Polémica por una millonaria compra de alimentos: el Gobierno adquirió productos un 50 por ciento más caros de lo que valen
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El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fue autorizado a realizar una compra masiva de alimentos para abastecer a los sectores más vulnerables frente a la actual crisis de pandemia que vive el país y el mundo. La cartera que dirige Daniel Arroyo publicó el detalle en el Boletín Oficial y se destapó la polémica: el precio de los productos es de un 50 por ciento más caro que en los supermercados.
La compra abarca alimentos esenciales como aceite, fideos, azúcar, lentejas y arroz y comprendió una suma de 384 millones de pesos. El fin de estos alimentos es armar cajas mínimas que serán repartidas por el ministerio. Lo que llamó la atención, es que algunos precios incluso estaban más altos de los que establece el programa de Precios Máximos.
Por ejemplo, el Gobierno compró una botella de aceite marca Indigo de 1,5 litros a $166,58; siendo que en cualquier supermercado, la misma botella de primera marca ronda los $164. Otro caso es el de los fideos: el ministerio adquirió un paquete de 500 gramos marca Doña Luisa a $85,76. En las góndolas del supermercado, el mismo paquete de primera marca se vende a $56,70.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, admitió este lunes que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están «por encima» de los valores testigos que establece la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está «en emergencia».
«Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones de personas (que iban habitualmente a comedores y escuelas) a 11 millones de personas (por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos) las que requieren asistencia alimentaria en el país», dijo el funcionario.
Explicó en ese sentido que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas y en la que la Sindicatura General de la Nación es la que establece los precios testigos.
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