La Cámara Federal porteña ratificó este jueves la validez del procedimiento que impulsa la elevación a juicio de la causa en la que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presunta violencia de género hacia su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yañez.La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, con los votos de los jueves Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico se pronunció en disidencia.La abogada del expresidente, Mariana Carreira, había solicitado anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y la querella particular. En este sentido, argumentó que la presentación de Yañez se hizo fuera de término y que la prórroga concedida para hacerlo fue "irregular".Irurzun y Farah rechazaron los planteos al sostener que, en materia de nulidades, “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se acreditó “un perjuicio concreto para la defensa”. Recordaron además que los cuestionamientos “ya habían sido tratados y desestimados” por el mismo tribunal, y subrayaron que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.Por su parte, el juez Boico votó en disidencia y planteó que debía declararse la nulidad de la acusación presentada por la querella de Yañez, por haber sido presentada fuera del plazo legal. También advirtió que el cierre de la instrucción se dispuso “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”, lo que, según su criterio, implicó “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.

La Cámara Federal confirmó el avance hacia el juicio oral contra Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yañez

El intendente Pablo Javkin rompió el silencio este jueves sobre la denuncia de Provincias Unidas contra el bloque político Fuerza Patria por el financiamiento de propaganda política digital con fondos de la Asociación Civil 29 de Abril, creada para asistir a damnificados por las inundaciones de 2003.El jefe municipal de la ciudad habló esta mañana sobre el hallazgo de una suma que asciende a los 21 millones de pesos que, según el Centro de Transparencia de Google, fue aportada desde la ONG para la difusión de avisos electorales de la lista encabezada por la diputada electa Caren Tepp.&nbsp;En primer lugar, Javkin afirmó: “Yo espero que la Justicia avance rápido porque el hecho es muy contundente, pero quiero dejarlo claro porque a veces esto se mezcla con disputas electorales. No estamos suponiendo un hecho, se encontró un aporte directo”.Luego, el funcionario apuntó contra Fuerza Patria y aseguró que “estas son las consecuencias de juntarse con determinadas personas, eso es lo que acá se comprobó". También, agregó: "Espero que se aclare y que haya una respuesta que no tenga que ver con cuestiones de posicionamiento partidario, porque es gravísimo lo que ha sucedido”.Por otra parte, el intendente remarcó la importancia de que la investigación esclarezca “cuál es el origen de esos fondos” y “cómo los recibió”. En la misma línea, agregó: “Lo más grave es el destino, porque era plata que estaba destinada al fortalecimiento del trabajo de esa fundación que se usó en forma directa en una campaña electoral para pautar avisos”.En la misma línea, el mandatario remarcó: “Es muy contundente, es una prueba de recepción de dinero en blanco. No estamos hablando de una suposición o de que una fundación tenga una simpatía política, porque de eso están en su derecho, acá hay funcionarios públicos”.&nbsp;“Los avisos benefician a la candidata Tepp, espero que ellos mismos también impulsen esa investigación porque realmente es gravísimo”, sentenció Javkin.<section class="noteSuggested" data-id="57001" data-title="Puede interesarte"></section>

Javkin y la denuncia a Fuerza Patria por financiamiento de campaña desde una ONG: "Es gravísimo"

