La expresidenta Cristina Kirchner habló este viernes luego de la ratificación de su condena y aseguró que se presentará en los tribunales de Comodoro Py este 18 de junio.La imputada publicó un texto esta mañana a través de su cuenta oficial de X, en el cual habló sobre su situación y puso a disposición de los usuarios el escrito que presentaron sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal 2, pidiendo prisión domiciliaria.En primer lugar, la mandataria acusó a la Corte Suprema de Justicia de ponerle “un cepo al voto popular” y confirmó que su defensa envió una solicitud para afrontar la condena en el barrio porteño de Monserrat.Luego, la figura política argumentó: “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”. Por otro lado, Kirchner justificó su pedido en base al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre del 2022.Por último, la condenada agregó: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) <a href="https://twitter.com/CFKArgentina/status/1933495166066720797?ref_src=twsrc%5Etfw">June 13, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que, una vez notificada la sentencia, Kirchner contaba con cinco días hábiles para ser detenida en el marco de la causa Vialidad.<section class="noteSuggested" data-id="53990,53997,54024" data-title="Puede interesarte"></section>

Cristina Kirchner, tras su condena: "El próximo miércoles me presentaré en Comodoro Py"

Este jueves, el fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, encabezó un allanamiento en la casa de Roberto “Cachorro” Acosta, identificado como un militante del Frente Renovador, en el marco de una investigación que busca esclarecer las amenazas contra el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti.La medida judicial se dispuso luego de detectarse en los alrededores de la vivienda del magistrado pintadas con mensajes intimidatorios, panfletos anónimos y presuntos merodeos que generaron preocupación.Durante el procedimiento, los agentes secuestraron varios afiches con consignas en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, así como otros materiales gráficos relacionados.&nbsp;Además, fue incautado el teléfono celular de Acosta para profundizar las pesquisas y rastrear posibles vínculos con las amenazas.

Santa Fe: allanamientos por amenazas al juez Rosatti tras la condena a Cristina Kirchner

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a opinar sobre la ratificación de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner y aseguró este miércoles que “fue justicia, no proscripción”.El mandatario provincial brindó declaraciones esta mañana respecto a la medida que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manteniendo la pena de seis años de prisión a la exjefa de Estado por la causa Vialidad y señaló: “Hay que ser muy claros, lo de ayer fue justicia, no proscripción. Creo que aquí lo importante es remarcar que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y lo que hizo la Corte Suprema ayer fue mostrar justicia y que en Argentina no hay impunidad".&nbsp;En la misma línea, el convencional constituyente consideró que “esto no tiene que ver con ningún tipo de proscripción, tiene que ver con delitos graves que cometieron, estando en la función pública, que fueron condenados y que están pagando con pena de prisión”.Luego, Pullaro agregó: "Indudablemente la corrupción golpea a la democracia y a las instituciones democráticas, y a la credibilidad que tienen que tener todos los funcionarios públicos. Pero a uno lo reconforta ver que todos los ciudadanos rendimos cuentas ante la ley".A su vez, el gobernador relacionó la noticia de la condena de Kirchner con la pronta reforma de la Constitución de Santa Fe y remarcó: “Tenemos que consagrar instituciones que nos permitan, primero, no tener impunidad, y en segundo término tener mucha transparencia en el Estado, para que estas cosas no sucedan nunca en la provincia".&nbsp;"Nosotros tenemos que ser mejores y más transparentes, y siento que en Santa Fe tenemos una oportunidad, y que con la Reforma de la Constitución podamos terminar con los privilegios, tener una justicia claramente independiente, y un Ministerio Público de la Acusación sumamente fuerte", subrayó el mandatario.Por último, Pullaro ratificó su intención de incluir la Ficha Limpia en la Carta Magna provincial y puntualizó: “Terminemos con los fueros parlamentarios para que ningún legislador se esconda de la justicia, y donde tengamos un sistema mucho más transparente, que nos permita mostrar que en Santa Fe somos diferentes”.

