Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad
Inauguramos este espacio que hemos dado en llamar “De Frente” siendo claros y directos con un tema que estará en la agenda de la Provincia de Santa Fe durante el mandato de Omar Perotti. Un tema que ya está en la agenda incluso antes de que el gobernador electo asuma. Un tema que ya estuvo en la agenda de los tres gobernadores socialistas (Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz). Nos referimos, sí, a la reforma constitucional. No es novedad que en 2016 ya nos oponíamos férreamente a lo que no era otra cosa más que una maniobra política para intentar perpetuarse en el poder. Es que, parafraseando a Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Manifestamos en esa oportunidad que la reforma constitucional debía esperar, no obstante existir una miríada de temas que sí requieren revisión en la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Constitución cuya versión actual data del 14 de abril de 1962. Jóvenes 57 años. Nadie diría que una persona de 57 años es vieja y obsoleta, ¿o sí? Bueno, una porción de la política santafesina parece creer que sí, al menos respecto a nuestra norma fundamental provincial. Las constituciones presentan procedimientos complejos para su reforma a fines de evitar que el poder político de turno la modifique a su antojo. Un sistema de compuertas y esclusas que sólo se abren con las llaves adecuadas, los permisos suficientes y las mayorías más mayoritarias que lo usual.
Las constituciones, a diferencia de lo que suele sucederles a los seres de carne y hueso, se enfocan hacia el largo plazo. Prístina diferencia con las necesidades políticas y partidarias, siempre apalancadas en el corto plazo. Del 2016 al 2018 vimos en Santa Fe una intentona reformista concentrada en la posibilidad de otorgarle la reelección a la figura del gobernador. Nadie podrá convencernos de que eso no estará detrás de cualquier intento de reforma constitucional que ahora se propugne, sin importar el espacio político que lo haga. Está en la naturaleza del poder -y en la del escorpión- comportarse así.
Nuestra Carta Magna provincial nos ha servido por casi 60 años. Nos ha acompañado y permitido funcionar como provincia, en el marco mayor de la Ley Fundamental de nuestra Argentina: la Constitución Nacional. Es cierto que precisa de reformas y modificaciones: la incorporación de la autonomía municipal (la gran deuda de nuestra Constitución santafesina), limitaciones de duración para todos los cargos electivos (sin agregarle la posibilidad de reelección a quien gobierne Santa Fe), ampliar el período de funcionamiento de la Legislatura Provincial (y discutir la posibilidad de que la misma sea unicameral, como en Córdoba), sumar herramientas de democracia semidirecta (e imaginar algunas pequeñas experiencias de democracia directa, ¿por qué no?), constitucionalizar el Consejo de la Magistratura y el acceso a la información pública, reconocer el rango constitucional a un importante conjunto de Derechos Humanos, entre otras. En definitiva, ponerse en sintonía con la Constitución Nacional en su versión de 1994
En el año 2018 se efectuaron múltiples estimaciones de cuánto costaría llevar adelante un proceso de reforma constitucional. Los números más tímidos se animaban, en esa época, a vaticinar un costo de aproximadamente 800 millones de pesos. A fines de 2019, inflación y devaluación de por medio, los costos podrían ser astronómicos. Si algo es tan caro debe pensarse muy bien los motivos que ameritarían llevar adelante la gesta. Si es el momento para hacerlo. Y también quiénes serían las personas a las cuales se les encomendaría ciclópea tarea. Hombres y mujeres preparados, con conocimiento del Derecho y de otras áreas afines, que realmente puedan aportar desde sus distintas ópticas el material fértil para construir colectivamente.
Mencionábamos que Omar Perotti todavía no asumió, y sus espadas políticas ya comienzan a fogonear la reforma constitucional. El diputado Leandro Busatto expresó que “éste es un buen momento porque no hay un proceso electoral que contamine esta decisión”. Algunas figuras del radicalismo se han mostrado también contestes con esta idea, como Mario Barletta y Julián Galdeano. Busatto hasta le pone plazo: “El plazo que nos propusimos son las elecciones municipales de 2021 para la elección de los convencionales constituyentes y el 1º de marzo de 2022 para la reforma de la Constitución”. Otros legisladores se van sumando a la palestra, como el diputado provincial por la UCR Alejandro Boscarol, quien dijo que “el tema de la reforma nunca salió de la agenda”. Agregó Boscarol, afortunadamente, que es un defensor de la no reelección, tema nada menor.
Dentro del socialismo ha dejado de ser todo color de rosas, y el concejal rosarino Enrique Estévez manifestó que la reforma constitucional “no tiene que ser en el contexto de una jugada política que soslaye la coyuntura”. ¡Parece que se dieron cuenta! Si hasta el futuro exgobernador Miguel Lifschitz ahora da la impresión de estar en contra de la reforma que él mismo impulsaba hasta hace no demasiado tiempo. Sin embargo, algunos han sido siempre congruentes con su posición respecto a la reforma constitucional en Santa Fe, como el intendente de Santa Fe, José Corral, y el concejal Roy López Molina, que expresaba el hecho de que “a nadie le interesa la reforma constitucional, sólo buscar el camino para mantenerse en el poder”.
Una Constitución debe ser proyectada para la posteridad, no para mañana o dentro de unos meses. Las constituciones están para protegernos de los atropellos y las tropelías del poder. Argentina se debe montones de reformas: laboral, previsional, fiscal, electoral. Santa Fe se debe una reforma constitucional, no nos caben dudas. Sin embargo, se debe una reforma constitucional bien pensada y bien discutida. Una reforma de otra forma, no como las reformas que se hacen en nuestro país, de parches y atadas con alambres. De eso, en este espacio, nos permitimos dudar de si estaremos a la altura. Ojalá que sí.
