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La justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a una mujer a tres años de prisión en suspenso -no efectiva- por obligar a su hija de 17 años a realizarse un aborto en 2015, informó hoy el Ministerio Público Fiscal.
La mujer, de 46 años, aceptó su responsabilidad y fue condenada por el delito de «aborto causado sin el consentimiento» de la víctima, previsto en el artículo 84 del Código Penal, y se le fijó una prohibición de acercamiento a la joven y a los lugares que ella suele frecuentar.
Para el juez Alejandro Noceti Achaval, del Tribunal Criminal Oral N°10 de la Ciudad, y el fiscal Oscar Ciruzzi, la mujer «intervino en la maniobra mediante la cual se produjo la interrupción del embarazo de 16 semanas de su hija».
El fallo tuvo en cuenta la declaración de la adolescente, quien también es querellante en la causa y contó que, en junio de 2015, se enteró que estaba embarazada de tres meses luego de hacerse una ecografía en un sanatorio porteño. Cuando le contó a su madre, la mujer le dijo que debía hacerse un aborto, ella se negó pero la acusada insistió y le dijo que no debía contarle nada ni a su padre ni a sus hermanos y que debía hacerse el procedimiento «por el bien de la familia».
La víctima recordó que un día, a comienzos de agosto de aquel año su madre llegó a la casa donde vivía toda la familia en el barrio de Flores con otra mujer -que no fue identificada- y mandó a sus hermanas al piso de arriba, tras lo cual le quitó su celular, escondió las llaves que tenía la joven y la obligó a que tomara tres pastillas.
De acuerdo al relato de la víctima, que la justicia avaló, inmediatamente después la mujer que acompañaba a su madre le realizó una práctica abortiva que provocó la interrupción del embarazo.
El juez tuvo en cuenta además el testimonio de la tía de la chica, quién recordó que el 12 de agosto de ese año recibió una llamada desde el colegio de su sobrina donde le avisaban que estaba internada; cuando llegó al hospital, los médicos le informaron sobre un aborto y luego habló con la joven, que le contó lo ocurrido en la casa.
La decisión judicial consideró el informe del Cuerpo Médico Forense que concluyó que el procedimiento y los síntomas que manifestó la joven se corresponden con una práctica abortiva.
Si bien la madre reconoció su culpabilidad en una instancia de acuerdo con la fiscalía, durante la instrucción había negado los hechos y atribuido la acusación en su contra a un plan para que su hija pudiera irse a vivir con su tía.
El juez valoró el reconocimiento del hecho porque «contribuyó de algún modo a evitar la revictimización de su hija en el debate», al considerar que se le evitó reproducir en una audiencia los «traumáticos episodios de los que fue víctima».