Pullaro, sobre la condena a Cristina Kirchner: "Fue justicia, no proscripción"

El juez federal de Garantías Marcelo Bailaque renunció a su cargo este martes en medio de una fuerte polémica a su alrededor. En caso de que el Gobierno nacional acepte, el magistrado irá a prisión domiciliaria.Bailaque comunicó al Ministerio de Justicia de la Nación mediante un escrito su dimisión. La decisión llegó en el marco de tres imputaciones en causas ligadas al prevaricato y extorsión, evitó ser destituido.La gestión del presidente Javier Milei deberá determinar si da luz verde a la decisión. En caso de que esto suceda, Bailaque quedará sin fueros y se hará efectiva la pena de prisión preventiva por 90 días, medida dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en mayo.El juez fue imputado el 30 de abril de este año tras la acusación de los los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, quienes le adjudicaron haberse negado a intervenir líneas telefónicas de sospechosos cercanos al narcocriminal Esteban Lindor Alvarado, manejo irregular de fondos de una cooperativa portuaria y maniobras extorsivas contra un empresario de la ciudad.<section class="noteSuggested" data-id="53699,53444" data-title="Puede interesarte"></section>

Renunció el juez federal Marcelo Bailaque e irá a prisión domiciliaria si Nación acepta la salida del cargo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue condenada por la jueza Luciana Paula Martínez a pagar una indemnización de 100 millones de pesos por la muerte de un joven como consecuencia de una electrocución.El hecho ocurrió el 10 de enero de 2016 en Rivera al 1500, en la zona norte de Rosario. Según las investigaciones, un cable de la red eléctrica hizo contacto con una media sombra en una vivienda, generando un incendio. Uno de los cables cayó sobre una camioneta estacionada, propiedad de los padres de la víctima. Cuando el muchacho quiso abrir la puerta del vehículo, recibió una descarga que le provocó un paro cardiorrespiratorio y una prolongada falta de oxígeno cerebral, lo que generó un daño neurológico irreversible. Tras varios meses de internación, falleció en septiembre de ese mismo año.El fallo, impulsado por el abogado Gonzalo Utrera en representación de los padres de la víctima, señala que la EPE es responsable por no cumplir con su obligación de garantizar un servicio seguro y de calidad, como lo establece el Estatuto aprobado por la ley 10.114. Luego de una serie de peritajes, la jueza concluyó que los cables involucrados en el fatal suceso pertenecían a la empresa provincial.“La empresa tiene entre sus obligaciones la de ejercer las funciones de policía de seguridad técnica”, remarcó la magistrada en su resolución. Además, sostuvo que “de no haber fallecido producto del hecho dañoso, el joven podría haber brindado asistencia económica y espiritual a sus padres”, lo que fue considerado como parte del daño moral y la pérdida de chance.

La Justicia condenó a la EPE a pagar $100 millones por un joven que murió electrocutado en Rosario

El juez federal Daniel Rafecas desestimó este miércoles dos denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad. En ambos casos, el magistrado consideró que las expresiones emitidas por los comunicadores están protegidas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno.La denuncia contra Pagni se originó tras una emisión del programa Odisea Argentina (LN+), el pasado 28 de abril, donde el periodista realizó un análisis histórico que, según interpretó Milei, sugería un paralelismo entre su llegada al poder y la de Adolf Hitler. El Presidente sostuvo que ese planteo afectaba su honor y reputación.No obstante, Rafecas concluyó que “no se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante” y señaló que las declaraciones de Pagni se inscriben en el marco del “debate político”, lo que impide cualquier tipo de sanción penal.El juez citó principios constitucionales y tratados internacionales que consagran la libertad de expresión e hizo referencia al fallo “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los funcionarios públicos deben estar expuestos a un mayor grado de crítica.En paralelo, Rafecas también desestimó otra denuncia que Milei había presentado contra Ari Lijalad, autor de una columna publicada el 4 de mayo en El Destape bajo el título “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”.En ambos expedientes, el magistrado determinó la inexistencia de delito y resolvió su archivo. Además, advirtió que la persecución penal de opiniones periodísticas “podría lesionar gravemente el debate democrático”.

