Un joven de 19 años que le arrojó una molotov a un colectivo en la zona norte de Rosario con dos cómplices cuando era adolescente fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva.El detenido, identificado como Agustín Hoyos, fue acusado por la fiscal Laura Riccardo como coautor los delitos de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y daño agravado en concurso ideal con incendio agravado por la participación de menores de edad. El hecho ocurrió en enero de 2024, cuando los agresores le tiraron una botella incendiaria a una unidad de la línea 143 del Transporte Urbano de Pasajeros en Rondeau al 300, sin dejar heridos.Tras su detención minutos después del episodio, al entonces adolescente le secuestraron una mochila con notas amenazantes dirigidas al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con un celular, dos envases de vidrio vacíos y combustible. Luego, quedó bajo prisión preventiva y, una vez finalizado el plazo legal, la Justicia determinó la extención de la medida.Ahora, la jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese dictó una pena de cuatro años y seis meses de prisión preventiva para Hoyos, mientras continúan otras investigaciones por ataques y amenazas perpetuados durante los primeros meses de 2024.

Le tiró una molotov a un colectivo en zona norte cuando era adolescente y lo condenaron a cuatro años y medio de prisión

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron una denuncia penal contra el ministro de economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).El planteo apunta a la decisión de no aplicar desde enero el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que ya estaba técnicamente listo para entrar en vigencia.Según precisó Strada en su cuenta de la red social X, la presentación es “por violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”.&nbsp;La legisladora sostuvo que “Caputo incurrió en irregularidades varias” y recordó que “en primer término, ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”.En este sentido, afirmó que “en octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, y consideró que “se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad”.&nbsp;También advirtió que la supuesta manipulación “determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados”.Strada agregó que “el Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique”, e incluso "adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial". “De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, apuntó.Por último, remarcó que el IPC “constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional” y que el marco legal vigente garantiza la independencia técnica del organismo: “Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria <a href="https://twitter.com/gerpmartinez?ref_src=twsrc%5Etfw">@gerpmartinez</a> y <a href="https://twitter.com/PaulaPenacca?ref_src=twsrc%5Etfw">@PaulaPenacca</a>, esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo por violación de los deberes de… <a href="https://t.co/Gs90QawO1M">pic.twitter.com/Gs90QawO1M</a>— Julia Strada (@Juli_Strada) <a href="https://twitter.com/Juli_Strada/status/2022360073604075654?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2026</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Diputados de Unión por la Patria denunciaron penalmente a Luis Caputo por el IPC del INDEC

Una empresa santafesina dedicada a la panificación obtuvo un fallo favorable en los tribunales de Venado Tuerto tras demandar a Mercado Libre por la restricción de su cuenta en Mercado Pago.Se trata de Trinche SRL, titular de la Panadería Primavera, que había iniciado una medida autosatisfactiva para recuperar el acceso a más de 42 millones de pesos que habían quedado bloqueados en la plataforma.El expediente, caratulado “Trinche SRL c/ Mercado Libre SRL y otros s/ Medida Autosatisfactiva (Digital)”, fue resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación.Según la presentación judicial, los inconvenientes empezaron el 30 de octubre de 2025: la firma podía cobrar, pero no transferir dinero ni cumplir pagos a terceros, lo que derivó en demoras con proveedores, salarios, cargas sociales e impuestos. La pyme aseguró haber realizado reiterados reclamos por la aplicación y de manera presencial, incluso con intervención de un supervisor zonal, sin obtener solución.Con una facturación mensual cercana a los 25 millones de pesos y contratos de provisión tanto minorista como mayorista —entre ellos con el Ministerio de Educación de Santa Fe— la firma acudió a la Justicia bajo el patrocinio del abogado José María Conzoli, en representación de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). Mercado Libre, por su parte, sostuvo que la vía judicial no era procedente y que el planteo había quedado sin objeto porque la cuenta ya estaba habilitada al contestar la demanda.El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Walter Bournot y Gabriel Alberto Carlini, consideró que si bien la cuestión se tornó abstracta por la reactivación del servicio, fue la notificación de la demanda lo que impulsó esa decisión. Por este motivo impuso las costas del proceso a la empresa demandada. Aunque este conflicto específico quedó cerrado, la resolución deja abierta la posibilidad de un reclamo posterior por daños y perjuicios por el período en que los fondos estuvieron indisponibles.

