Los 17 detenidos acusados de malversar fondos para la compra de combustible de la Policía de Rosario serán imputados la próxima semana
Las autoridades todavía no confirmaron el día y el horario exacto en el que se llevará a cabo la audiencia.
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Los 17 sospechosos detenidos en el marco de 36 allanamientos realizados en Rosario y la región por malversación de fondos para combustible en la Policía serán llevados a audiencia imputativa la próxima semana, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.
La mayoría de los aprehendidos son miembros de los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Además, hay cuatro civiles que están relacionados a las estaciones y fueron identificados como Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.
En cuanto a su identidad y ocupación de los sospechosos, se trata de Davina P, subinspectora y subjefe en Talleres Mecánicos Tarragona; Francisco T., miembro del Cuerpo Infantería; Ramón S., miembro del Comando Radioeléctrico; Mario B., inspector, subjefe de la Sección Perros y Caballería; Rodrigo D., comisario supervisor, Jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de la URII; Gerardo R., comisario supervisor, Jefe de Garage de distribución de combustible URII; Nancy P., empleada policial División Personal; Sergio L., subinspector- Comando Radioeléctrico; Juan V., inspector de la Brigada Motorizada; Juan P., comisario, en la Brigada de Orden Urbano; Javier A., subinspector, del Cuerpo Guardia de Infantería; Fernando C., subinspector del Grupo Táctico Multipropósito; Jorge D., sub inspector de la División Logística; Gustavo B., de la División Logística; Franco C., inspector de Policía de Investigaciones; y Fabián F., comisario, jefe en la Sección Perros y Caballería.
Los procedimientos que desembocaron en sus detenciones fueron impulsados por la Agencia de Control Policial y ordenados por la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional Rosario a cargo del Fiscal José Luis Caterina.
Asimismo, el gobierno de la provincia decidió intervenir a la Unidad Regional II y dispuso durante tres meses a Claudio Romano como interventor.
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