Media sanción en el Senado al proyecto de reforma del sistema previsional
La aprobación se dio en medio de las protestas de distintos sindicatos contra el proyecto del Ejecutivo que se hicieron sentir en la Legislatura.
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El proyecto de la reforma previsional propuesto por el gobierno de Maximiliano Pullaro, ingresó este jueves en el Senado y rápidamente logró la media sanción.
El proyecto obtuvo el apoyo del bloque político de Unidos que otorgó 14 votos, a diferencia del Partido Justicialista que manifestó su rechazo, con 4 votos negativos.
Por lo tanto, todavía resta esperar la decisión de la Cámara de Diputados para su sanción. Según el oficialismo, la iniciativa busca el saneamiento de las Cajas de Jubilaciones, debido a que según sus estimaciones sólo en 2024 el déficit treparía a los $430.000 millones.
En caso de aprobarse el proyecto, el pullarismo espera que el déficit se reduzca entre un 25 y un 30%.
El texto propone declarar la emergencia previsional por dos años, modifica la cantidad de aportes que debe hacer una trabajador del Estado en base a sus ingresos e impone un tope de haberes mínimos a cobrar por parte del sector pasivo.
Los puntos centrales
La reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial generó controversias entre los gremios. Uno de los puntos salientes fue la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres (65 años) y mujeres (60 años) de la administración pública, que, finalmente no se imprimió en el texto definitivo.
No obstante, de aprobarse la ley, en el caso de los docentes sí se igualará la edad para el retiro entre hombres y mujeres a los 60 años. Además, sólo se mantendrá el beneficio de jubilarse a los 57 años a aquellos maestros que presten servicios durante al menos 30 años pero únicamente al frente de un aula.
En cuanto a la escala de aportes, los empleados de nivel 1 (los de menos ingresos) aportarían un 15,5% de sus haberes, mientras que aquellos que perciba un sueldo 11 veces mayor a los del nivel 1, aportarían un 21%.
De esa manera, la escala máxima de aportes aplicaría para autoridades políticas y personal del gabinete provincial, que van desde entes autárquicos, descentralizados, y sociedades del Estado; senadores y diputados; administrativos y asesores del legislativo, vocales del Tribunal de Cuentas; y personal del poder Judicial.
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