Una panadería logró que la Justicia falle contra Mercado Libre por bloquearle fondos

El próximo 23 de febrero comenzará el juicio contra el influencer Felipe Pettinato acusado de haber provocado un incendio en su departamento el 16 de mayo de 2022, que terminó con la muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo.Las audiencias se llevarán a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. La fiscalía estará a cargo de Fernando Klappenbach y el tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. La familia de la víctima participará del proceso como querellante.El expediente está caratulado como estrago doloso seguido de muerte, delito que prevé una pena de entre 8 y 20 años de cárcel. De acuerdo con la investigación, el neurólogo había concurrido al departamento de Pettinato el día del hecho y, cerca de la medianoche, se inició el incendio que le provocó la muerte.Según la imputación, el acusado sabía “del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Comenzará el juicio contra Felipe Pettinato por el incendio en el que murió un neurólogo

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que avance con el decomiso de un amplio conjunto de bienes atribuidos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa vialidad.El planteo incluye 141 inmuebles, entre los que se encuentra el departamento de San José 1111 donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Asimismo, la lista incluye vehículos y dinero depositado en cuentas bancarias y cajas de seguridad.En la presentación, los fiscales remarcaron que, del total, 13 propiedades pertenecen a sociedades de la familia Kirchner y 128 están vinculadas a Báez, junto con 46 automotores, más de 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, casi un millón de dólares en una cuenta del Banco Galicia y una suma en pesos. También recordaron que los condenados fueron intimados a depositar $684.990.350.139,86 y que, según afirmaron, el plazo para hacerlo ya venció sin que se haya abonado el monto.Los fiscales sostienen que tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez demoraron el recupero de activos ordenado por la sentencia firme, lo que, según señalaron, demuestra falta de arrepentimiento y constituye un desconocimiento del principio de igualdad ante la ley. En este marco, insistieron en que se ejecute el decomiso como parte del cumplimiento de la condena.La medida se vincula con la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que a fines del año pasado fue señalada como el órgano encargado de administrar y eventualmente subastar los bienes. El monto originalmente fijado para el decomiso era de $84.835 millones, pero fue actualizado a casi $685.000 millones por peritos contadores, en base a criterios técnicos luego ratificados por el máximo tribunal.

Causa vialidad: los fiscales pidieron el decomiso del departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Causa vialidad: los fiscales pidieron el decomiso del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

Un policía que pertenecía a la Brigada Motorizada fue condenado a tres años de prisión efectiva por formar parte de un operativo ilegal en el que le plantaron un arma a un motociclista y lo detuvieron en el macrocentro de Rosario.Se trata de Bernardino Fernández, de 25 años, quien recibió la pena este martes en el Centro de Justicia Penal local por decisión del juez de Primera Instancia Lisandro Artacho. El ex agente deberá cumplir también con una inhabilitación absoluta por seis años en materia policial y una prohibición de 10 años para ejercer cargos públicos.El fiscal Pablo Socca le adjudicó al hombre los delitos en concurso real de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, robo agravado por ser funcionario público, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.De acuerdo al relato de Fiscalía, Fernández participó del hecho el 7 de diciembre de 2024 junto a otros policías, cuando demoraron a Milton P., un motociclista que circulaba sin DNI ni documentación del vehículo. Según la versión, la víctima fue obligada a que los llevara a su casa en Esmeralda al 2000 sin autorización judicial, golpearon a los presentes y se retiraron con dinero y celulares. También se llevaron bienes de otros domicilios linderos.Por otro lado, Socca afirmó que los autores del falso procedimiento le plantaron un revólver calibre 38 a la víctima y manipularon actas policiales para justificar la detención por portación ilegal de arma, resistencia a la autoridad y cohecho activo.

Tres años de prisión para un policía por la detención ilegal de un joven en República de la Sexta

Once policías del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada fueron imputados este jueves por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos durante la manifestación que tuvo lugar esta semana frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario.La instancia legal tuvo lugar sin juez esta mañana en el Centro de Justicia Penal local, en oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina le adjudicaron a los uniformados el abandono de sus funciones, en una audiencia que había sido notificada antes de la finalización de los reclamos salariales con patrulleros parados y sirenas encendidas en Ovidio Lagos y Juan María Gutiérrez. No obstante, los efectivos permanecen en libertad mientras la investigación avanza.Las imputaciones llegan tras la conferencia del gobernador Maximiliano Pullaro de este jueves en la que anunció la firma de un decreto para llevar el salario mínimo de la fuerza a 1.350.000 pesos, con subas en tarjeta alimentaria y mejoras en las condiciones de traslado.&nbsp;Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había confirmado la marcha atrás de los pases a disponibilidad de policías investigados por no cumplir con su trabajo durante las movilizaciones.<section class="noteSuggested" data-id="59175,59173,59162" data-title="Puede interesarte"></section>

