Allanaron propiedades del entorno de Pillín Bracamonte y secuestraron vehículos, dólares y armas
Gendarmería realizó seis procedimientos en Rosario y localidades del Gran Rosario en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos. Los fiscales investigan el patrimonio que quedó vinculado al entorno del exjefe de la barra de Rosario Central tras su asesinato en noviembre de 2024.
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La investigación por presunto lavado de activos sobre el entorno de Andrés “Pillín” Bracamonte tuvo un avance durante la última semana de septiembre, con seis allanamientos realizados en Rosario, San Lorenzo, Ybarlucea y Granadero Baigorria. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los procedimientos alcanzaron propiedades vinculadas a personas cercanas a Bracamonte. En Ybarlucea, los agentes ingresaron a una vivienda del country Los Álamos donde reside su última pareja, Agustina D.; en Rosario allanaron una casa de Álvarez Thomas al 1800, donde viven Natalia A. y “Andresito” Bracamonte, hijo de Pillín.
También fueron allanadas propiedades de dos socios del exjefe de la barra en Granadero Baigorria, mientras que en San Lorenzo el operativo se realizó en la nueva sede de ATE Servicios Integrales SRL, empresa actualmente administrada por la pareja de Bracamonte. El sexto procedimiento alcanzó una propiedad vinculada a Carlos Vergara, exsecretario general de la Uocra Rosario, quien había sido imputado junto a Bracamonte en 2023.
Durante los operativos se secuestraron 11 vehículos, ocho relojes Rolex, $4.834.800 en efectivo y una pistola calibre .22 con cargadores y municiones. Además, los investigadores incautaron computadoras, teléfonos de alta gama, dispositivos de almacenamiento y documentación que será analizada en el marco de la causa.
Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari sostienen que la estructura patrimonial vinculada a Bracamonte continuó funcionando después de su muerte. Entre los movimientos que analizan figura la inscripción de una Toyota Hilux a nombre de su última pareja apenas 16 días después del crimen y el traslado de la sede de ATE desde Capitán Bermúdez hacia San Lorenzo.
En la causa también se solicitaron embargos de hasta $600 millones y el embargo preventivo de 19 vehículos, además del decomiso sin condena de bienes que figuraban a nombre de Bracamonte. La investigación por lavado de activos se tramita en la Justicia federal y busca determinar el origen de los bienes y el recorrido del dinero atribuido al entorno del exjefe de la barra de Central.
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