La Corte Suprema avaló el decomiso de 685.000 millones de pesos a Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad
El Máximo Tribunal desestimó los planteos de nulidad contra la medida que avanzaba sobre bienes patrimoniales y avaló la actualización del monto.
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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del decomiso de 685.000 millones de pesos, contra condenados de la causa Vialidad, tras rechazar este miércoles los últimos recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez.
La decisión fue firmada por los tres jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En ese sentido, se desestimaron los planteos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que incluye el remate de bienes.
El decomiso alcanza a 111 bienes y el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) ya inició el proceso de tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país. Por tratarse de una condena solidaria, todos los condenados responden por la totalidad del monto.
La cifra actualizada surgió de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la propia Corte, y la Cámara Federal de Casación Penal ya la había avalado en octubre pasado.
Previamente, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmaron la competencia del TOF 2 para llevar adelante la ejecución patrimonial y rechazaron los argumentos de las defensas, que sostenían que el decomiso excedía el marco penal y debía tramitarse en el fuero civil o que debía ser absorbida en la unificación de condenas del Tribunal Oral Federal N° 4.
En tanto, ña defensa de la ex vicepresidenta, encabezada por Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, había planteado que la acusación buscaba sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, lo que vulneraba garantías constitucionales de legalidad y derecho de propiedad.
También argumentó se la existencia de causas paralelas con pretensiones patrimoniales superpuestas y objetó el período tomado en cuenta para el decomiso, que abarca de 2003 a 2015, cuando a su entender solo debería computarse desde 2009, año en que Kirchner fue imputada como autora.
La causa investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, a través de 51 procesos licitatorios de obra pública vial adjudicados de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez. El TOF 2 condenó a Kirchner, Báez, Nelson Periotti y Francisco López a seis años de prisión, entre otros condenados con penas menores. Kirchner cumple la condena desde hace un año bajo prisión domiciliaria.
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