Protestas policiales: imputaron a 11 agentes acusados de abandonar sus funciones

Condenaron a tres años de prisión en suspenso y a siete años y medio de inhabilitación para ejercer la medicina al anestesiólogo Mauricio Krause, por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que murió en julio de 2024 durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro.El tribunal determinó que el menor ingresó para una operación programada de hernia diafragmática y falleció como consecuencia de encefalopatía hipóxico-isquémica, provocada por la obstrucción del tubo endotraqueal que le suministraba oxígeno. La falta de ventilación generó un daño cerebral irreversible y un paro cardíaco. El niño murió una semana después.El juez consideró probado que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo, al no controlar de manera constante la respiración ni los signos vitales del paciente, una tarea que era de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, se acreditó que el monitor de oxígeno estaba desenchufado y que el médico utilizó su celular durante la intervención.Para el magistrado, la muerte del niño pudo evitarse y el anestesiólogo abandonó su rol de garante de la vida en el quirófano. Además de la condena, deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como presentarse mensualmente ante la Justicia y no cometer nuevos delitos.

Condenaron a un anestesiólogo por la muerte de un niño durante una cirugía

El clan Sena fue condenado a prisión perpetua este martes por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Chaco, a través de una audiencia virtual.La sentencia fue leída esta mañana por la jueza Dolly Fernández tras el juicio por jurados y tiene como principales acusados a César Sena, pareja de la víctima de 28 años, como autor del homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género; &nbsp;y su padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, señalados como partícipes primarios.&nbsp;A su vez, la magistrada dictó una pena de cinco años y diez meses de prisión para Gustavo Obregón, cinco años de prisión efectiva para Fabiana González; y dos años y diez meses de prisión en suspenso para Gustavo Melgarejo, todos implicados por encubrimiento. Por su parte, Griselda Reinoso recuperó la libertad tras quedar absuelta.&nbsp;De acuerdo a la versión de Fiscalía, Strzyzowski fue asesinada de forma planificada en la vivienda de los Sena entre las 12:16 y las 13:01, dentro de una de las habitaciones del lugar.Durante la instancia judicial, César Sena pidió no ser trasladado de su lugar de alojamiento debido a que tiene a “toda su familia radicada en la ciudad”. Emerenciano adhirió al pedido de su hijo y argumentó que una reubicación “sería una pena de muerte” ya que sus seres queridos son los únicos que pueden llevarle sus medicamentos. En cuanto a Acuña, consideró que su esposo fue condenado sin pruebas contundentes en su contra.

Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su oficina solicitó la revocatoria de la medida cautelar que había permitido la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los aliados más cercanos de María Corina Machado, menos de 12 horas después de haber recuperado la libertad tras permanecer ocho meses detenido.El Ministerio Público informó que pidió al tribunal competente que deje sin efecto la cautelar &nbsp;“por el incumplimiento de las condiciones impuestas”, aunque no precisó cuáles habrían sido violadas. Asimismo, tampoco se confirmó si Guanipa fue formalmente detenido otra vez ni su lugar de alojamiento, aunque se señaló la posibilidad de un arresto domiciliario.Desde la oposición, Machado denunció que Guanipa fue capturado alrededor de la medianoche en un barrio residencial de Caracas por hombres armados vestidos de civil que se movilizaban en varios vehículos. “Violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, expresó en la red social X.El hijo del dirigente, Ramón Guanipa, aseguró que su padre no incumplió las condiciones fijadas por la Justicia (presentarse mensualmente ante un tribunal y no salir del país) y afirmó que hasta el momento la familia no recibió información oficial sobre su paradero. Organismos de derechos humanos, como Foro Penal, manifestaron preocupación por la situación y reclamaron su inmediata liberación.

