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Por Mauro Yasprizza.
La propuesta de “liberar $180 mil millones” delegando la salud a la provincia expone más un atajo discursivo que un plan de gestión sólido. Números optimistas, supuestos frágiles y una peligrosa simplificación de un sistema sanitario que hoy sostiene Rosario.
Juan Monteverde volvió a escena con una fórmula que suena tentadora en tiempos de crisis: trasladar el financiamiento total de la salud pública a la provincia para liberar recursos municipales. El cálculo —$180 mil millones anuales— promete viviendas masivas o colectivos nuevos. El problema es que, detrás del titular atractivo, hay más voluntarismo político que sustento técnico.
La propuesta parte de una premisa discutible: que la provincia debe absorber de inmediato el 100% del sistema de salud local. Sin embargo, el esquema actual —con financiamiento compartido— no es una anomalía sino una práctica extendida en sistemas descentralizados. Rosario no solo administra hospitales y centros de salud, sino que también atiende una demanda regional que excede largamente a sus contribuyentes. Ese dato, central en cualquier análisis serio, queda convenientemente diluido en el planteo de Ciudad Futura.
Además, el número estrella —los $180 mil millones— no deja de ser una proyección política. No hay hoy una ley provincial aprobada, ni una partida presupuestaria garantizada, ni mucho menos un acuerdo interjurisdiccional cerrado que respalde esa transferencia. En otras palabras: el dinero no existe. Es una hipótesis sujeta a voluntad política, contexto fiscal y negociación institucional. Tres variables que el discurso omite con llamativa liviandad.
Más aún: el propio argumento de Monteverde entra en tensión con la realidad fiscal de Santa Fe. Plantear que la provincia absorbería ese gasto con apenas un “1,2% de su presupuesto” ignora el contexto actual de ajuste, caída de recursos y presión sobre áreas críticas como seguridad, educación y obra pública. En términos concretos, trasladar ese costo implicaría reordenar prioridades o incrementar ingresos, dos decisiones que no dependen de una ordenanza municipal ni de un eslogan de campaña.
En paralelo, la comparación con la ciudad de Santa Fe —donde la provincia asume mayor peso en salud— también es parcial. Rosario construyó, durante décadas, un sistema propio robusto, con fuerte inversión municipal desde la gestión de Héctor Cavallero. Ese modelo, reconocido incluso por distintos espacios políticos, es hoy uno de los activos más valorados de la ciudad. Pretender desentenderse de su financiamiento no es solo una discusión presupuestaria: es redefinir el rol del municipio en un área estratégica.
El otro eje del planteo —vivienda y transporte— tampoco resiste un análisis fino. Construir 10 mil viviendas en una gestión implica no solo recursos, sino suelo urbano disponible, infraestructura, planificación y ejecución sostenida. Rosario arrastra un déficit habitacional estructural que no se resuelve con una simple reasignación de partidas. Lo mismo ocurre con el transporte: renovar flota no garantiza mejorar el servicio si no se abordan subsidios, costos operativos y caída de pasajeros.
En rigor, la propuesta de Ciudad Futura parece apoyarse en una lógica de suma cero: quitarle a un área para financiar otras. Pero gobernar no es mover fichas en un tablero teórico. Es administrar tensiones reales, con recursos limitados y responsabilidades concretas.
En el fondo, el planteo de Monteverde revela una constante de su espacio: la construcción de escenarios ideales sin detallar el cómo. Mucho diagnóstico de malestar —que es real—, pero escasa precisión sobre los mecanismos para resolverlo sin generar nuevos desequilibrios.
Rosario no necesita slogans de autonomía. Necesita gestión. Y en ese terreno, las cuentas tienen que cerrar antes del aplauso, no después.

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