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El fiscal federal Federico Delgado ya había anunciado el pasado miércoles la llegada al país de información reveladora sobre el caso Odebrecht y sus ramificaciones en la Argentina, luego que se lograra un acuerdo con la justicia de Brasil para que los empresarios del país vecino declaren como arrepentidos ante funcionarios judiciales argentinos.
La Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil, informó ayer que la información y pruebas que constan en las declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht, Marcio Faria y Luiz Mameri, está a disposición de las autoridades judiciales argentinas.
A partir del pedido de los fiscales comenzarán a llegar, directamente a los respectivos juzgados, información de estos arrepentidos, respecto de cuánto se pagó, a quién se le pagó, dónde se pagó, y cómo se pagó la coima.
Los empresarios argentinos asociados a Odebrecht en obras públicas locales están preocupados por el inminente avance de las investigaciones en Brasil, que pronto serán utiliazdas aquí para enviar a juicio a los acusados del pago de coimas.
Las informaciones que surgen del proceso del Lava Jato en Brasil sugieren que el valor de las coimas por las obras en las que participo la empresa Odebrecht y las empresas de cada uno de los consorcios en Argentina, superarían los USD 100 millones (a diferencia de los «por lo menos USD 35 millones» que constan en las declaraciones de la empresa ante del Departamento de Justicia Americano).
Las afirmaciones de los arrepentidos de la empresa Odebrecht en sede judicial involucran al ex ministro Julio De Vido, algunos de sus colaboradores como Roberto Baratta y el empresario Carlos Wagner (hoy arrepentido) entre otros.
En los sistemas de la Gerencia de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, constan las transferencias, los nombres reales de los seudónimos que fueron utilizados y los datos de los bancos y cuentas a las que fueron destinados los pagos ilegales.
El primer envío será para el proceso del Soterramiento del Sarmiento a cargo del fiscal Franco Picardi y el Juez Marcelo Martinez Di Giorgi.
La documentación a recibir, generará una hecatombe tan o más grande que la provocada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, considerando que no llegarán relatos de reuniones, sino que llegarán pruebas de los pagos realizados, de qué obra publica, y cuál era el seudónimo utilizado para cubrir al ex funcionario corrupto.
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