En la decimosexta jornada del Juicio a Los Monos, declararon cuarto policías y un perito. La mirada, sin embargo, sólo estuvo puesta en los dichos de Ana Beatriz Viglione, policía ya retirada que en 2013 estuvo a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos. Ella debía explicar, en calidad de testigo, su participación en la pesquisa. Sin embargo su testimonio fue puesto en cuestión por el abogado Alberto Tortajada, defensor de Gustavo «Gula» Pereyra, quién señaló que sobre la ex uniformada pesa una acusación sobre un posible falso testimonio que perjudicó a su cliente.
¿Quién es Gula?
Pereyra fue, hasta que lo detuvieron en 2013, el Jefe de la brigada operativa de la Secretaría de Delitos Complejos —un subordinado de Ana Viglione—. A diferencia de otros uniformados que pasaron a la notoriedad por sus arrestos en la causa de Los Monos, Gula era conocido desde octubre de 2006, cuando durante un clásico en el Gigante de Arroyito fue filmado disparando a mansalva, a las carcajadas, sobre la tribuna visitante.
¿De qué se lo acusa?
Cuando su casa fue allanada hace cuatro años, los investigadores encontraron en una computadora gran cantidad de material sobre bunkers de drogas y propiedades que se le endilgan a Los Monos. Por ello fue procesado por la ex jueza Alejandra Rodenas, señalado como uno de los uniformados que filtraba información a la banda. En su defensa, Pereyra aseguró que había recolectado esos datos por pedido de Ana Viglione; pero ella lo negó.
Sin embargo, Gula presentó ante la Justicia una serie de correos electrónicos que acreditan la solicitud de su Jefa, lo que produjo la investigación por falso testimonio sobre la ex uniformada, que está a cargo del fiscal Aníbal Vescovo.
¿Quién es quién?
El cuestionamiento sobre el trabajo de la Policía en la investigación a Los Monos es una constante. Los defensores intentan impugnar todas y cada una de las pruebas presentadas contra los vienticinco acusados de la Asociación Ilícita amparados, de una manera u otra, en este argumento. Ellos aseguran que la pesquisa fue realizada en forma irregular por profesionales sospechados de corrupción. Intentan poner en la misma bolsa a los investigadores y a los sospechados. Ponen en cuestión a las Instituciones en defensa de una supuesta banda narcocriminal, un argumento sumamente peligroso.
