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El miércoles la Justicia provincial imputó a siete empleados gastronómicos, acusados de realizar amenazas durante el paro general que tuvo lugar el martes pasado. Se los señala por impulsar por la fuerza el cierre de dos locales de comidas.
Los sospechosos, luego de la audiencia que se realizó en su contra, quedaron el libertad, pero se les dictó una prohibición de acercamiento a dos locales: uno que funciona en Alem al 1700 y otro de 3 de Febrero al 400. A su vez, deberán presentarse en el Centro de Justicia Penal una vez por semana a firmar un acta que acredite que siguen a disposición de los investigadores.
Para la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio, el accionar coactivo de los sindicalistas está probado. Aseguró ante el juez José Luis Suárez, que cuenta con pruebas contundentes contra ellos.
En paralelo, desde el Sindicato de Gastronómicos de Rosario exigieron que no se criminalice la protesta.