En una audiencia realizada este martes en los Tribunales Federales de Rosario, el juez con funciones de Garantía, Román Lanzón, homologó un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas, mediante el cual condenó al funcionario de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Santiago Hernán Romero a 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de inhabilitación especial por el doble de tiempo.La sentencia lo declaró coautor de abuso de autoridad y hurto agravado por haber sido cometido por un funcionario público, y autor de coacciones. El fallo se enmarca en un juicio abreviado, figura que agiliza los procesos penales cuando las partes acuerdan la pena.El fiscal federal Federico Reynares Solari, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, fue quien llevó adelante la acusación. Según la investigación, el hecho ocurrió el 22 de julio de 2025, a las 22.45, en inmediaciones de Bouchard y Servellera, en la zona noroeste de Rosario.Aquella noche, Romero junto a los también gendarmes Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales, detuvieron sin motivo legal a una familia —una pareja y sus dos hijos de seis años y siete meses—, los hicieron descender del vehículo y lo requisaron, pese a que ya habían sido identificados. Según la fiscalía, ese accionar constituyó un abuso de autoridad que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.Durante la requisa, uno de los gendarmes sustrajo dinero del interior del vehículo y luego el grupo regresó a la camioneta oficial, retirándose del lugar “con el producto del ilícito”. Las víctimas denunciaron el hecho en un puesto de la GNA ubicado en Sorrento y Cullen, y horas después reconocieron a los uniformados cuando estos regresaron a la base de la fuerza en el Club Atlético Sparta, en Machain y Maciel.El agravante fue que Romero intentó coaccionar a la familia: según el legajo, ofreció devolver el dinero a cambio de que desistieran de radicar la denuncia formal.Por el mismo hecho, Pacheco, Santillán y Torales también fueron condenados en otro acuerdo abreviado a 2 años de prisión condicional y doble inhabilitación, como coautores de abuso de autoridad y hurto agravado.Además, los cuatro deberán abonar $50.000 a las víctimas en concepto de reparación económica y cumplir reglas de conducta durante dos años, entre ellas fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de acercarse o contactar a las víctimas por cualquier medio.Inicialmente, el expediente había sido tramitado en la Justicia Provincial, pero el MPF logró que se reconociera la competencia federal. En una audiencia realizada el 5 de agosto, el juez provincial de Garantías remitió el caso al fuero federal, tras la solicitud del fiscal Reynares Solari.El fiscal destacó que este fallo representa “un cambio de temperamento institucional”, al señalar que “el Ministerio Público Fiscal va a defender, cuando corresponda, la competencia federal y su capacidad de intervenir en múltiples conflictos”.De este modo, el caso no solo pone en evidencia una grave violación a los deberes de funcionario público, sino que también abre un precedente sobre la intervención del fuero federal en casos de corrupción y abuso cometidos dentro de las fuerzas de seguridad.El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de revisar los protocolos de actuación y control interno dentro de la Gendarmería, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones depende, más que nunca, de la transparencia y la rendición de cuentas.

De custodios a condenados: cuatro gendarmes sentenciados por abuso, robo y amenazas en Rosario

El adolescente de 16 años acusado de cometer la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) fue imputado por tentativa de homicidio este fin de semana.Se trata de L. G. I., menor que se entregó días atrás como presunto gatillero que junto a un cómplice balearon el establecimiento de salud de Pellegrini y Crespo el 16 de octubre, instancia en la que no dejaron heridos y arrojaron una nota intimidante. En una audiencia realizada este sábado, el fiscal Ernesto Ducasse le adjudicó al detenido la autoría del ataque y el juez Estanislao Surraco dictó prisión preventiva por ocho meses.A su vez, el juez Rodrigo Santana determinó que los otros tres aprehendidos por el episodio, identificados como Emanuel Oscar Perichón (30), Fabián Gabriel Espinosa y Roque Ismael Fernández (32), deberán cumplir con prisión preventiva por cuatro meses, por el delito de encubrimiento. Los hombres habían sido detenidos el día después de la balacera en Seguí y las vías férreas, mientras quemaban la moto que utilizaron los gatilleros.Por otro lado, este viernes en la zona oeste de Rosario se llevaron a cabo allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI) en los que se incautaron múltiples celulares y prendas de vestir de interés para la causa. Los procedimientos solicitados por el fiscal Tassini fueron realizados en &nbsp;Dean Funes al 4400, Felipe Moré al 4300 y en la zona de las vías férreas, barrio Triángulo.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="56895,56862,56787" data-title="Puede interesarte"></section>

