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La pandemia de coronavirus ha traído serios inconvenientes en varios sectores de la economía y uno de los temas que tomó mayor temperatura con la liberación de casi todas las actividades fue la del rubro inmobiliario, donde el Gobierno congeló tarifas para beneficiar inquilinos pero generó descontento en los dueños de las propiedades que se ven claramente perjudicados por la situación del país.
Carlos Rovitti, titular del Observatorio Inmobiliario Nacional, se pronunció al respecto porque aventura que con esta medida de las autoridades podría incrementar la morosidad y contó que se reunieron para expresar el problema que puede acarrear el sector hacia un futuro.
«Varios sectores de Rosario, CABA, Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca y varias ciudades más van a plantear la inconstitucionalidad de la medida basado en algunos elementos técnicos pero fundamentalmente porque la cuarentena ya se terminó, las mudanzas ya se pueden realizar y sobre todo el tema del desalojo que vienen con una deuda atrasada desde antes de la pandemia», arrancó.
Rovitti criticó la decisión del Gobierno por no contemplar a aquellas personas que viven de su único ingreso: «Se ha visto el problema que tiene el inquilino a la hora de pagar pero no se ha contemplado el inconveniente que tiene el propietario que tiene ese ingreso genuino para vivir y el 97 por ciento de ellos son personas de avanzada edad que solamente vive de eso».
Y puntualizó: «Vemos que es una medida desproporcionada si la vamos a prolongar en el tiempo. Comenzó a haber menos oferta en el mercado, se redujo un 15 por ciento en el mercado locativo con respecto a enero del año pasado. El Gobierno debería mirar todas las aristas y partes involucradas para buscar una solución colectiva y no pensar en uno de ellos para el detrimento del otro».
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