El Gobierno busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante un nuevo proyecto
El nuevo texto fue girado al Senado. La administración nacional pretende regresar la legislación al modelo anterior de la norma vigente.
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El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso un proyecto de ley que modifica en gran parte la norma vigente sobre la Emergencia en Discapacidad que no ha aplicado.
El proyecto girado al Senado de la Nación se titula como “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y propone la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley N° 27.793. La propuesta libertaria regresa el sistema al modelo previo a la declaración de emergencia.
En ese marco, el nuevo texto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. De esa manera, los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. A aquellos que no cumplan con este trámite, se les suspenderá la pensión y perderán el beneficio.
Además, el Gobierno impulsa un sistema de fiscalización más estricto. La medida incluye cruces de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) junto a otros organismos públicos.
En base a esos datos, la pensión se suspenderá de manera preventiva ante cualquier inconsistencia detectada, aunque se garantiza el derecho a defensa. Por otro lado, el proyecto fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y suprime la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable.
En tanto, el modelo propone la incompatibilidad con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales por lo que una persona con discapacidad que acceda a un trabajo registrado perderá el beneficio. También se suprimen los beneficios para las organizaciones que contratan personas con discapacidad y elimina el piso mínimo de calidad en las prestaciones.
A su vez, se permitirá que la Nación haga convenios con las provincias y la ciudad de Buenos Aires para controlar y distribuir los fondos.
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