Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Desde el Gobierno argumentaron que no están indicados los fondos mediante los que se va a financiar la propuesta.
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El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario este miércoles y la remitió al Congreso para su tratamiento.
La iniciativa para las casas de estudio había sido aprobada por la Cámara de Diputados en agosto con 158 votos a favor, mientras que en el Senado, el 21 de ese mes, obtuvo 58 mociones afirmativas.
Desde el Gobierno argumentaron que el proyecto aprobado por el Congreso no respeta lo señalado en el artículo 38 de la Ley 24.156 al no indicar que recursos se usarán para su financiamiento.
Es que en el texto, las fuentes de financiamiento señaladas son a través de ingresos mayores a los especificados o a través de las reasignación de partidas, puntos que el Ejecutivo considera como genéricos y que no se vinculan con los gastos a realizarse.
Asimismo, precisaron que el costo para el 2025 sería de más de un billón de pesos y que al no estar cubierto, doblegaría la estabilidad macroeconómica. En caso de que la ley prospere, advirtieron de que sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que agravaría el problema inflacionario del país.
Sobre el proyecto
El proyecto establece la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudios al “1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, con subas bimestrales.
Asimismo, Nación deberá mejorar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el primero de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no debe ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período, de forma remunerativa y bonificable.
Por último, tendrán que convocar a paritarias al mes de sancionada la ley y dicho llamado tendrá que ser cada tres meses, y las cifras negociadas no deben ser menores a las de la inflación medida.
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