El Gobierno amplió por DNU los servicios esenciales y limitó el derecho a huelga
El decreto 340/2025 obliga a garantizar entre un 50% y 75% de funcionamiento en actividades estratégicas durante conflictos gremiales. Sindicatos ya anticiparon el rechazo y advierten sobre la inconstitucionalidad de la medida.
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El gobierno de Javier Milei hizo oficial este miércoles el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 que modifica el régimen de huelga al ampliar el listado de actividades consideradas como "servicios esenciales" y de "importancia trascendental", que deberán garantizar entre un 50% y un 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza sindicales.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto publicado en el Boletín Oficial.
En esa misma línea, la normativa establece que “en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio”. Mientras que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
Entre los nuevos servicios esenciales se incluyen los sanitarios y hospitalarios; el transporte y distribución de medicamentos; los servicios farmacéuticos; el suministro de agua, gas, energía y combustibles; las telecomunicaciones, incluyendo internet y servicios satelitales; y la aeronáutica comercial con control del tráfico aéreo y portuario.
También figuran los servicios aduaneros, migratorios, vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores y la educación en todos los niveles; el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga; y las operaciones costa afuera.
El DNU fue firmado por Milei y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano y Desregulación del Estado, y se inscribe dentro del plan de desregulación impulsado por el Ejecutivo, en el ámbito de la marina mercante.
Desde los sindicatos, la primera reacción fue de la CTA Autónoma. Su secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, expresó en redes sociales que el gobierno “intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral”.
“Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”, advirtió el dirigente.
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