último, se refirió a un círculo vicioso que se va a generar en caso de que el Estado se apropie de Vicentín: «Además de la deuda, los argentinos vamos a pagar el costo de una empresa con superestructura, como siempre es la burocracia del Estado, y que también va a tener que solventarla el Estado. Va a terminar pagándole menos a los productores y los exportadores van a pagar menos, en consonancia con las empresas testigos, y se van a llevar más plata».
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