Venezuela: detuvieron nuevamente al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa horas después de su liberación

La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, solicitó la detención del empresario Luis Cavanagh, imputado por lesiones leves agravadas contras su ex pareja, la actriz Romina Gaetani.Según la fiscal, existen elementos suficientes para probar que existe un riesgo procesal y un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima. En este sentido, señaló que mantener la libertad del acusado podría derivar en la obstrucción de la causa y exponer a Gaetani a nuevos episodios de violencia.De acuerdo con la investigación, el hecho denunciado ocurrió en el lote 60 del Tortugas Country Club, cuando tras una discusión, Cavanagh habría arrojado al suelo a la actriz, la inmovilizó y luego la sacó de la vivienda. &nbsp;Gaetani relató que el conflicto se inició luego de que el empresario revisara su teléfono celular.Personal policial acudió al lugar del hecho tras un llamado al 911 y la víctima fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde se constataron escoriaciones, hematomas y cortes en distintas partes del cuerpo. La causa también sumó los distintos registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias psicológicas que describen una relación marcada por celos, control y violencia psicológica, además de elementos vinculados a la presunta tenencia irregular de armas por parte del imputado.

Piden la detención de Luis Cavanagh por violencia de género contra Romina Gaetani

Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado este lunes por &nbsp;asociación ilícita, fraude al Estado y sobornos. La decisión se inscribe en la causa por presuntas coimas en la repartición e incluye a otros 18 acusados.La determinación fue oficializada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le adjudicó al ex funcionario delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo, en el marco del caso que se destapó a mediados de 2025 a partir de la difusión de un audio.Spagnuolo encabeza la lista en la que también se encuentran nombres ligados a la agencia como Daniel Garbellin (ex subdirector)i; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian (operadores externos), además de otros empleados. Además, a Spagnuolo le embargarán un total de 202 mil millones de pesos. La misma medida será aplicada al resto de sospechosos y todos seguirán en libertad.Según el fallo del magistrado, ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”.Por otro lado, Casanello ordenó una serie de indagatorias a personas jurídicas de las droguerías Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA y Floresta SA-

Procesaron por asociación ilícita, fraude y sobornos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo

Marcelo Martínez (39), integrante de la barra de Rosario Central y primo del referente Martín “Pitito” Martínez, fue condenado a un año y seis meses de prisión tras reconocer que robó objetos personales de Daniel “Rana” Attardo, asesinado junto a Andrés “Pillín” Bracamonte el 9 de noviembre de 2024, en las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito.El acuerdo fue sellado entre su defensa y los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra por el delito de hurto agravado, y quedó homologado por el juez González Fernández Bussy. En paralelo, la Fiscalía resolvió archivar la imputación por encubrimiento agravado que pesaba sobre el acusado.Pese a la condena pactada, Martínez continuará detenido debido a antecedentes penales. Según la investigación, cámaras de seguridad lo registraron en el ingreso del Hospital Centenario apoderándose de la riñonera de Attardo en medio de la conmoción posterior al ataque armado.Para la Fiscalía, la maniobra ocurrió cuando las víctimas ya habían sido atacadas a balazos y complicó la recuperación de pruebas clave para la causa que investiga el doble homicidio, expediente que aún tiene detenidos y un prófugo.

Condenan a un barra de Central por robar pertenencias tras el doble crimen de Pillín Bracamonte y Rana Attardo

La Justicia de Brasil ordenó liberar este viernes a Agostina Páez, la abogada argentina que había sido detenida acusada de un hecho de racismo en Río de Janeiro.La mujer permanecía alojada en una comisaría a la espera de ser trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu. Finalmente, con esta decisión, continuará el proceso judicial en libertad, con tobillera electrónica.Páez está imputada por el delito de injuria racial, una figura que en Brasil contempla penas de entre dos años y cinco años de prisión. La causa comenzó a partir de un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a la joven realizando gestos racistas contra empleados de un bar.La medida fue concedida luego de un planteo de la defensa, que consideró desproporcionada la prisión preventiva solicitada por la fiscalía. Mientras la investigación continúa en trámite, la acusada permanecerá bajo control electrónico y a disposición de la Justicia brasileña, a la espera de nuevas resoluciones.