Prisión preventiva por tentativa de homicidio para el menor que se entregó como autor de la balacera al Heca

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que llevó adelante el juicio por la causa Vialidad, será el encargado de llevar adelante el multimillonario decomiso ordenado en la sentencia que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez.El monto actualizado del decomiso asciende a 684.990.350.139,86 pesos, y deberá cumplirse de manera solidaria entre todos los condenados del caso. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron los recursos de las defensas que pretendían apartar al TOF 2 de la ejecución.Las defensas de Cristina Kirchner y Báez habían planteado que el tribunal no era competente para concretar el decomiso. En el caso de la ex presidenta, se argumentó que el tema debía realizarse en el fuero comercial federal. Por su parte, Báez sostuvo que sus bienes ya estaban bajo medidas cautelares dictadas por el Tribunal Oral Federal 4, en el marco de la causa “la ruta del dinero”.Sin embargo, Casación desestimó esos argumentos y confirmó que la ejecución seguirá bajo la órbita del TOF 2, con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la acusación durante el juicio oral.En su voto, el juez Hornos señaló que el decomiso “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal” y remarcó que los magistrados tienen la obligación de “proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las ganancias que son el producto o provecho de ese delito”.El juez Borinsky, en tanto, subrayó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.

Causa Vialidad: rechazaron los últimos planteos de Cristina Kirchner para evitar el decomiso fijado en la sentencia

El joven de 26 años que chocó alcoholizado en lancha contra otra embarcación cerca del arroyo Ludueña e hirió a una familia fue imputado por lesiones graves y leves culposas este jueves al mediodía.&nbsp;Guillermo De Genaro fue llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el siniestro ocurrido el 10 de octubre en el kilómetro 426 del río Paraná, cuando embistió la lancha en la que viajaba un matrimonio y tres menores, mientras conducía con 1.33 gramos de alcohol por litro de sangre cerca del camping de Municipales y de la guardería Puerto del Sol.A raíz del siniestro, un nene de 10 años fue internado en el Sanatorio de la Mujer con fracturas de coxis y pelvis. Además, una adolescente de 13 años sufrió politraumatismos y su padre terminó con una fractura de tabique.En la instancia judicial de este jueves, la jueza Paola Aguirre dictó dos prohibiciones para para el joven. En primer lugar, no podrá circular en vehículos motorizados por un plazo de seis meses. A su vez, no podrá acercarse al río.&nbsp;Por su parte, la fiscal Mariela Oliva brindó declaraciones tras la audiencia y, al referirse a las medidas que cayeron sobre el timonel que cometió el choque, aclaró: “Tiene el fin de que no conduzca ningún tipo de vehículo que tenga motor, esto implica lanchas y automóviles. Se solicitó por el plazo máximo de ley y se puede renovar”.<section class="noteSuggested" data-id="56695,56606" data-title="Puede interesarte"></section>

Imputaron al joven que chocó una lancha alcoholizado e hirió a una familia cerca del arroyo Ludueña

