El municipio secuestró 514 vehículos en operativos contra picadas ilegales en 2026

La Secretaría de Control de Rosario remitió 514 vehículos al corralón municipal en lo que va del año 2026. Estas intervenciones forman parte de las tareas diarias de prevención y disuasión de picadas de autos y motos desplegadas por la intendencia.

Los operativos integran el uso de puestos fijos de monitoreo, patrullajes constantes y la respuesta directa a los reclamos de la comunidad. Al respecto, Diego Herrera, secretario de Control municipal, señaló que “la gestión local destina una gran cantidad de recursos a estas intervenciones”.

El funcionario remarcó que “las tareas permiten desbaratar los intentos de carreras clandestinas antes de que ocurran”, y advirtió "sobre el peligro que representan estas prácticas para la seguridad vial". Por este motivo, sostuvo que “el municipio mantendrá la rigurosidad en los controles”.

La presencia de los agentes estatales se intensificó mediante operativos de saturación en las áreas con mayores antecedentes de ruidos molestos o maniobras peligrosas.

Entre los puntos de vigilancia destacados se encuentran la zona de La Florida (Avenida Carrasco y Gallo, Escauriza y el sector de los serruchos), Costa Alta, Bulevar Oroño y Lamadrid, el Parque Héroes de Malvinas, el circuito de la Zapatilla y el Parque Scalabrini Ortiz. Asimismo, las acciones alcanzan a las Cuatro Plazas y al cruce de Wilde y Calasanz.

Este esquema de fiscalización se rige por un cronograma diario que incluye triples turnos durante los fines de semana y vísperas de feriados. La planificación de las zonas de intervención surgió de un registro de 163 reclamos específicos presentados por los ciudadanos.

Los traslados de vehículos son el resultado del trabajo coordinado entre agentes locales y la Policía de Santa Fe, sin contemplar los operativos realizados por las fuerzas provinciales de forma independiente.

Finalmente, el corralón municipal sostiene la política de decomiso de autopartes no homologadas, como caños de escape modificados para aumentar el ruido o la potencia. Los infractores deben hacerse cargo de la totalidad de los costos por la extracción y desmantelamiento de estas piezas ilegales.