Ordenaron decomisar lo bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad
La totalidad de los inmuebles que se buscan incautar suman al menos 684 mil millones de pesos. También están implicados los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner.
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La Justicia ordenó este martes decomisar los bienes bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros personas condenadas o vinculadas a la causa Vialidad, por la que ya fue condenada la ex vicepresidenta a seis años de cárcel -que cursa de forma domiciliaria- el pasado 10 de junio, además de estar inhabilitada a ejercer cargos públicos.
La medida fue emitida por el Tribunal Oral en los Criminal Federal 2 de Buenos Aires. La totalidad de los bienes a decomisar equivalen a $684.990.350.139,86 de pesos.
En ese sentido, se verán afectados los titulares de algunos de esos inmuebles, entre los que están Máximo y Florencia Kirchner. También se incautaran, en caso de que no se cubra la suma acordada con los decomisos iniciales, las propiedades de otros sentenciados, como el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich y Juan Carlos Villafañe.
Originalmente, según el falló de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ratificaron la condena de la ex presidente, se le iban a sacar 84 mil millones de pesos, pero esa suma se actualizó tras la intervención de fiscales, peritos oficiales y el Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal.
Se seleccionaron bienes inmuebles y activos que los condenados adquirieron entre mayo del 2003 y diciembre del 2015, brecha temporal de relevancia en el marco de la causa. Entre ellos figuran edificios de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL.
De acuerdo a la Justicia, está comprobado que Báez y el entorno de los Kirchner recibieron beneficios por la ejecución fraudulenta de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, por lo que se contempla la quita de bienes vinculados al delito aunque estén en nombre de terceros, a menos que ellos lo hayan adquirido de buena fe.
Así las cosas, el tribunal que dispuso la medida solicitó que todos los bienes se inscriban en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales. La Corte Suprema decidirá cómo se usarán los inmuebles, que se incautarán para reparar el daño causado a la sociedad y el Estado.
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