La Justicia desestimó denuncias de Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad

Este martes fue allanada la sede central de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en el marco de la causa judicial por la distribución de fentanilo contaminado que ya dejó al menos 34 muertos.Según fuentes oficiales, efectivos federales inspeccionaron las oficinas centrales del organismo con el fin de "requerir información adicional a la que ya habían solicitado a comienzos de mayo".La orden fue emitida por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien estableció el operativo con el objetivo de secuestrar documentación y material considerado relevante para la investigación. El procedimiento se extendió por alrededor de una hora.Desde Anmat confimaron el allanamiento e indicaron que "entregaron todo lo que pidieron" a las autoridades, que luego "se marcharon". Asimismo, señalaron que "no es la primera vez que una fuerza federal solicita informes en la investigación".La causa investiga la cadena de producción y distribución del fentanilo adulterado. En este contexto, la Anmat debió cerrar de forma operativa las plantas de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., luego de que se detectara un brote de infecciones graves asociadas a la contaminación de esta sustancia en el hospital Italiano de La Plata.

Causa por fentanilo contaminado: allanaron la sede central de Anmat

La causa que investiga la presunta estafa con la criptomoneda $Libra avanza con nuevas medidas. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió a las compañías de telefonía móvil que informen acerca de las líneas registradas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales desde enero de 2024.La orden incluyó además la solicitud de geolocalización de la línea asociada a Hayden Mark Davis, el supuesto creador estadounidense del token, quien habría mantenido al menos un encuentro con el presidente de la Nación en Casa Rosada.La causa analiza posibles maniobras fraudulentas ligadas al lanzamiento de la criptomoneda y cuenta con múltiples imputaciones y medidas patrimoniales. En este sentido, la Cámara Federal de Casación confirmó que los damnificados pueden constituirse como querellantes, rechazando un recurso extraordinario que buscaba limitar su participación.Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados conformó una comisión investigadora que citó a funcionarios por el escándalo conocido como "Libra Gate". Mientras tanto, el fiscal Taiano continúa acumulando pruebas sobre posibles vínculos y responsabilidades dentro del caso.

La Justicia pidió información de los teléfonos de Javier y Karina Milei por el caso $Libra

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, prestó declaración este jueves en los tribunales santafesinos por el juicio contra los exjefes policiales acusados de corrupción, Omar Odriozola y Rafael Grau.El mandatario formó parte de la audiencia de esta mañana y ofició como testigo en el marco de la causa conocida como “D4", en la que se acusa a los extitulares de la Policía de Santa Fe de liderar una organización ilícita dedicada a defraudar económicamente al Estado utilizando facturas de presuntos arreglos de patrulleros.&nbsp;En este sentido, Pullaro, quien fue el denunciante durante sus funciones como ministro de Seguridad en el gobierno de de Miguel Lifschitz, aseguró: "Uno tiene que ser muy claro en estas cosas, cuando hay corrupción institucional, cuando ve que hay actores del Estado vinculados a la corrupción institucional, se tiene que denunciar”.Por otro lado, el gobernador destacó que “la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Santa Fe son gente buena, trabajadora y honesta”."Acá hay que hacer lo que uno tiene que hacer como funcionario público, porque es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen y que no haya crisis institucionales. Entonces, parece que la cosa va derecha, pero en realidad va a torcida y cada vez se va torciendo más", analizó el convencional constituyente.En relación a sus días al frente de la cartera de Seguridad cuando salieron a la luz las irregularidades de la causa, Pullaro expresó: "Me vi muy conmovido con lo que se me anoticiaba a través de un mensaje anónimo muy certero, porque lo que se me informaba era con números de móviles, tipos de arreglo que tenían estos vehículos, los talleres en los que se llevaban adelante los supuestos arreglos, que terminaba siendo una defraudación muy grande a la provincia"."Yo tenía que hacer esa denuncia, y acompañé ese mensaje anónimo a la Fiscalía con mi firma, que posteriormente derivó en allanamientos, detenciones y varios juicios abreviados", concluyó el mandatario.

Pullaro declaró en el juicio contra los exjefes policiales Grau y Odriozola: "Yo tenía que hacer esa denuncia"

