El Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal: cuáles son los puntos principales de la iniciativa
El asesor parlamentario del Senado de la Nación Fernando Soto explicó los ítems más relevantes del proyecto que el oficialismo buscará debatir en el Congreso.
:format(webp):quality(40)/https://rosarionuestrocdn.eleco.com.ar/media/2025/12/milei_bullrich7.jpeg)
El Gobierno Nacional envío al Congreso una reforma integral del Código Penal, una iniciativa que, según señalan desde el oficialismo, busca actualizar una normativa que no se modifica de manera estructural desde 1921.
El abogado penalista y asesor parlamentario del Senado, Fernando Soto, quien trabaja en conjunto con la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, señaló, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, que el proyecto apunta a "ordenar un sistema disperso por más de mil leyes penales vigentes" y a reforzar los derechos de las víctimas.
“Desde que se hizo el Código Penal hace más de 100 años, nunca se hizo una reforma integral. Se hicieron parches, más de 1000. Está todo disperso, desarmónico”, explicó Soto, y destacó que uno de los ejes centrales es incluir dentro del Código delitos hoy regulados por leyes especiales, como lavado de activos, narcotráfico, contrabando, delitos electorales y modalidades delictivas contemporáneas.
Según subrayó Soto, la propuesta “no le saca derechos a los imputados, pero sí incorpora derechos y garantías para las víctimas”. Uno de los puntos plantea aplicar el "principio de duda" también de quien sufrió el delito, especialmente cuando se discuta su participación en el proceso o su oposición a medidas de libertad.
Otra de las modificaciones más relevantes tiene que ver con la imprescriptibilidad de delitos como homicidio y abuso sexual, una respuesta, según explicó, a casos donde los autores quedaron impunes por fallas en la investigación. “No está bien que un homicida se vaya a su casa porque el caso prescribió”, afirmó.
La iniciativa también propone que presdiente, ministros y altos funcionarios acusados de delitos graves tengan penas no excarcelables. Además, los delitos de corrupción cometidos mediante asociación ilícita tampoco prescribirán.
Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de secuestrar bienes sospechados de origen ilícito antes de que exista una condena firme. Soto recordó el precedente del caso “los bolsos de López”, donde la Justicia confirmó la validez del procedimiento. “Esto no lo inventamos, lo extendemos a todos los delitos graves con contenido patrimonial”, sostuvo.
El proyecto también incorpora figuras delictivas contemporáneas que hoy no están incluidas de forma explícita. “Motochorro, viuda negra, esquema Ponzi, entradera, salidera: todos estos casos se incorporan como agravantes”, señaló Soto.
Por otra parte, el abogado penalista se refirió a los cuestionamientos vinculados a la protesta social. En este sentido, Soto aclaró que el proyecto no penaliza la manifestación, sino que aumenta las penas cuando se produzcan daños, agresiones o ataques en ese contexto. “El derecho a protestar no es romper cosas o atacar a la Policía”, afirmó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión