El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Seguridad Interior para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas en Rosario
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El Gobierno de la Nación anunció hoy a través de una conferencia de prensa que brindaron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri, el envío al Congreso de la Nación de una serie de proyectos de ley entre las que se encuentra la “ Antimafia”, además de modificaciones en la norma de Seguridad Interior.
Uno de los cambios está vinculado a brindarle mayor capacidad de acción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico: «Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos» señaló Petri.
Por otra parte el funcionario marcó que «a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia».
Respecto a la llamada Ley Antimafia, Bullrich señaló que apunta a que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual sino por pertenecer a esa organización mafiosa. Se destaca que la sentencia por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho, se va a aplicar a todos los miembros de la organización.
Asimismo dentro de esta norma se dispone permitir detenciones por averiguación de delitos, controles para efectuar requisas, incautación de mercadería dando noticia a la autoridad judicial y la interceptación de llamados telefónicos, entre otros ítems destacados.
En otro sentido, uno de los cambios que se quieren hacer contempla reformar el artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas de aquellos que «organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles y que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración y amenazas».
Finalmente otras de las transformaciones relevantes que se buscan están referidas a la legítima defensa y el cumplimiento del deber, penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad, condenas de 4 a 6 años a quienes bloqueen comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos y el registro de ADN para condenados de delitos sexuales.
