Imputaron a un abogado que actuaba de mediador de presos de alto perfil en maniobras de narcotráfico
Se trata de Iván Carlos M., de 53 años, puntualmente acusado de integrar una asociación ilícita y utilizar su profesión para actuar de intermediador con reclusos para que continúen sus actividades delictivas.
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Un abogado penalista fue imputado por visitar presos de alto perfil alojados en penales federales, con los que se comunicaba para hacer de intermediador y que de esa forma puedan continuar sus actividades ilícitas, tales como gestionar bienes o planificar maniobras de narcotráfico.
Se trata de Iván Carlos M., de 53 años, que fue acusado de formar parte de una asociación ilícita mediante la cual, haciendo uso de su profesión como una pantalla de humo para visitar cárceles, actuaba como una especie de mediador de reclusos para concretar la venta de propiedades y vehículos, el acoplo de armas de guerra y almacenar drogas con fines de comercialización.
De acuerdo al sitio de Fiscales, el 19 de septiembre se había realizado una audiencia de formalización de la investigación preparatoria, en la que fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal de Rosario argumentaron porque fue detenido el abogado el 17 de este mes cuando salía del penal de Ezeiza.
En ese sentido, señalaron que la organización de la que formaba parte tenía por objetivo "mantener la vigencia del patrimonio ilícito y las actividades delictivas de grupos criminales que los demás internos integraron, a través del intercambio de información, triangulación de comunicaciones, la retransmisión de mensajes mediante visitas y las gestiones que realizó por cuenta y orden de cada uno de ellos”.
Dado el caso, precisaron que el hombre recibía directivas de criminales para luego delegarlas a múltiples actores exteriores. De esa manera pasaban por alto los controles del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).
Así las cosas, indicaron algunos de los presos a los que visitaba, como Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico a 21 años en pena unificada; y Mario Roberto Segovia, el infame "Rey de la Efedrina”, que cursa una pena a 17 años y 6 meses de prisión por tráfico internacional de efedrina y pseudoefedrina, y 13 años por tráfico de armas.
Puntualmente, la Fiscalía apuntó a que el abogado trianguló comunicaciones con Granthon y su pareja, Lucila R., que le informaba sobre los alquileres y propiedades que estaban bajo la órbita del narco.
En ese marco, argumentaron que M., no ejercía de abogado: "No estamos frente a una relación profesional. Lo que hace es invocar su título para violar las restricciones que, por razones de seguridad, se imponen a los detenidos para comunicarse con el mundo exterior. No asesora jurídicamente a ninguno de los internos. No diseña estrategias procesales, no ejerce el derecho de defensa”,
Sino que garantizaba “la comunicación de los condenados con el exterior”, para que el crimen funcione desde la cárcel, por lo que la condición de letrado del imputado no era más que una pantalla de humo para “burlar las normas penitenciarias y facilitar la continuidad de los planes criminales”.
Por todo lo expuesto, el Juez de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros le dispuso la prisión preventiva por seis meses.
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