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Una nena de diez años acudió al hospital infantil en Salta manifestando que tenía fuertes dolores estomacales. Después de ser revisada y de haberse realizado los exámenes correspondientes, descubrieron que la menor atraviesa el quinto mes de embarazo. Al recibir el diagnóstico, la nena confesó que era violada por su padrastro.
Las autoridades del hospital, inmediatamente, avisaron a la Policía y desde Fiscalía comenzaron con la investigación. Desde el gobierno de Salta, informaron que tanto la menor como su madre quieren continuar con el embarazo. La nena fue acompañada por el equipo interdisciplinario del Hospital Público Materno Infantil y continuará con el seguimiento durante todo el proceso.
El caso generó una fuerte polémica por dos motivos, uno de ellos el protocolo para acceder al aborto no punible, que se aplica cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre y en segundo lugar, la intervención de asesores psicológicos.
Juan Manuel Uturbey, gobernador de la provincia de Salta, indicó que hubo dieciocho pedidos de aborto no punible, pero se practicaron seis. Cuatro de ellos no se hicieron porque habían pasado las doce semanas y en otros ocho, las mujeres desistieron por propia voluntad “después del gabinete de salud pública que plantea el propio Ministerio de Nación”.
La niña, en este caso, no podría acceder al aborto debido a que superó las doce semanas de embarazo y porque tanto ella como su madre manifestaron el deseo de continuar con el embarazo. En 2012 la Corte Suprema de Justicia resolvió que el único requisito para acceder al aborto no punible es que la víctima firmara una declaración, en el hospital, asegurando haber sufrido un delito sexual.
En cambio, el protocolo del gobierno de Salta, exigía que la víctima haga una denuncia policial, que intervenga el Ministerio Público y la semana doce como límite para la intervención. Esta tarde, Urtubey, comentó en su cuenta de Twitter que la provincia adhirió al protocolo establecido por el fallo de la Corte Suprema de la Nación.
el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015.
— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 24, 2018
