Se destruyeron más de 10 mil armas de fuego, de las cuales más de 2 mil pertenecían a la Policía de Santa Fe

En las últimas horas el Ministerio de Seguridad de la provincia, participó junto a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) de la destrucción de más de 10 mil armas de fuego, de las cuales 2.050 pertenecían a la Policía de Santa Fe.

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En este sentido, la directora ejecutiva de la ANMaC, Natasa Loizou, expresó que “estamos reactivando una política interrumpida por el gobierno anterior, destruyendo armas del delito, secuestradas gracias al trabajo articulado con los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Es la realidad concreta de las políticas de control de armas, de prevención de las violencias y la persecución del delito”.

Asimismo, agradeció “la presencia de las autoridades provinciales y de la Red Argentina por el Desarme, es muy importante porque juntos avanzamos en consolidar y dar nuevo impulso a las políticas de desarme y concientización de la sociedad sobre la resolución pacífica de los conflictos.”

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Por su parte, el subsecretario de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la provincia de Santa Fe, Joel Theytaz, agradeció la “fundamental colaboración de la ANMaC, que es parte del trabajo mancomunado entre la Provincia de Santa Fe y el Estado Nacional en busca de mejorar la calidad de vida de los santafesinos”. Señaló, además, la relevancia de este tipo de acciones que permiten “sacar de circulación armas de fuego que de otra manera podrían alimentar los circuitos ilegales”.

Con la recuperación y vigencia de esta política pública, la ANMaC persigue, explicaron en un comunicado.

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El procedimiento de destrucción se realizó en dos etapas: la primera, llevada a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la PFA, se trasladaron las armas de fuego a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió al triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad. Todo lo actuado fue certificado por parte de la Escribanía General de la Nación.

 

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