Seguirán presos catorce policías por malversar fondos destinados a la compra de combustible

Catorce agentes que ocupaban puestos de poder en la Unidad Regional II seguirán presos por malversar fondos para la compra de combustibles para móviles policiales en colaboración con una estación de servicio. 

Entre los imputados están el ex jefe de Policía, Daniel Acosta; su secretario y comisario superior, Rodrigo Domínguez; Diego Santamaría, ex Jefe de Comando Radioeléctrico de Rosario; Héctor Saucedo, ex Jefe de Policía Motorizada; Adrián Bahl, ex Jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros de la URII; Fabián Becerra, ex Jefe del Grupo Táctico Multipropósito (GTM); ex Jefe de la Sección Logística de la URII, Roberto Blanco; Nicolás Cuesta, ex Jefe de Policía Adicional de la URII; Diego L., ex Jefe del Cuerpo Guardia de Infantería; Edgardo R., ex Inspector de la VI Zona; Juan V., ex numerario de la Brigada Motorizada de Rosario; el ex sub Jefe de la Brigada Motorizada de Rosario, Juan H.; Darío F., ex jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros, y el ex interventor de Medicina Legal, Roberto S.

Puntualmente se acusa a los uniformados de haber formado una asociación ilícita dedicada a quedarse con parte de las partidas presupuestarias que destinaba la provincia a cargar la nafta de los patrullero. En ese sentido, el juez Gustavo Pérez Urrechu le dictó la prisión preventiva a todos hasta el 14 de mayo, la cual se puede extender si la Fiscalía presenta una acusación preliminar. 

El fiscal a cargo del caso, José Luis Caterina, dialogó con la prensa acerca de la resolución y sostuvo: “Esta decisión era exactamente un poco lo que habíamos pedido, que pudieran quedar en prisión preventiva todas las personas que estábamos llevando a esta audiencia y también se validó la imputación por asociación ilícita. Esta causa en realidad tiene ya 28 personas imputadas, varias han recuperado la libertad, muchas de ellas han recuperado la libertad en contra del pedido de la fiscalía”.

Luego, especificó que todos están imputados, particularmente, por peculado y cohechos pasivos, además de la “figuración ilícita que es bastante robusta así como la llevó a la fiscalía quedando completamente acreditado a través de maniobras de sobrefacturación y desfacturación fantasma a través de una multiplicidad de medios investigativo”, entre los que destacó la figura de un imputado colaborador. 

Sobre la causa

De acuerdo a la Fiscalía, el caso comenzó a investigarse diez meses atrás, el 10 de julio del 2024, cuando recibieron una comunicación por correo postal sobre los movimientos de corrupción en torno a los fondos que debían usarse para recargara de combustible a las unidades que se gestaban en las sombras de la Unidad Regional II.

De esa manera, la unidad de Asuntos Internos comenzó a investigar los informes sobre verificaciones en la sección de Garage Oficial, que era encabezada por uno de los principales imputados, Gerardo Ramírez.

Desde ese momento detectaron que los móviles del Comando Radioeléctrico realizaban cargas de combustible inconsistentes, por lo que se rastreó a los patrulleros por GPS y se constató que los mismos iban a cargar a una estación de servicio en horarios distintos a los indicados en las facturas.

No sólo se comprobaron los desfasajes en los horarios en las cargas, prosiguió el fiscal, sino que también se detectó que los vehículos consumían más de lo habitual por la cantidad de kilómetros recorridos y que otros que ya no se usaban más aparecían en las facturaciones. En una ocasión, se siguió un Fiat Cronos que hacía de patrullero y los datos arrojaron que consumió 170 litros más de los necesarios para el recorrido que hizo, Así las cosas, se detectaron cobros diarios de entre 20 mil y 30 mil pesos por cargas de combustibles a más de ochenta patrulleros que no se habían puesto en circulación. 

Asimismo, con la intervención del imputado colaborador, Caterina agregó: “Se introdujo la idea de tres móviles que se le habían otorgado a tres jefes policiales en particular también para generar facturaciones fantasmas. Dos de esos móviles, por ejemplo, terminan incendiados, uno acreditándose en el marco de un incendio doloso”.

"Entonces también toda esta cuestión marca no solamente la organización que tenían sino también de alguna manera como a partir de los mismos allanamientos que nosotros celebramos en mayo tres días después y ocho días después
aparecen incendiados dos de estos móviles que luego resultan sumamente incriminantes", aseveró.