La Bolsa de Comercio solicita la emergencia hídrica para todos los departamentos
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La Bolsa de Comercio de Rosario mostró su preocupación por las inundaciones que sufre el territorio provincial y pidió que se extienda la emergencia al resto de los departamentos afectados, ya que el gobierno provincial solo la declaró para 9 de Julio y vera.
Según la institución financiera “esta adversidad golpea en particular a los sectores más vulnerables, que obviamente son los que han sufrido con mayor intensidad los embates del desastre climático”. Además, se soldarizó y se puso a disposición de todos los productores.
En ese sentido, solicitaron: “Confiamos en que prontamente las autoridades declararán zonas de emergencia o desastre agropecuario en los departamentos y/o distritos más afectados que aún no hayan sido catalogados bajo esta figura, de modo que los productores localizados en esas zonas pueden verse eximidos de pagos de impuestos y, de ser necesario, resultar beneficiarios con asistencia financiera.
Por su parte, dio una explicación técnica del fenómeno climático: “La provincia de Santa Fe tiene características topográficas particulares, con extensas áreas deprimidas y de baja pendiente, propensas a sufrir recurrentes inundaciones -como las que se observan en la actualidad- cuando se registran precipitaciones superiores a los promedios habituales”. Y agregó: “Poblaciones aisladas, pérdidas parciales o totales en agricultura y ganadería, con caminos que se convierten en verdaderos diques de contención, son algunas de las consecuencias más devastadoras de estos fenómenos”.
“Hay una necesidad de contar con una planificación a largo plazo en materia de infraestructura, a cargo de los gobiernos nacional y provincial, para avanzar en la consecución de soluciones definitivas”, insistieron desde la Bolsa.
Para cerrar, no dejaron de lado las denuncias para quienes imcumplen con las leyes de suelo: “Sin perjuicio de ello, ante la coyuntura se impone incrementar los controles y sanciones por parte de las autoridades a aquellas acciones individuales o grupales que violen la normativa vigente, como canalizaciones clandestinas u obras hidráulicas no autorizadas, que afectan poblaciones y explotaciones agropecuarias”.
