La Justicia intimó al Estado Nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días

El Poder Judicial tomó una determinación clave en el marco del reclamo por el presupuesto educativo. El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Estado Nacional para que, en un plazo máximo de cinco días, proceda al cumplimiento efectivo de la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución judicial busca garantizar la recomposición de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, además de asegurar los fondos destinados a las becas estudiantiles. La noticia fue confirmada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, a través de sus redes sociales.

Bartolacci calificó la resolución como una "excelente noticia del ámbito judicial en el marco de la causa que llevamos adelante por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento". El rector subrayó que el magistrado fue contundente al señalar que la medida cautelar se encuentra "plenamente vigente y no cumplida" por parte del Poder Ejecutivo.

Además, detalló que el juez otorgó un plazo de cinco días al Estado Nacional para regularizar la situación. En caso de no avanzar con lo dispuesto, se aplicarán astreintes, que consisten en multas diarias de carácter progresivo destinadas a presionar el cumplimiento de una orden judicial. Esta medida había sido solicitada específicamente por el Consejo Interuniversitario Nacional durante el desarrollo del proceso legal.

En relación con los pasos a seguir, el presidente del CIN enfatizó la postura del sector universitario frente a la disputa legal. “Seguimos con mucha responsabilidad, respetando todos los pasos del proceso judicial, también con mucha firmeza, hasta que se cumpla la ley, que es lo que corresponde”.

La causa judicial representa un punto de inflexión en el conflicto por el financiamiento de las casas de altos estudios. La exigencia de cumplimiento de los artículos 5 y 6 es fundamental para la recomposición salarial del personal universitario, que vio afectado su poder adquisitivo en los últimos meses, y para el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil que permiten la permanencia de los alumnos en el sistema público.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional mantienen la expectativa de que el Gobierno nacional acate la orden judicial dentro del plazo establecido para evitar la aplicación de las sanciones económicas previstas por el magistrado. La comunidad universitaria permanece atenta a la resolución de este conflicto.