Un juez uruguayo busca suspender la vacunación pediátrica contra la Covid-19
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El Gobierno de Uruguay cuestionó la imparcialidad de un juez que hizo lugar a un recurso para suspender la vacunación de niños contra el coronavirus, que es voluntaria.
Ahora, se señala al magistrado de haber obrado «tanto relativizando los efectos y gravedad de la pandemia, como cuestionando el rol de la ciencia» según reza el texto de la recusación presentada por representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Alejandro Recarey, asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial y aceptó dos demandas antivacunas una de las cuales pretende suspender la vacunación de niños. A su vez, había convocado el sábado a las autoridades y a la farmacéutica Pfizer para exigir información detallada de las vacunas administradas durante la pandemia y de los contratos firmados.
El documento presentado por el Gobierno contra Recarey precisó que al frente de la causa debe haber «un magistrado que no haya emitido juicios de valor previos, que puedan teñir el caso en debate y producir violaciones al debido proceso».
Según el MSP, Recarey dio opiniones previas, «tanto relativizando los efectos y gravedad de la pandemia, como cuestionando el rol de la ciencia, de la Administración, de los profesionales de la salud y de ciertas empresas, entre las que estarían comprendidos los laboratorios», informó el diario local El Observador.
Recarey, quien rechazó la recusación y sigue frente a la causa, había hecho lugar al recurso del abogado Maximiliano Dentone para suspender la campaña de inoculación «en edades pediátricas».
El MSP sostuvo que el recurso de Dentone «no cumple con ninguno de los presupuestos y requisitos que esta acción excepcional, residual y sumarísima requiere» para cursar su presentación, «lo que evidencia que debió ser rechazada de plano» por el juez.
«La actuación del juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo», agregó.
En la misma línea, alegó que «la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo».
«Existe sobrada evidencia científica que demuestra, precisamente, que el plan de vacunación salva vidas, razón por la cual tampoco se cumple el requisito de actualidad e inminencia en la inexistente violación de derechos denunciada», remarcaron las autoridades sanitarias.
En Uruguay están habilitados para vacunarse los niños a partir de los cinco años en adelante.
Un grupo de personas se apostó este miércoles en las puertas del tribunal, en el centro de Montevideo, con carteles que rezaban «Los niños no se pinchan con experimentos» o «Luis, ¿vas a dejar que maten a nuestros niños inoculándolos?», en referencia al presidente Luis Lacalle Pou.
«Se están inoculando sustancias que no sabemos los componentes que tienen», dijo allí ante la prensa Dentone, que tildó de «manifiestamente ilegal y peligroso» el proceso de vacunación.
Recarey exigió al Ejecutivo y al laboratorio estadounidense aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de «óxido de grafeno» o «elementos nanotecnológicos».
También pidió estudios que demuestren la «inocuidad» de «la sustancia llamada ARN mensajero» y exigió revelar los términos de los contratos firmados entre el gobierno y Pfizer para comprobar si contienen cláusulas «de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores» respecto a eventuales efectos adversos.
El ministro de Salud, Daniel Salinas, debió responder ante el tribunal 18 preguntas formuladas por Recarey sobre el plan de vacunación contra el coronavirus.
Sobre la comparecencia, el MSP afirmó que respondió «la totalidad de las preguntas técnicas formuladas por el Juez» y adelantó que esta información será conocida públicamente.
Con información de Télam
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