Fueron procesados dos empresarios por venta ilegal de leche que era destinada a embarazadas y niños
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La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y embargo por 4 millones de pesos a dos empresarios implicados en una millonaria defraudación al Estado Nacional con venta ilegal de leche fortificada y otros productos destinados a embarazadas y niños menores de dos años en situación de emergencia.
La decisión recayó sobre los empresarios Rubén y Héctor Giardino, procesados sin prisión preventiva por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en una decisión que ratificó ahora el Tribunal de Apelaciones, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
En la investigación ya estaba procesado el ex coordinador de Administración de la Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, Oscar Vilariño.
Según la causa judicial, en total se retiraron de manera irregular de un depósito del Ministerio de Salud en Brandsen 2665 de la ciudad de Buenos Aires, al menos 95.596 kilos de leche en polvo fortificada, 2472 kilos de sales de rehidratación y 1.000 kilos de suero inyectable comprados por el Estado para «favorecer la nutrición de mujeres embarazadas y niños menores de dos años en situaciones excepcionales o de emergencia».
La mercadería fue llevada con fletes privados a diferentes destinos, entre ellos la empresa «Expoconsumo SRL» de los dos empresarios ahora procesados.
La maniobra se concretó a través de la presentación desde el 12 de marzo de 2013 y el 7 de julio de 2014 de «notas y autorizaciones falsificadas supuestamente emitidas por los municipios de Morón, Moreno, Berazategui, Luján, Lanús y General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa -en cuyos trámites irregulares intervino Oscar Vilariño», se recordó en el fallo.
Lo sustraído fue «volcado a su ilegal comercialización en el sector privado, ocasionando un perjuicio al patrimonio estatal por un valor de -al menos- $5.479.585,87» se remarcó en el procesamiento.
Los empresarios quedaron procesados como supuestos partícipes necesarios de «administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el de falsificación de documento público».
Los procesamientos fueron confirmados por los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, quienes dejaron a los acusados en condiciones de ser enviados a juicio oral.
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