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Por Gisela Pereyra Doval*
En 1990 Mario Benedetti –que además de uno de los mejores poetas y novelistas latinoamericanos de este siglo también era un brillante y lúcido analista político-, escribió una nota llamada La Náusea Panameña. En la misma, opinaba sobre la Operación Causa Justa, la cual implicó la intervención norteamericana en Panamá,y rezaba: “La náusea panameña se ha convertido en náusea latinoamericana”. No sé por qué, desde el día que Lula se entregó no puedo sacarme a este escrito de la cabeza. Busco respuestas “académicas” y hasta jurídicas sin ser abogada y lo único que encuentro son náuseas, una náusea brasileña que debería convertirse en latinoamericana.
Aún así, intento “teorizar” sobre este escenario y entiendo que mi desesperanza no está directamente ligada a la figura de Lula da Silva, sino a lo que subyace a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño. En principio, para intentar explicar la situación, podríamos pensar en algunos argumentos sólo en el plano nacional y que, debido a la coyuntura actual, no serán demasiado exhaustivos ni concluyentes ni excluyentes. Aquí son tres las aristas que sobresalen. La primera asociada a lo judicial, la segunda a lo electoral y la tercera a lo institucional o “republicano”.
En cuanto a lo judicial, es gráfica la parcialidad del STF cuya prioridad está puesta más en la proscripción de una figura que representa una forma anti establishment de hacer política que en el cumplimiento de la ley. En este sentido, podríamos hablar de la judicialización de la política, la politización de la justicia, o la justicia como variable de ajuste. El escándalo de corrupción que irrumpió en la política brasileña ya en 2014 (Operação Lava Jato), arrastró consigo a una presidente (aunque la excusa para el golpe blando haya sido otra) y a más de 120 políticos y empresarios que fueron denunciados por el Ministerio Público Federal. Sin embargo, la justicia ha sido muy “selectiva” con respecto a quien condenar efectivamente y a los plazos que normalmente maneja.
Al respecto –por una cuestión de espacio- sólo diremos que bajo parámetros “normales” la justicia sería mucho más lenta para expedirse y, en caso de que Lula fuera elegido presidente, el proceso judicial quedaría en suspenso pues un primer mandatario sólo puede ser juzgado por delitos del ejercicio de sus funciones. En este sentido, nos animamos a decir que si el ex presidente no hubiera manifestado su intención de presentarse como candidato en estas elecciones, probablemente, estaría descansando en su casa. Por otra parte, la condena se efectúa sin cumplir los requisitos legales necesarios: 1- Lula fue condenado sin pruebas, el poder judicial estableció la vara de la “moralidad pública”, siendo más importante la hipótesis de culpabilidad a la que los jueces adhirieron que los hechos demostrados por las partes.2- La prisión, por el principio de presunción de inocencia, es inconstitucional cuando aún existe la posibilidad de apelar. Uno de los ministros que votó a favor de da Silva en este proceso (GilmarMendes) calificó la situación como “despotismo judicial”. Así, la prisión de Lula cierra el ciclo de neutralización de la izquierda en Brasil que comenzó con el impeachmenta Dilma terminando con el “impeachment preventivo” de Lula.
El segundo escenario, el electoral, es el que desencadenó todo, pues para las elecciones presidenciales de octubre de este año da Silva tenía una intención de voto de alrededor de 36%. Esto significa que el ex presidente tenía amplias chances de ser elegido en la primera vuelta electoral. Esta intención de voto se daría gracias a un escenario electoral polarizado en esquemas de izquierda-derecha, que con Lula en prisión desaparece. Sin su candidatura, el pueblo puede votar a candidatos de derecha o de ultra derecha. En una mirada más amplia, podríamos decir que los brasileños pierden la posibilidad de juzgar en las urnas el legado de los gobiernos del PT, con lo que se coarta la legitimidad de la elección ciudadana.
La tercera arista es más amplia, y aunque mucho hay para decir sobre la calidad democrática de nuestros países, creemos que los últimos acontecimientos socavan aún más a la flaca república. Primero, porque se establece un “cepo” a la democracialimitandola injerencia del pueblo a las urnas (un profesor brasileño diría una democracia sin demos). Segundo, y en cuanto a la división de poderes, el judicial era el que se mantenía más impoluto ante el papelón del impeachment y los escándalos de corrupción. Las alabanzas ante la “imparcialidad” de la justicia brasileña se quiebran ante la injerencia del establishment jurídico. Todo esto se explicaría con la idea de pos-democracia,en donde los valores democráticos obstruirían el proyecto neoliberal y la expansión del mercado. Tristemente, la militarización de la sociedad y las amenazas de intervención de las Fuerzas Armadas son sólo la cara visible de este fenómeno.¿Esta es la democracia que queremos para nuestra Sudamérica? ¿Una en la que prevalezcan los “Estados de Excepción»?
El caso de la invasión norteamericana a Panamá en la década del noventa fue una de las tantas intervenciones ilegales e ilegítimas de un imperialismo recalcitrante. El caso brasileño no tiene comparación: no hay nada peor que la democracia sea socavada desde adentro. Aún así, la náusea es la misma.
* Dra. en Relaciones Internacionales. Investigadora del CONICET. Profesora de Problemática de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
