Proponen limitar la dimensión de las viviendas habilitadas para prisión domiciliaria en Santa Fe
La iniciativa del diputado de Unidos-UCR, Martín Rosúa, consiste en establecer un máximo de 120 metros cuadrados para los inmuebles donde cumplan sus penas los condenados. Además, prohíbe amenities de lujo.
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El diputado de Unidos-UCR, Martín Rosúa, propuso limitar las dimensiones de los domicilios de condenados con prisión domiciliaria en Santa Fe.
El legislador presentó un proyecto de ley mediante el que busca establecer un límite máximo de 120 metros cuadrados para las viviendas donde se cumplan las penas de este estilo en la provincia, junto con una prohibición de amenities de lujo.
En la misma línea, la iniciativa apunta a regular “condiciones que transformen la pena en un privilegio” a través de un régimen de visitas idéntico al penitenciario y la prohibición de dispositivos como celulares y routers de internet. Además, apunta a implementar un sistema de un monitoreo electrónico obligatorio y controles sorpresivos, sumado a la revocación inmediata de la domiciliaria ante cualquier incumplimiento y un registro público para garantizar transparencia.
Respecto a la situación que cataloga como “prisiones domiciliarias VIP”, el integrante de la Cámara Baja consideró: “Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos. Hablo de condenados por delitos graves, incluso corrupción y defraudación al Estado, que están cumpliendo su pena en departamentos de lujo, con acceso irrestricto a celulares, internet, redes sociales y visitas ilimitadas".
Luego, Rosúa agregó que “es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos” y ejemplificó: ”Se conocieron casos en donde se organizaron fiestas, reuniones masivas o celebraciones en el mismo domicilio donde se debía estar cumpliendo una pena".
“Mientras esto sucede, el resto de los internos en el Servicio Penitenciario Provincial cumple normas estrictas: cupos de visita, horarios fijos, limitaciones a la comunicación, espacios reducidos y control permanente”, subrayó el dirigente.
Por otro lado, ratificó: “El sistema terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico. Lo más preocupante es que esto no ocurrió por falta de norma, sino por falta de una aplicación rigurosa".
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