Prestadores de discapacidad paran 24 horas en todo el país y denuncian falta de pagos

Instituciones, profesionales y transportistas que trabajan con personas con discapacidad llevarán adelante un paro de 24 horas en todo el país este viernes. La medida también se sentirá con fuerza en Rosario, donde las entidades nucleadas en Apridis y los transportistas agrupados en Atraes confirmaron su adhesión.

Desde el sector aseguran que la situación económica es cada vez más crítica. En este sentido, remarcan que el gobierno nacional acumula alrededor de cinco meses de atraso en los pagos por prestaciones, mientras que los aranceles que se abonan actualmente quedaron desfasados frente a la inflación, con un atraso que estiman en torno al 40%.

Además, señalaron que la problemática se profundiza porque varias obras sociales nacionales (entre ellas Pami e Incluir Salud) también mantienen deudas por servicios ya brindados. Según explicaron, esto complica el funcionamiento diario de las instituciones y de los transportistas, que muchas veces no pueden afrontar gastos básicos como salarios o combustible.

La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, describió un panorama muy complejo. “Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde el 2025 en un cese de pago. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia. Cerrar también es un problema, no hay con qué abonar las indemnizaciones ni pagar alquileres, se deben sueldos desde el mes de enero”, sostuvo. También cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades: “No es posible tener paciencia y confianza si no hay una medida concreta de pago y una actualización de aranceles”.

Desde el sector del transporte, Marcelo López advirtió que la situación llegó a un límite. “Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”, señaló.

En esa misma línea, la coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología, Gabriela Fernández, remarcó el impacto social del conflicto: “No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o del sistema de prestaciones, sino que se trata de vidas y de derechos”.