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones este jueves sobre la causa por el crimen de Lucas Cicarelli en la costanera central de Rosario y abordó la posible inimputabilidad de uno de los detenidos.El titular de la cartera provincial habló esta mañana en exclusiva con Mauro Yasprizza de Radio Mitre Rosario acerca del asesinato que ocurrió el 19 de octubre en Moreno y el río Paraná, cuando dos delincuentes abordaron a una pareja con intenciones de robo y, tras un forcejeo, el joven de 30 años cayó por la barranca y murió.Este miércoles se llevó a cabo la audiencia contra los dos detenidos, donde Andrés Rodrigo Frontera (38) quedó en prisión preventiva por el plazo de ley tras ser imputado por homicidio en ocasión de robo. No obstante, Pablo Ismael Ibáñez (30), acusado por el asesinato y señalado por Fiscalía como el portador de un arma de fuego utilizada en el hecho, no recibió imputación debido a que se determinó que no comprende la criminalidad de sus actos. Será sometido a nuevos estudios.En un análisis sobre la situación, Cococcioni señaló: “En este caso no empezaría diciendo ‘¿cómo podemos hacer para ayudar a que esta gente se recupere en su subjetividad?’, tenemos que establecer cuál es la respuesta del sistema penal”.“Tenemos dos puertas. En una te pueden reprochar tu participación en un delito, cumplís una condena y vas a la cárcel. En la otra tuviste una alteración morbosa de tus facultades, no pudiste comprender la criminalidad de tu acto y te dan una medida de seguridad", aclaró el ministro. Luego, respecto a la segunda alternativa, remarcó que "también vas a la cárcel pero no por un plazo determinado, vas por tiempo indeterminado hasta que un informe de peritos certifique que desaparecieron las causas que te hicieron peligroso”.En este sentido, el funcionario consideró que si el sistema es bien aplicado “uno no zafa declarándose inimputable”. Luego, agregó: “Ahora escuchamos las voces que dicen que desde la salud mental hay que mandarle un acompañante terapéutico a la casa o enviarlo al Agudo Ávila o Colonia de Oliveros, y esto no es aceptable porque el Código Penal ordena que el juez imponga la reclusión al inimputable, privada de la libertad en un lugar que no pueda salir”.Luego, Cococcioni sentenció que “a la familia y a la sociedad se le tiene que dar una respuesta". En la misma línea, reiteró: "O es imputable y va preso con una pena o es inimputable y va a la cárcel a cumplir una medida de seguridad hasta que estemos seguros que no es peligroso”.En relación a la situación de Ibañez, quien cuenta con antecedentes por distintos delitos en el último año, el ministro puntualizó: “Uno puede tener más o menos nivel intelectual y no hay problema, pero salir con un arma a robar es un delito contra la propiedad porque el que roba quiere hacerse de los bienes ajenos y usa la violencia como medio, no es que el tipo se cree Napoleón y va a Waterloo”.“Un ladrón con pocas luces no es necesariamente inimputable, eso hay que evaluarlo correctamente. No vaya a ser que terminemos aplicando un sistema de medidas de seguridad a alguien que debería hacerse responsable por sus delitos”, concluyó el funcionario.<section class="noteSuggested" data-id="56837,56846,56785" data-title="Puede interesarte"></section>

Cococcioni, sobre la inimputabilidad y el crimen de Lucas Cicarelli: "Se le tiene que dar una respuesta a la familia"

El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, apuntó duramente contra el sistema judicial tras el homicidio de Lucas Cicarelli, el joven que perdió la vida este fin de semana tras ser empujado por la barranca de la costanera central de Rosario durante un intento de robo.Angelini cargó la responsabilidad del hecho en el “garantismo judicial”, luego de conocerse que Ismael Ibáñez, uno de los detenidos por el caso, había sido aprehendido catorce veces en el último año y, a pesar de contar con ese antecedente, se encontraba en libertad. “La muerte de Lucas no es una tragedia aislada, es la crónica de un asesinato anunciado por la impunidad garantista”, expresó.El funcionario consideró que la situación “no es un error del sistema”, sino una consecuencia directa del modelo judicial que, según su mirada, “protege al criminal por encima de los ciudadanos”.“Acá no se falló por falta de legislación o porque las fuerzas de seguridad no estén. Esto es el sistema que el falso progresismo defiende: uno que desarma a la policía y protege al criminal. El zaffaronismo es un sistema que durante muchos años le hizo daño a Rosario”, afirmó.Angelini remarcó que las detenciones reiteradas de Ibáñez no fueron suficientes para que la Justicia ordenara su prisión preventiva. “Si vos tenés un delincuente que detuvieron catorce veces y catorce veces liberaron, y en ningún punto se te ocurre como fiscal o como juez que ese individuo no debe estar en la calle, se acabó, le fallás por completo a la gente de bien”, expresó.El subsecretario también cuestionó la aplicación del concepto de “reincidencia” como excusa para no dictar prisión preventiva, y sostuvo que la legislación santafesina ya prevé herramientas para hacerlo. “La herramienta legal para evitar esto existe y se llama reiterancia. El Código Procesal de Santa Fe es claro: permite encarcelar preventivamente a quien tiene pluralidad de imputaciones. La ley estaba”, &nbsp;aseguró.En esa misma línea, señaló: “Si el fiscal de turno no usó esa herramienta, o si el juez miró para otro lado y prefirió soltarlo, esa inacción permitió que este asesino estuviera libre para matar. Sus decisiones le costaron la vida a Lucas y le generaron un daño irreparable a todos sus seres queridos”.Finalmente, el funcionario concluyó: “Sabemos que hay buenos jueces y fiscales. Pero también hay un resabio garantista agazapado que no quiere dejar de imponer sus ideas zaffaronistas. Son esas ideas las que tanto daño han causado a la ciudad y al país, y las que priorizan al delincuente por sobre los ciudadanos de bien”.

