Frenaron de forma preventiva la demolición del Luna Park
La Justicia decidió preservar el patrimonio histórico del edificio contra los deseos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca construir un edificio de mayor envergadura a la permitida por la normativa vigente.
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La Justicia ordenó suspender de forma preventiva la demolición del Luna Park, el histórico edificio que delimita con las calles Bouchard, Lavalle y las avenidas Eduardo Madero y Corrientes en la ciudad de Buenos Aires.
La decisión de frenar las obras de demolición fue impulsada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal el 31 de marzo pasado.
Según lo consignado por La Nación, la resolución, que lleva las firmas de los magistrados Gabriela Seijas y Hugo Zuleta, se tomó en base a las "demandas vinculadas a la protección urbanística y del patrimonio edilicio, deben prevalecer con especial vigor el principio de prevención del daño y el principio de precaución”.
De esa manera, se precisó que la demolición del edificio constituiría “por su propia naturaleza, un acto material de efectos irreversibles”. Por consiguiente, según los camaristas, en caso de proceder con la destrucción del estadio, ”ninguna resolución judicial ulterior podría restituir las cosas a su estado anterior ni reparar adecuadamente el daño causado”.
Previamente, la jueza Natalia Tanno había permitido que el Luna Park sea demolido y se construya en dicho terreno un nuevo edificio. No obstante, las apelaciones realizadas por el constitucionalista Andrés Gil y otras tres organizaciones de la sociedad civil paralizaron la medida.
Sobre la demolición
El conflicto comenzó cuando un proyecto de remodelación impulsado por la empresa DF Entertainment, liderada por el empresario Diego Finkelstein, propuso la demolición del interior del recinto.
La propuesta, presentada en el marco de un concurso privado organizado por el Arzobispado de Buenos Aires y la comunidad salesiana (copropietarios del estadio desde 2013), plantea una ampliación del 80% del volumen del estadio, duplicar su altura, y modificar tanto la fachada como la cubierta. Según trascendió, estas modificaciones permitirían un mayor aforo y, por lo tanto, mayores ingresos por explotación comercial.
No obstante, el plan contradice las restricciones que impone el estatus de Monumento Histórico Nacional y porteño del Luna Park, el cual prohíbe expresamente la alteración de su estructura interna, el aumento de su volumen y cualquier modificación a su fachada.
El litigio surgió de un concurso privado convocado por el Arzobispado de Buenos Aires y la comunidad salesiana, propietarios del estadio en partes iguales desde 2013, tras la herencia dejada por Ernestina Lectoure.
La licitación para remodelar y explotar el Luna Park por un período de 20 años, con la condición de respetar las restricciones impuestas por su estatus protegido, fue lanzada por las entidades religiosas mediante la firma EY y recibió ofertas de una decena de competidores, entre ellos DF Entertaiment, La Nación, Fenix Entertainment, ASM Global y el productor Marcelo González.
Pese a las condiciones de preservación, el Arzobispado optó por la propuesta de DF Entertainment, empresa cuyo el 51% del capital está en manos de la multinacional estadounidense Live Nation Entertainment Inc.
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