El Senado provincial debate el proyecto para prohibir a los cuidacoches: "La policía va a poder sacarlos de la calle"
El texto impulsado por el legislador Ciro Seisas modifica el Código de Faltas santafesino con nuevas multas y plazos de detención. Además, crea el Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid).
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La Cámara de Senadores de Santa Fe abre este jueves el debate sobre el proyecto de ley que busca la prohibición de la figura del cuidacoches en la provincia. El texto, propuesto por el legislador Ciro Seisas, aborda una serie de modificaciones al Código de Faltas provincial, establecido en la Ley 10.703.
En primer lugar, el proyecto prohíbe las actividades de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la calle. De esta manera, abarca a quienes exigen dinero a cambio de estacionar y preservar los vehículos en lugares públicos, los conocidos “trapitos”, y también a los limpiadores de parabrisas que actúan en semáforos.
Además, plantea multas específicas, según el caso, las cuales irán de 10 a 50 unidades fijas, con detenciones de entre cinco y quince días si se trata de reincidentes u organizaciones coordinadas. A su vez, se contemplarán situaciones de amenazas o violencia, o actividades en las inmediaciones de eventos públicos masivos, como agravantes.
Otro de los cambios es la creación del Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid), una herramienta en la que quedarán identificadas las personas en situación de vulnerabilidad abocadas a cuidar coches, que no cuenten con antecedentes penales, quienes recibirán asistencia social.
En ese sentido, Seisas indicó que se realizarán capacitaciones laborales por parte de los Ministerios de Justicia y Seguridad y Desarrollo y Empleo para aquellos “que no tengan antecedentes y sean víctimas de los delincuentes que se apropian de la calle”, con el fin de que quienes queden excluidos por la prohibición de la actividad “tengan una oportunidad de empleo formal”.
En la previa al debate, la concejala rosarina Carolina Labayru afirmó: “Hoy se da la posibilidad de que se le puedan dar las herramientas a la policía para que pueda actuar. Al prohibir la actividad, directamente van a poder sacarlos de la calle, no importa si se comprueba o no la extorsión”.
En la misma línea, remarcó que “el espacio público es para que la gente pueda transitar libremente, no tienen que abonarle por el uso a nadie que venga de prepo para pedirle o insinuarle un pago”. Asimismo, la edila consideró que la modalidad actual “se transforma en una puerta giratoria”, por lo que analizó: “¿Cuántas veces han demorado a una persona por averiguación de antecedentes? Hay un límite para poder trasladarlos y es un desgaste que tienen los policías y agentes de Control, no podemos estar yendo a cada cuadra una y otra vez… esto se tiene que terminar”.
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