Angelini apuntó contra el “garantismo judicial” por el crimen de Lucas Cicarelli en Rosario

Pablo Daniel Laurta, señalado como el autor del doble femicidio que conmocionó a Córdoba hace poco más de dos semanas, será indagado este jueves a las 11 en los Tribunales II de la capital cordobesa, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF).La audiencia se llevará adelante de manera presencial, a pedido de su defensora pública, Alfonsina Muñiz, quien había solicitado que el imputado pueda prestar declaración personalmente ante el fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de 2º Turno.Laurta se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje, donde fue alojado desde su captura en Entre Ríos, y deberá ser trasladado a Córdoba para la declaración.El hombre, de nacionalidad uruguaya, está acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), en concurso con homicidio criminis causa y sustracción de persona menor de edad. Los delitos contemplan pena de prisión perpetua.Además, enfrenta otra imputación por homicidio en Entre Ríos, donde fue detenido luego de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacios, mientras intentaba escapar con su hijo.Luna Giardina (26) había denunciado reiteradamente a Laurta por violencia física, psicológica y sexual desde octubre de 2023. La Justicia le otorgó botón antipánico y restricción de acercamiento, pero el acusado violó ambas medidas a comienzos de este año, por lo que fue detenido brevemente.Una pericia psicológica determinó entonces que comprendía la criminalidad de sus actos y no representaba peligrosidad, motivo por el cual recuperó la libertad en febrero de 2024.<h3>El crimen</h3>El 11 de octubre, el acusado viajó desde Uruguay e ingresó al país por un paso ilegal. Horas después irrumpió en la casa de su expareja, en barrio Villa Serrana, donde asesinó de un disparo en la cabeza a Luna y a su madre, Mariel Zamudio (53). Laurta escapó con el hijo que tenía en común con la joven.Fue capturado en la provincia de Entre Ríos y el niño quedó bajo la custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Pablo Laurta será indagado este jueves por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre en Córdoba

Pablo Ismael Ibáñez, uno de los detenidos por el asesinato de Lucas Cicarelli en la costanera central, fue declarado inimputable este miércoles por la Justicia.La audiencia fue llevada a cabo este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario y se determinó que el detenido de 30 años no comprende la criminalidad de sus actos, por lo que será sometido a nuevos estudios.&nbsp;Ibañez fue aprehendido por el hecho este lunes a la mañana en Garibaldi al 6000. Tenía 14 antecedentes de detenciones en los últimos 12 meses por robos, amenazas y agresiones. De acuerdo a la versión de Fiscalía, portaba el arma en la mano durante el crimen ocurrido este 19 de octubre en Moreno y el río, cuando los dos delincuentes abordaron a la víctima con intenciones de robo mientras tomaba algo con su pareja. Cicarelli cayó al vacío y murió.La fiscal Agustina Eiris del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas brindó declaraciones esta mañana tras la instancia judicial y explicó que Ibáñez “tenía antecedentes de salud mental". En este sentido, detalló: "Se debe solicitar que ingrese a la órbita del Servicio Penitenciario con custodia y esperar el informe de la junta médica forense para determinar si comprende o no comprende”.Por el mismo hecho fue imputado Andrés Rodrigo Frontera, de 38 años, por homicidio en ocasión de robo. El detenido quedó en prisión preventiva por el plazo de ley. “La novia hizo referencia a que ambas personas ejercieron violencia sobre la víctima, que derivaron en su caída por la barranca”, aclaró la fiscal.<section class="noteSuggested" data-id="56785,56768" data-title="Puede interesarte"></section>

