Llevan a juicio oral al empleado de la Aduana que difundió las fotos de Nisman
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Empieza el juicio al empleado de la Aduana que filtró imágenes de Alberto Nisman en Ezeiza. Las capturas que hizo circular por las redes sociales mostraban al fiscal en el aeropuerto, días antes de denunciar a Cristina Kirchner por el memorándum con Irán.
A partir de febrero y en una fecha a definir, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y el fiscal Sergio Mola llevarán adelante el juicio oral y público contra Gonzalo Horacio Tzareff, acusado del delito de violación de sistemas de confidencialidad y seguridad de datos personales.
Aquel 12 de enero de 2015, Nisman retornaba al país luego de un viaje que había encarado a Europa con sus hijas y que interrumpió para denunciar a la entonces mandataria por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Seis días después de su vuelta a la Argentina, Nisman era encontrado sin vida en su departamento de las Torres Le Parc, en Puerto Madero.
Luego de la muerte del fiscal, la difusión a través de las redes sociales de las imágenes de su llegada a Ezeiza despertó la sospecha de que estaba siendo vigilado por los servicios de inteligencia por la particular atención que se hacía de sus movimientos en el Aeropuerto.
Pero con el avance de la investigación se derrumbó aquella sospecha y finalmente se conoció que las imágenes captadas por Tzareff fueron el 21 de enero, tres días después de la muerte de Nisman, y lo que hizo fue una compilación para luego filtrarlas.
Según una pericia tecnológica incorporada a la causa, las imágenes fueron grabadas mediante un método casero -que podría implicar un celular o una cámara manual- del monitor en que se reproducía la secuencia con el arribo de Nisman al aeropuerto.
Tzareff había sido detenido pero luego liberado, ya que quedó implicado a raíz de que una cámara de seguridad lo captó supuestamente haciendo la compilación de imágenes en cuestión.
El aduanero será juzgado por el artículo 157 bis del Código Penal que prevé de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos.
El entonces juez Alberto Santa Marina lo había enviado a juicio y su colega Villena había fijado juicio para diciembre pasado, pero se postergó la fecha y ahora se realizará en un día a determinar en febrero próximo tras la feria judicial de enero.