El tribunal compuesto por los jueces Mariano Aliau, Paula Álvarez y Alejandro Negroni condenó este lunes a 26 años de prisión a Noel González (33), luego de encontrarlo culpable de haber contratado a un sicario para asesinar a su expareja, además de someterla durante años a una cadena de abusos físicos, psicológicos y privación ilegítima de la libertad. La sentencia incluyó delitos como amenazas coactivas agravadas, lesiones y tentativa de homicidio, todos enmarcados en violencia de género.El caso ocurrió en Rosario y tuvo su momento más grave el 25 de octubre de 2021, cuando Gerardo Fernández (37) (que fue condenado a 17 años) le disparó a la mujer en plena calle por encargo de González. La víctima recibió tres balazos en el abdomen pero sobrevivió. La fiscal Marisol Fabbro demostró en el juicio que Fernández fue contratado para ejecutar el femicidio a cambio de 400 mil pesos, monto que el autor intelectual ofreció incrementar tras fallar en el primer intento.La violenta secuencia había iniciado mucho tiempo antes. El 31 de julio de 2020, González concurrió al lugar de trabajo de su expareja armado y la obligó a subir a su camioneta. La llevó a Paraná y la retuvo durante todo un fin de semana. Después de eso, el hombre sometió a su pareja a episodios de agresiones físicas, encierros, amenazas con fuego e incluso la difusión de imágenes íntimas con fines intimidatorios.En uno de los ataques más dramáticos, ocurrido en febrero de 2021, la roció con alcohol y simuló prender fuego ambos cuerpos. En otra ocasión, irrumpió en su casa, rompió objetos y la forzó a convivir bajo control hasta que fue arrestado días después.Durante la investigación se determinó que González recibió ayuda de un agente policial, Emanuel Pare, quien le proporcionaba datos sobre los movimientos de la mujer, aun cuando estaba bajo custodia. Pare fue condenado en mayo de 2023 a tres años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario.“La mujer sufrió hechos terribles. A través de pericias de celulares pudimos establecer que González le pagó al sicario para matarla y que, tras fallar el intento, le ofreció más dinero. Se trabajó a contrarreloj porque la víctima corría serio riesgo de vida”, afirmó la fiscal Fabbro.

La Justicia condenó a 26 años de prisión a un hombre que contrató un sicario para matar a su expareja en Rosario

La jueza Julieta Makintach presentó su renuncia a continuar al frente del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona luego del escándalo desatado por la difusión de fragmentos de un documental grabado de manera irregular durante la primera jornada del debate oral y público.&nbsp;El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió su recusación y el próximo jueves al mediodía se informará si el debate oral es declarado nulo y vuelve a foja cero.<h3>El video que desató la polémica</h3>La controversia estalló tras la difusión de imágenes que muestran a la jueza caminando por los pasillos del Palacio de Tribunales de San Isidro y fragmentos de una entrevista que habría sido realizada en su despacho. Ese material, según se supo, formaría parte de un documental en producción sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol mundial.Makintach sostuvo que el video no configura delito ni irregularidad alguna, y lo atribuyó a una “gran operación mediática”. “Di una entrevista a una amiga de la infancia hablando de la Justicia. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso lo convierte en algo prohibido, oculto, ilícito?”, se preguntó ante el tribunal.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">🔴Se conoció el tráiler del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona que terminó con una jueza apartada. 📹El proyecto audiovisual, que ya tenía nombre, estructura y guion, se iba a llamar “Justicia Divina” y lo protagonizaba la jueza Julieta Makintach. <a href="https://t.co/ijxwTR4Xms">pic.twitter.com/ijxwTR4Xms</a>— Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) <a href="https://twitter.com/radiomitrecba/status/1927476775879135476?ref_src=twsrc%5Etfw">May 27, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><h3>“No me voy a apartar”, pero se apartó</h3>Pese a que durante la audiencia afirmó en reiteradas ocasiones que no abandonaría la causa (“No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece”), finalmente presentó su renuncia.También remarcó que “no hay hechos precisos, claros y potencialmente ilícitos, penalmente relevantes” que justifiquen su desplazamiento. No obstante, reconoció que el uso del edificio judicial para grabaciones fue “torpe” y “desprolijo”, aunque negó haber participado en la producción del documental.Como consecuencia del episodio, la Universidad Austral suspendió a Makintach de su cargo como docente en la Facultad de Derecho y le inició un sumario administrativo.La jueza realizó sus descargos frente a los siete imputados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ídolo argentino: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, y los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni.En caso de que el juicio se anule, la causa podría reanudarse recién en 2026, según advirtió Rodolfo Baqué, abogado defensor de Dahiana Gisela Madrid.

Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: la jueza Makintach renunció tras la difusión de un documental grabado en Tribunales

Juicio por la muerte de Maradona: la jueza Makintach renunció tras el escándalo por el documental grabado en Tribunales

La policía acusada de filtrarle información sensible a su novio en el marco de una balacera fue imputada este viernes y recibió 90 días de prisión preventiva.Se trata de Luna María R., quien trabajaba para la Sección Monitoreo de la Central de Emergencias 911 de Rosario. La audiencia imputativa fue llevada a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, ante el juez Bilbao Benítez.El fiscal Ramiro González Raggio le adjudicó a la joven haberle facilitado datos sobre la ubicación de las cámaras de vigilancia a su pareja, identificada como Kevin R., quien actualmente está preso en la Cárcel de Piñero, además de no denunciar su participación en el delito.Según la acusación, la detenida le reveló información al joven vía WhatsApp en la previa a un ataque a tiros contra un colectivo de la línea 146 roja con pasajeros, ocurrido el 5 de septiembre del año pasado en Grandoli y Spiro.&nbsp;No hubo heridos a raíz del hecho y tanto un adolescente de 16 años, señalado como el autor de la balacera, como el propio Kevin R. fueron detenidos en Sánchez de Thompson al 100 bis. Además, Fiscalía mencionó que el recluso Carlos Jesús “Pelo Duro” Fernández es el presunto instigador del episodio.

Imputaron a la policía del 911 acusada de filtrar información a su novio preso por una balacera a un colectivo

La Cámara Federal porteña desestimó este jueves un nuevo intento del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez Julián Ercolini de la causa por presunta violencia de física y psicológica contra su expareja, Fabiola Yáñez, por la cuál se encuentra procesado. El fallo, firmado por el juez Eduardo Farah, calificó la recusación como "manifiestamente tardía" y sostuvo que los fundamentos del planteo ya habían sido analizados y descartados anteriormente.El argumento de Fernández apuntaba a que existía una enemistad con Ercolini desde los tiempos en que ambos compartían docencia en la Facultad de Derecho de la UBA. También señaló que su denuncia contra el magistrado por el viaje a Lago Escondido había deteriorado aún más la relación. Sin embargo, Farah consideró que estos elementos no son suficientes para justificar el apartamiento del juez.Asimismo, consideró que se trata de razones ya conocidas por el propio expresidente, pero planteadas fuera de término y en un contexto que ya fue evaluado por la justicia.Este nuevo revés se suma a una serie de intentos fallidos por desplazar a Ercolini de distintas investigaciones. En febrero pasado, la Cámara de Apelaciones ya había confirmado al juez al frente de la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante el gobierno de Fernández. En ese expediente, el juez Roberto Boico también rechazó una recusación con el argumento de que no había elementos que probaran una enemistad manifiesta.La estrategia de la defensa del expresidente incluyó además pedidos para trasladar la causa de violencia de género a la justicia contravencional porteña, alegando que se trataba de un desprendimiento del caso de los seguros. No obstante, ese camino tampoco siguió su curso, y el expediente sigue bajo la órbita de la justicia federal.Con este fallo, Ercolini queda confirmado al frente de la investigación por violencia contra Yáñez. Se espera que en las próximas semanas se reprogramen las audiencias suspendidas a raíz de los distintos planteos recusatorios. Por ahora, la defensa de Fernández no informó si apelará esta última decisión ante una instancia superior.

La Cámara Federal volvió a rechazar un intento de Alberto Fernández para apartar al juez Ercolini

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) realizará este viernes un nuevo paro de 24 horas en todo el país, en el marco de una continuidad del plan de lucha que lleva adelante el gremio en reclamo de una mejora salarial y el rechazo del traspaso de la Justicia nacional al ámbito porteño.En Rosario, la seccional local ya confirmó su adhesión a la medida de fuerza y anticipó que el paro tendrá "fuerte impacto" en la actividad de la Justicia federal. Las principales dependencias afectadas serán los tribunales de bulevar Oroño al 900 y los de calle Entre Ríos al 400.“El viernes paramos 24 horas por el salario, contra el traspaso y en defensa del sistema jubilatorio”, ratificó la conducción nacional del gremio, encabezada por Julio Piumato, a través de sus redes sociales.La nueva medida de fuerza se definió pese a que la Corte Suprema de Justicia resolvió esta semana otorgar una suba salarial del 2,5% con retroactividad al 1° de marzo. Sin embargo, desde el sindicato calificaron el aumento como insuficiente. &nbsp;“Lo otorgado no es lo solicitado, seguimos perdiendo contra la inflación, por eso ratificamos el paro dispuesto para este viernes 23 de mayo”, expresaron en un comunicado.La protesta de este viernes se suma a las acciones que se llevaron adelante semanas anteriores. Vale recordar que el viernes pasado hubo un paro total, y este miércoles la UEJN organizó un "banderazo nacional" con cese de actividades de 10 a 12:30 en los tribunales del país. Algunas seccionales del interior, además, realizaron un "apagón informático".Piumato advirtió que la "pérdida salarial no se detiene" y volvió a criticar el impacto que está generando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal: "Ya está golpeando a la Justicia en varias partes de nuestro territorio".En este sentido, el gremialista subrayó su oposición al traspaso de competencias judiciales desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires. "El traspaso sigue siendo una 'espada de Damocles' sobre fueros enteros de la Ciudad", destacó. &nbsp;

