Masiva movilización contra los recortes en prestaciones por discapacidad
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«No al ajuste en discapacidad». El cartel se repite en más de una cartulina sostenida por varones y mujeres de todas las edades. También reza lo mismo una pancarta enorme. La denuncia es clara: piden la continuidad de las prestaciones de las que son beneficiarias las personas con algún tipo de discapacidad y que carecen de obra social. En toda la provincia se trataría de más de 20 mil ciudadanos. Los transportistas y las instituciones aseguran estar al borde del colapso por recortes sufridos al Programa del Gobierno Nacional «Incluir Salud».
«La situación es muy grave, por eso queremos visibilizar», señaló Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas Especiales. «La profunda devaluación ha empujado a nuestra prestación prácticamente al quiebre», indicó Bolego y sostuvo que la última vez que cobraron fue en enero de 2018.
El representante de los transportistas explicó que la situación es dramática porque su trabajo es indispensable: la gente depende de ellos no sólo para rehabilitarse, sino también para vivir. «De diálisis a quimioterapia», ejemplificó. «En este momento, se sostiene a créditos, ahorros, mucha fuerza y pulmón».
Por su parte, Mariel Chapero, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, explicó que el reclamo es claro: se trata de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos y la dignidad de los trabajadores de todo el campo de la discapacidad, esto es, profesionales, transportistas y toda persona que conforme instituciones que realicen abordaje por discapacidad.
«La realidad es caso por caso, cada institución tiene su realidad. Pero no hay mucho margen más, la política de ajuste se sigue profundizando y la situación es muy crítica», remarcó Chapero. La mujer informó que en la provincia de Santa Fe hay registradas, a marzo de 2018, unas 90 mil personas con certificado de discapacidad. De ese total, 20 mil tiene obra social o prepaga y otras 20 mil son beneficiarias del programa federal «Incluir Salud». Las 50 mil restantes están esperando, en su mayoría, una pensión que nunca es asignada.