La Justicia de Brasil liberó a la abogada argentina acusada de racismo y seguirá el proceso con tobillera

La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no está probada la postura de que la donación del sable al Museo fuese “con cargo” y avaló el decreto presidencial 81/2026 que autoriza su traslado. El sable, que ya estuvo en el Regimiento de Granaderos entre 1967 y 2015, volverá al cuartel este sábado a las 7 de la mañana, y por la tarde el presidente Javier Milei encabezará el acto en el Campo de la Gloria, con desfile cívico y militar.La magistrada solicitó además informes a organismos estatales y a instituciones especializadas sobre las medidas de conservación del sable, dejando abierta la posibilidad de que regrese al museo si se comprueba que la donación original imponía condiciones de custodia.Históricamente, el sable corvo fue entregado por San Martín a Juan Manuel de Rosas en 1845, pasó por robos en los años 60 y estuvo resguardado en el Regimiento de Granaderos hasta su restitución al Museo en 2015, medida que generó tensiones con el Ejército.

La Justicia habilitó el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

El hombre que asesinó a puñaladas a la ex pareja de su concubina en barrio Belgrano el pasado 28 de enero fue imputado este martes y quedó en prisión preventiva efectiva por seis meses por decisión del juez Federico Rébola.Se trata de Patricio Román Vega, de 36 años, autor del crimen de Eloy Guillermo Asnes el pasado miércoles en Marcos Paz al 6900. La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la causa fue caratulada como homicidio simple.De acuerdo con el relato expuesto por el fiscal Patricio Saldutti, el agresor discutió con la víctima de 37 años cuando este fue a buscar a sus dos hijos menores de edad a la casa de su ex pareja. Luego, tomó un cuchillo en el interior del domicilio y apuñaló al padre de los nenes en el tórax frente a ellos.En el marco de la instancia judicial, el magistrado rechazó las peticiones de la defensa de rotular el caso como un ataque en legítima defensa y de mantener la libertad. También denegó salidas provisorias para asistir a su empleo.<section class="noteSuggested" data-id="59024" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;

Seis meses de prisión preventiva para el hombre que asesinó a la ex pareja de su novia en barrio Belgrano

El empleado de un supermercado chino de Corrientes al 5300 que descubrió a un &nbsp;hombre tratando de robar un fernet y lo dejó grave tras una pelea fue imputado este lunes en Rosario y quedará preso.La audiencia tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal local, donde la fiscal Noelia Navone le atribuyó a Xiong W., de 40 años y origen chino, el delito de lesiones graves dolosas por el episodio que sucedió el pasado jueves 29 de enero en un comercio del barrio Tiro Suizo, en la zona sur de la ciudad.&nbsp;De acuerdo al relato sobre el hecho, el trabajador del minimercado tuvo un enfrentamiento con Andrés C., de 37 años, acusado de robar bebidas alcohólicas en el mismo lugar con anterioridad. Durante la secuencia, el ladrón cayó al piso y Xiong lo golpeó con el puño y con la botella de vidrio &nbsp;en la cabeza, según captaron las cámaras de videovigilancia del lugar.La jueza María de los Ángeles Granato rechazó una petición de la defensa y dictó prisión preventiva efectiva por un mes para el imputado. Durante la audiencia, un traductor hizo de intermediario con el acusado.Por su parte, Andrés C. permanece internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) producto de un traumatismo de cráneo severo.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="58926" data-title="Puede interesarte"></section>

Imputaron al empleado de un supermercado chino de zona sur que golpeó a un ladrón de fernet y lo dejó grave estado

Un tribunal oral de Rosario condenó a prisión perpetua a Miguel Alejandro Martínez por el asesinato de su compañero de trabajo José Sofiudin Jahri, ocurrido en diciembre de 2022 en una panadería de zona sur.Los jueces entendieron que el acusado actuó con alevosía al atacar a la víctima mientras dormía con un balde lleno de grasa a más de 100 grados, sacada de una freidora. El contenido fue volcado sobre la cabeza y el cuerpo de Sofiudin Jahri, sin darle oportunidad alguna de defenderse. Luego, el atacante escapó en motocicleta.La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permaneció internado durante más de dos semanas, hasta que falleció el 24 de diciembre como consecuencia de infecciones y fallas orgánicas provocadas por la gravedad de las quemaduras.El agresor fue identificado rápidamente a partir del seguimiento de la motocicleta utilizada en la fuga y del análisis de las cámaras de seguridad. Martínez fue detenido en febrero de 2023 en la zona sudoeste de Rosario, tras un operativo policial.Además del homicidio, la condena incluyó hechos de amenazas coactivas contra una expareja los días 17, 21 y 31 de enero de 2023 del acusado mientras permanecía prófugo.

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