Nuevo paro de judiciales con cese de actividad en todo el país este viernes

El Juzgado Federal N°2 de Salta resolvió este jueves el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero de 71 años imputado en la causa por el crimen de María Cash, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener su vinculación con el caso. La decisión fue comunicada oficialmente por la Justicia tras el análisis de informes periciales.Romero había sido acusado por el delito de homicidio calificado por alevosía, pero desde el 3 de diciembre de 2024 se encontraba con prisión domiciliaria debido a una enfermedad. Con esta resolución, queda desvinculado de la investigación.No obstante, el fiscal general de Salto, Eduardo Villalba, manifestó su disconformidad con la medida judicial y anticipó que presentará un recurso de apelación. Según Villalba, algunos elementos de prueba fueron "malinterpretados" y consideró que el fallo limita la posibilidad de avanzar hacia un juicio oral que podría arrojar luz sobre lo ocurrido con la joven diseñadora.A pesar de las objeciones del Ministerio Público Fiscal, el juzgado aseguró que la investigación fue llevada adelante de manera "rigurosa e imparcial".María Cash desapareció el 11 de julio de 2011 y fue vista por última vez en la provincia de Salta, cerca del santuario de la Difunta Correa, sobre la ruta 9/34. A más de una década de su desaparición, su paradero sigue siendo un misterio.El caso conmovió al país, no solo por las circunstancias que rodean su desaparición, sino también por el compromiso de su padre, Federico Cash, quién falleció en 2014 en un accidente automovilístico mientras seguía pistas sobre su hija.El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos certeros que permitan esclarecer el caso.

Caso María Cash: sobreseyeron al camionero Héctor Romero por falta de pruebas

Los diecisiete detenidos en el marco de la causa por malversación de fondos en la compra de combustible por parte de la Policía rosarina serán imputados este martes por la mañana.Se trata de los trece policías y cuatro civiles que fueron arrestados durante un operativo en el que se realizaron 36 allanamientos el 5 de mayo, en una medida ordenada por el fiscal José Luis Caterina. La audiencia imputativa, a cargo del juez de primera instancia Gustavo Pérez Urrechu, comenzó pasadas las 8:00, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.&nbsp;En cuanto a los uniformados detenidos se trata de Fabián F., jefe de Perros y Caballería; Gerardo R., jefe de Garaje de distribución de combustible de la Unidad Regional II; Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura; además de Juan Pablo O., Sergio Darío L., Mario B., Javier A., Jorge D., Fernando C., Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., Gustavo B. Otros tres efectivos fueron liberados en los últimos días, dos hombres y una mujer.&nbsp;Por otra parte, hay cuatro civiles Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R., señalados como involucrados en la maniobra a través de su vínculo con una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, lugar al que los efectivos acudían a cargar los patrulleros de la Jefatura regularmente. Estos son&nbsp;Según la acusación del fiscal Caterina, el modus operandi está asociado a la sobrefacturación de la carga de combustible destinado a patrulleros. De esta manera, el costo estimado del delito asciende a los 45 millones de pesos mensuales.A raíz de los resultados de la investigación que comenzó en julio de 2024, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino la Unidad Regional II por un plazo mínimo de noventa días y desplazó al jefe Daniel Acosta.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="53219,53220" data-title="Puede interesarte"></section>

Imputan a trece policías y cuatro civiles en la causa por malversación de fondos en la compra de combustible

