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El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, mostró la preocupación de la fiscalía por la modificación a la metodología de remoción y sanción. «Se corre el riesgo de politizar las investigaciones», explicó Baclini en Radio Mitre Rosario. El gobernador Miguel Lifschitz tiene que tomar la decisión de vetar o promulgar una ley sobre la cual, admitió al fiscal regional, ni él ni los ministros de Seguridad, Justicia y gobierno conocían «en detalle».
«Nos reunimos porque entendemos que la ley es inconstitucional y que, desde un punto de vista político, expone a los fiscales a una jefatura nueva, la del poder legislativo», explicó Baclini. «Aquel que tiene la potestad de sancionar tiene también la potestad de poder decirle al fiscal qué tiene que hacer frente a las investigaciones. Esto vuelve una situación bastante crítica, sobre todo al pensar las consecuencias de las investigaciones fiscales en un futuro, porque ningún fiscal se va a animar a salir de un estándar básico».
La nueva ley modifica el juzgamiento de fiscales. A partir de ahora, será al estilo juicio político, que se tramita en el poder legislativo imponiendo un tipo de sanción que es remoción o destitución. «Ya no hay sanciones intermedias, pero además, se corre el riesgo de politizar las investigaciones. Nosotros estamos dispuestos a que nos investiguen, pero la discusión central está dada en quién nos investiga».
Baclini, además, explicó que tanto el gobernador Miguel Lifschitz como los ministros de Justicia, de Seguridad y de Gobierno desconocían «el fino de la ley». «Nunca se pensó que era una norma de este tenor», aseguró el fiscal regional. La ley está ahora en manos del poder ejecutivo que tiene que definir si vetará o promulgará lo dispuesto por el legislativo provincial.
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