Rechazaron el pedido de nulidad en la causa por presuntas coimas en el área de Discapacidad
La medida fue dictada por el juez Sebastián Casanello en respuesta de la solicitud de los dueños de la droguería Suizo Argentina.
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El juez Sebastián Casanello, que encabeza el Juzgado Federal N° 11, rechazó el pedido de nulidad en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que había sido presentado por los dueños de la droguería Suizo Argentina.
Martín Magran, el abogado que representa a los cabecillas de esa empresa, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presentó el pedido de nulidad debido a que la causa comenzó por los audios en los que el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, mencionó un mecanismo de coimas para la compra de medicamentos para el sector en los que aparece involucrada la droguería.
En ese sentido, sostuvo que la denuncia tiene “un claro tinte político” y que hay “una violación flagrante al derecho de defensa en juicio, al haber habido una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”.
No obstante, Casanello precisó que “la defensa pretende atribuir carácter de prueba única a algo que, al menos de momento, no lo tiene”.
A reglón seguido, subrayó: ”En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida que los primeros permiten llegar a los segundos. La denuncia es un acto básico de información que, de no se desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad".
Por último, se apoyó en jurispudencia nacional y extranjera para el uso de las grabaciones durante el proceso actual en tanto y en cuando no haya sido obtenidos por funcionarios públicos, mediante la violación de garantías constitucionales.
"El riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro. No existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial”, concluyó.
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