Declararon inimputable a uno de los acusados por el crimen de Lucas Cicarelli

El Gobierno de Santa Fe reveló que lleva más de 700 fallos favorables en la Justicia ante hábeas corpus presentados por narcotraficantes.La cifra fue confirmada a través del equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad. En este sentido, la estadística abarca los últimos 20 meses, incluyendo la modificación de la Ley Penitenciaria.En este sentido, en diciembre de 2023 se creó la figura del “interno de alto perfil” y los controles dentro de los establecimientos carcelarios fueron endurecidos. María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, brindó declaraciones al respecto y explicó: “Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”.A su vez, desde la cartera de Seguridad mencionaron: “En Rosario y en otras ciudades de la provincia, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, apuntaron fuentes del Ministerio.Por otra parte, el Ejecutivo provincial subrayó la importancia de los operativos de inactivación de búnkeres en el territorio, alcanzando los 78 derrumbes y cerramientos producto de la Ley de Microtráfico en Santa Fe, de los cuales 50 ocurrieron en Rosario.

La provincia registró más de 700 fallos favorables frente a hábeas corpus presentados por narcotraficantes

La Comisión Investigadora de Fentanilo Contaminado definió que su próxima reunión será el 3 de noviembre en Rosario, en respuesta al pedido de familiares de las víctimas. El encuentro estará encabezado por la presidenta del cuerpo, la diputada nacional Mónica Fein, y tendrá como objetivo avanzar con la redacción del informe final sobre el caso.Rosario fue elegida como sede por ser la ciudad con mayor número de fallecimientos (al menos 30 de las 124 muertes registradas) y donde también se detectaron varios hospitales afectados por la circulación del medicamento adulterado.La comisión ya mantuvo reuniones con familiares de víctimas y especialistas del Hospital Italiano de La Plata, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y expertos en farmacología. Además, se solicitó información a la Anmat sobre sus mecanismos de control y supervisión.El cuerpo legislativo busca ahora cerrar las últimas audiencias y producir una serie de propuestas concretas dirigidas a prevenir tragedias similares y determinar posibles responsabilidades administrativas y políticas.

La comisión que investiga las muertes por fentanilo contaminado sesionará en Rosario

En el marco de la causa judicial que investiga a una presunta red de corrupción judicial vinculada al narcotráfico, este jueves Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la sede de la constructora Edeca y en domicilios vinculados a sus directivos. El principal implicado en este proceso judicial es el exjuez federal Marcelo Bailaque.Según la hipótesis de la fiscalía, Edeca habría dejado de ser investigada en una causa penal tributaria luego de que el directorio le cediera a Bailaque un lote valuado en más de 150 mil dólares en un barrio cerrado de Funes, que figura a nombre de su esposa por un monto muy inferior al real.La pesquisa se intensificó tras la aparición de un nuevo arrepentido, el empresario financiero Marcelo Whpei, que se sumó al exjefe regional de la Afip Rosario, Carlos Vaudagna, en señalar maniobras de extorsión y dádivas.Bailaque permanece con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral, acusado de integrar una asociación ilícita junto a Vaudagna y Whpei para extorsionar empresarios rosarinos. También enfrenta cargos por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas y lavado de activos.Como parte de la investigación, Gendarmería allanó además el despacho del juez federal Gastón Salmain y el estudio del escribano Santiago Busaniche.Fiscalía busca ahora consolidar pruebas sobre un presunto intento de extorsión al financista Claudio Iglesias, a quien le habrían exigido 200 mil dólares para detener una causa en su contra por evasión fiscal.

