Investigan a una asociación civil santafesina por presunto financiamiento irregular de campaña electoral
Por Mauro Yasprizza.
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Por Mauro Yasprizza.
La Justicia Federal de Santa Fe ordenó una serie de medidas probatorias en el marco de una denuncia presentada por apoderados de la alianza “Provincias Unidas” contra la agrupación “Fuerza Patria”. El expediente busca determinar si la “Asociación Civil 29 de Abril”, con sede en la capital provincial, fue utilizada para canalizar fondos de manera irregular durante la campaña electoral de octubre de 2025.
La Justicia Federal de Santa Fe activó una investigación que podría destapar un nuevo capítulo en la trama del financiamiento político local. A partir de una denuncia formulada por los apoderados de la alianza “Provincias Unidas”, el Juzgado Federal N° 1 —a través de la Secretaría Electoral— dispuso una batería de medidas para esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a la campaña de “Fuerza Patria”, una de las fuerzas que compitió en las elecciones generales de octubre pasado.
El expediente, caratulado como CNE 11354/2025, busca determinar si la Asociación Civil 29 de Abril, con domicilio declarado en Centenera 4095, ciudad de Santa Fe, fue utilizada como pantalla para canalizar aportes o gastos de campaña fuera del circuito legal.
Entre las medidas ordenadas, el juez requirió: la incorporación del informe previo de campaña de “Fuerza Patria”, un reporte financiero de la Asociación Civil 29 de Abril elaborado por el sistema Nosis, y la solicitud a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de copias certificadas del estatuto, los libros contables y el último balance de la entidad.
Además, la resolución dispone que personal de la Policía Federal Argentina constate en un plazo de siete días la existencia física del domicilio declarado y determine si allí efectivamente funciona la sede de la asociación. En caso afirmativo, los agentes deberán identificar a las personas que frecuentan el lugar, sean de manera transitoria o permanente.
Si bien desde el entorno de “Fuerza Patria” aún no hubo declaraciones públicas, fuentes judiciales adelantaron que el objetivo de las diligencias es “verificar la trazabilidad del dinero” y comprobar si hubo aportes encubiertos o desvíos a través de estructuras sin fines de lucro.
La investigación se enmarca en un contexto donde la Justicia Electoral viene reforzando los controles sobre el origen y destino de los fondos de campaña, un terreno históricamente opaco que ha expuesto vínculos entre la política, las asociaciones civiles y, en algunos casos, empresarios o particulares que buscan influir en los comicios.
Con las medidas en curso, el Juzgado Federal espera tener resultados antes de fin de mes para definir si existen elementos suficientes para abrir una causa penal. De comprobarse las irregularidades, podrían derivarse imputaciones tanto para dirigentes partidarios como para responsables de la asociación investigada.
El caso promete sacudir el tablero político santafesino y reabrir el debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral, un tema que, a pesar de los años, sigue siendo el talón de Aquiles de la democracia argentina.
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