Dos de los veinte detenidos en el marco de la investigación por malversación de combustible en la Jefatura de Rosario fueron liberados este viernes por la mañana.Se trata de los policías Francisco T. y Ramón S., quienes recuperaron la libertad luego de que Fiscalía constatara que no hubo pruebas que indiquen que ambos intervinieron directamente en la maniobra y que “no se advierte que puedan entorpecer la investigación”.Por otro lado, los dieciocho aprehendidos restantes serán llevado a audiencia imputativa este martes 13 de mayo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a partir de las 8:00. Dentro de los detenidos hay cuatro civiles y catorce policías, entre los que aparecen altos cargos de la Unidad Regional II de la ciudad.La investigación, a cargo del fiscal de la Oficina de Violencia Institucional, José Luis Caterina, lleva desarrollándose por 10 meses en la región y se destapó este lunes, luego de una serie de 38 allanamientos en los que se produjeron las detenciones.En este contexto, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino la Unidad Regional II por un plazo mínimo de noventa días mientras continúa esclareciéndose el caso que vincula a integrantes de la policía con una sobrefacturación de combustible por 45 millones de pesos mensuales.<section class="noteSuggested" data-id="53134,53105" data-title="Puede interesarte"></section>

Liberaron a dos de los policías detenidos por malversación de fondos para la compra de combustible

Este viernes los trabajadores judiciales nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizarán un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a reformas impulsadas en el sistema judicial. La medida afectará la actividad en los Tribunales Federales de Rosario, donde se prevé una alta adhesión por parte del personal sindicalizado.El eje central del conflicto gira en torno a las negociaciones paritarias. Desde el gremio sostienen que el poder adquisitivo de los empleados judiciales cayó un 31,26% en comparación con la inflación acumulada. El último ofrecimiento oficial, que contempla apenas un 2% de incremento retroactivo a febrero, fue considerado insuficiente por la conducción sindical.Además, la UEJN manifestó su oposición al proyecto de traspaso de sectores de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al advertir que ese proceso podría alterar las condiciones laborales de miles de trabajadores.Otro punto de tensión es la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Según el sindicato, la reforma se está llevando adelante sin una planificación adecuada, lo que podría comprometer su funcionamiento y generar mayor presión sobre el personal.Como antesala de la jornada de paro, este jueves se realizará un "banderazo" en distintas sedes judiciales del país, una modalidad habitual con la que la UEJN visibiliza sus reclamos.

Justicia

Cristina Kirchner, tras su condena: "El próximo miércoles me presentaré en Comodoro Py"

Santa Fe: allanamientos por amenazas al juez Rosatti tras la condena a Cristina Kirchner

Pullaro, sobre la condena a Cristina Kirchner: "Fue justicia, no proscripción"

Renunció el juez federal Marcelo Bailaque e irá a prisión domiciliaria si Nación acepta la salida del cargo

La Justicia condenó a la EPE a pagar $100 millones por un joven que murió electrocutado en Rosario

La Justicia desestimó denuncias de Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad

Causa por fentanilo contaminado: allanaron la sede central de Anmat

La Justicia pidió información de los teléfonos de Javier y Karina Milei por el caso $Libra

Pullaro declaró en el juicio contra los exjefes policiales Grau y Odriozola: "Yo tenía que hacer esa denuncia"

La Justicia condenó a 26 años de prisión a un hombre que contrató un sicario para matar a su expareja en Rosario

Juicio por la muerte de Maradona: la jueza Makintach renunció tras el escándalo por el documental grabado en Tribunales

Imputaron a la policía del 911 acusada de filtrar información a su novio preso por una balacera a un colectivo

La Cámara Federal volvió a rechazar un intento de Alberto Fernández para apartar al juez Ercolini

Nuevo paro de judiciales con cese de actividad en todo el país este viernes

Caso María Cash: sobreseyeron al camionero Héctor Romero por falta de pruebas

Imputan a trece policías y cuatro civiles en la causa por malversación de fondos en la compra de combustible

Liberaron a dos de los policías detenidos por malversación de fondos para la compra de combustible

Judiciales van al paro este viernes y repercute en los Tribunales Federales de Rosario

Más Leídas de Justicia

Santa Fe: allanamientos por amenazas al juez Rosatti tras la condena a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, tras su condena: "El próximo miércoles me presentaré en Comodoro Py"