Caso Bailaque: allanaron una constructora y el despacho de un operador judicial en Rosario

El caso del crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Central que fue asesinada de un piedrazo tras un clásico rosarino el 30 de septiembre de 2023, avanza este martes con la audiencia preliminar de cara al juicio oral que tendrá lugar en marzo o abril de 2026.El encuentro comenzó a las 8:00 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde las partes presentan a sus testigos, pruebas, lectura de cargos y defensas que serán desarrollados en el debate oral y público.&nbsp;En este marco, los tres detenidos imputados por el asesinato ocurrido en Ovidio Lagos y Montevideo, Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José Massón, fueron citados y participaron a través de videoconferencia desde las cárceles de Coronda y Piñero. Por &nbsp;su parte, familiares de la víctima acudieron presencialmente.El fiscal Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pide una pena de 30 años de prisión para los acusados como coautores de homicidio simple agravado en ocasión de espectáculo deportivo. En cuanto a la querella, el abogado Marcelo Cella exige una condena de 33 años.Días atrás, el abogado de Reifenstuel, Pablo Bedouret, solicitó que su defendido sea sometido a un estudio oftamológico y alegó que el detenido que estuvo prófugo en Bolivia tiene problemas de visión. De hecho, el letrado pide su absolución. No obstante, el juez Fernando Sosa no dio lugar a una posible postergación de la audiencia preliminar de esta mañana para realizar el análisis ocular.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="54494,54460" data-title="Puede interesarte"></section>

La causa por el crimen de Ivana Garcilazo avanzó con la audiencia preliminar al juicio

La causa por el crimen de Ivana Garcilazo avanza con la audiencia preliminar al juicio

El Gobierno de Santa Fe completó la aplicación de los juicios por jurados en la provincia con la llegada del sistema a Rosario desde el 1° de octubre pasado.Se trata del proceso por el cual se convoca a un tribunal compuesto por ciudadanos que decidirán por la culpabilidad o no del o de los acusados. Los participantes deben analizar los hechos denunciados que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.La medida comenzó a regir el año pasado en la Circunscripción Judicial N° 5 con sede en Rafaela; luego siguió con la Circunscripción Judicial N° 4 con sede en Reconquista; y la N° 3 con sede en Venado Tuerto. En este 2025, se sumaron la Circunscripción N° 1 de Santa Fe Capital y, por último, y la Circunscripción N° 2 de Rosario.El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, habló al respecto y detalló: "A partir de la entrada en vigencia, en cada circunscripción todos los casos penales por los delitos que establece la ley, que usualmente son los delitos más graves o de mayor conmoción social, las acusaciones que se presenten con posterioridad, van obligatoriamente a juicio por jurados”.En este sentido, los casos que estarán contemplados por el sistema serán los homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); los casos de abusos sexuales seguidos de muerte (art. 124 del CP); el robo calificado por homicidio (art. 165 del CP) y aquellos casos que involucren a personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento.&nbsp;Por otro lado, Cococcioni subrayó que “el objetivo es acercar la justicia a la gente, generando mayor confianza en las instituciones y garantizando que la voz de la ciudadanía forme parte activa en la resolución de los casos más relevantes”.&nbsp;

La provincia completó con Rosario la implementación del juicio por jurados en Santa Fe

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este martes al diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, en una causa que tramita el juzgado a cargo de Lino Mirabelli.La acusación se enmarca en una investigación sobre los 200.000 dólares que el legislador habría recibido en 2020 de parte del empresario Federico "Fred" Machado, detenido por narcotráfico y que será extraditado a Estados Unidos.La denuncia señala que Espert percibió "al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico", según consta en el expediente. El fiscal Domínguez centró su imputación en una presentación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, y en documentación periodística que detalla movimientos financieros presuntamente irregulares.En este sentido, tras negar en reiteradas oportunidades haber recibido el dinero, Espert reconoció finalmente la transacción, aunque indicó que se trato de un “pago por asesoría a una empresa minera de Guatemala”.Por su parte, el propio Machado confirmó la entrega del dinero y dio su versión: “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?, me pidió", contó el empresario que le pidió Espert. “La idea de apoyarlo en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’.”Machado agregó que el contrato con Espert se firmó en 2019 y que la transferencia se realizó al año siguiente desde Aircraft Guaranty. “Lo contraté como para darle una mano. Me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, declaró.Según el empresario, el monto total pactado podría haber alcanzado entre 500.000 y un millón de dólares.

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que Karen Reichardt debe ocupar el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y no Diego Santilli.Esta situación ocurre luego de la renuncia de José Luis Espert tras hacerse conocido su vínculo con una empresa que manejaba el empresario Fred Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.El dictamen se contrapone a la presentación que realizaron los apoderados del partido, que habían solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer puesto. La decisión final quedará en manos del juez federal Alejandro Ramos Padilla.La polémica se centra en la aplicación de la Ley de Paridad de Género frente a una renuncia. Los representantes legales del Gobierno argumentaron que el decreto 171/2019 establece que el reemplazo debe realizarse por género (por lo que el lugar de Espert debería ocuparlo otro varón), mientras que la fiscal consideró que esa interpretación “va en contra del espíritu de la ley” y de su finalidad igualitaria.En este sentido, Roteta sostuvo que la paridad es una “acción afirmativa” destinada a revertir desigualdades estructurales y que nunca puede ser utilizada para perjudicar a las mujeres.En ese aspecto, señaló que desplazar a Reichardt(segunda en la lista) en favor de un candidato varón sería una “regresión” en materia de derechos.La fiscal apoyó su postura en el caso de la senadora Lucila Crexell, en el que la Corte Suprema avaló que una mujer encabezara la lista pese a la muerte del primer candidato varón, priorizando el "propósito final de la ley, que es la protección de la mujer".

Una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista bonaerense de La Libertad Avanza

Morena Rial se encuentra detenida en el penal de Magdalena, donde fue trasladada hace dos días, y este viernes su abogado, Martín Leiro, dio detalles sobre sus condiciones de alojamiento y compartió una carta escrita por su clienta.Según explicó, la joven permanece en un sector apartado, con una cama de hormigón, un colchón ignífugo y bajo un régimen de comunicación restringido.En un mensaje titulado “Yo, More Rial, comunico”, redactado en una hoja de anotador, la hija del conductor televisivo, Jorge Rial, señaló: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas, son más de lo mismo (inventos)”.En esa misma línea, aclaró que no desea que su hijo Mateo la visite en la cárcel: “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, sostuvo, aunque remarcó que sus abogados gestionan la posibilidad de realizar videollamadas para mantener el vínculo.Leiro, por su parte, relató que pasó cuatro horas con su defendida, a quien encontró “conmocionada y en llanto” luego de una comunicación telefónica con su padre. “Me dijo ‘Es la primera vez que hablo con papá’ desde que fue trasladada”, contó.El letrado explicó también que Rial se encuentra en una celda que describió como un “monoambiente”, con ventana, frazadas y baño propio, distinta a un “buzón de aislamiento”. Asimismo, confirmó que la joven tuvo una extensa entrevista con la psicóloga del penal y volverá a ser atendida en los próximos días.“Encontré a una Morena totalmente diferente a la que yo conozco. Estaba más tranquila y contenida”, aseguró Leiro, aunque remarcó que recién ahora la joven “toma real dimensión de lo que significa estar presa”.

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