Dos mujeres jóvenes quedaron detenidas y otras dos recuperaron la libertad tras una audiencia imputativa por comercialización de drogas en barrio Tablada.El caso se desprende de un allanamiento realizado el 23 de diciembre, en el marco de una investigación sobre narcomenudeo. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Microtráfico y puso la lupa sobre figuras conocidas del delito en la ciudad, entre ellos, Alejandro "Chuky Monedita" Nuñez.Las mujeres imputadas este viernes por la jueza Luciana Vallarella aparecen como parte de un entramado delictivo más amplio.El 23 de diciembre de 2025 fueron detenidas &nbsp;Agostina A., de 25 años; Jazmín A., de 22; y Martina B., de 26, durante un procedimiento en una vivienda de Doctor Riva al 100 bis. Allí se secuestraron 50 dosis de cocaína fraccionada, con un peso total de apenas 8.3 gramos, además de anotaciones vinculadas a la contabilidad del negocio y una balanza de precisión.Por otra parte, la cuarta involucrada, Milagros G., de 18 años, fue detenida en Presidente Quintana al 200 bis. En ese lugar, fueron incautadas una pistola calibre 22 y un revólver calibre 32, lo que derivó en una causa paralela por tenencia de armas. Además, se hallaron seis millones de pesos en efectivo.La fiscal Brenda Debiasi atribuyó a las imputadas el hecho de haber intervenido en la venta de estupefacientes desde al menos abril de 2025 y hasta el 23 de diciembre, fecha en la que fueron detenidas.Mediante el análisis de los teléfonos celulares incautados se determinó que la comercialización de estupefacientes era llevada adelante principalmente por Milagros G. y Agostina A.. Por su parte, Jazmín A. y Martina B. "prestaban colaboración" para la venta, según manifestó la fiscal en la audiencia.La jueza resolvió dictar prisión preventiva por el plazo de un año para Milagros y Agostina, a quienes la investigación les asigna el rol de coautoras del delito de comercialización de estupefacientes. Las otras dos imputadas recuperaron la libertad, al ser consideradas partícipes secundarias.

Narcomenudeo en barrio Tablada: dos jóvenes quedaron presas y otras dos fueron liberadas tras una audiencia imputativa

El adolescente de 16 años detenido por la balacera en la zona noroeste de Rosario en la que una nena de 7 años resultó herida fue imputado.Se trata de Dylan Maximiliano P., acusado de abrir fuego desde una moto contra una vivienda de Empalme Graneros, este lunes por la noche en Génova y Cabal. La víctima sufrió una herida de arma de fuego en el tórax y fue internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños Zona Norte.El menor fue llevado a audiencia imputativa este miércoles en el Centro de Justicia Penal local y la fiscal Virginia Gabenara lo señaló como el autor material del hecho tras una revisión del material de las cámaras de videovigilancia de la zona. En este marco, el juez Leandro Lucente dictó prisión preventiva por 90 días para el adolescente.P. fue aprehendido a pocas cuadras del lugar de los disparos mientras se desplazaba en una Dominar Bajaj de 250 cc. Posteriormente, fueron demorados en una casa de San Cayetano y Cabal con dos escopetas Ludmila B. (20), Aníbal Jorge B. (51) y Emanuel Mauricio A. (22).<section class="noteSuggested" data-id="58282" data-title="Puede interesarte"></section>

Prisión preventiva para el adolescente de 16 años acusado de balear a una nena de 7 en Empalme Graneros

El delincuente que asaltó una verdulería del macrocentro de Rosario y abusó sexualmente de una empleada fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP).Se trata de Ariel Alejandro Romero, a quien se lo acusó por el hecho ocurrido el 19 de diciembre por la mañana en un comercio de barrio Parque.La fiscal Manuela Dalcol le atribuyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por uso de arma y robo calificado por uso de arma.&nbsp;De acuerdo a la acusación, el asaltante ingresó al comercio, amenazó a la víctima con una cuchilla y le quitó el celular a la trabajadora que cumplía su turno antes de maniatarla en un baño y forzarla a realizarle sexo oral. Luego, la dejó encerrada y huyó.En este contexto, el juez Aldo Bilbao Benítez le dictó prisión preventiva por el plazo de ley.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="58097" data-title="Puede interesarte"></section>

El delincuente que asaltó una verdulería de barrio Parque y abusó de una empleada recibió prisión preventiva

Este martes, el juez Augusto José Paz Almonacid resolvió sobreseer a José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio, los cuatro futbolistas que formaban parte del plantel de Vélez Sarsfield y que habían sido denunciados por una presunta violación grupal ocurrida en Tucumán.La causa inició en marzo de 2024, cuando una periodista de 24 años denunció que fue abusada sexualmente en la habitación 407 del hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán, donde se alojaba el plantel de Vélez tras disputar un partido frente a Atletico Tucumán. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y la denunciante declaró en reiteradas ocasiones, incluso mediante el dispositivo de cámara Gesell, donde ratificó su versión de los hechos.La resolución del magistrado rechazó el pedido de la querella para declarar la nulidad de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de personas cercanas a la denunciante, uno de los puntos principales en la audiencia previa. La representación legal de la mujer cuestionó el trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), al que acusó de sesgo, recortes y presunta desobediencia a órdenes judiciales.Tras conocerse el fallo, el abogado de Sebastián Sosa Ernesto Baclini, en diálogo como una FM de Tucumán, expresó: "Se probó que el hecho no existió y hubo un brutal entorpecimiento de la querella, no de la denunciante". En esa misma línea, sostuvo: "La perspectiva de género no significa que la sola denuncia de una mujer alcanza para condenar a una persona. Este hecho no era verdad y ponía en riesgo a todas las mujeres que están en una mala situación. Muchas personas no van a creer en las denuncias a partir de este caso".Durante la etapa de imputación, la fiscal María Eugenia Posse había acusado a Abiel Osorio por abuso sexual simple y a Sebastián Sosa por abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario. En tanto, Braian Cufré y José Florentín Bobadilla fueron imputados por abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas, en carácter de coautores.A pesar del sobreseimiento dictado en esta instancia, la querella adelantó que apelará la resolución judicial.

Sobreseyeron a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

Sobreseyeron a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por violación en Tucumán

Quedó en prisión preventiva, tras ser imputado, el acusado por abuso sexual y robo calificado, en un violento episodio ocurrido el 19 de diciembre en un comercio de barrio Parque.La medida fue confirmada por el juez Aldo Bilbao Benítez, a pedido de la fiscal Manuela Dalcol, quien lleva adelante la investigación.El hombre fue identificado como Ariel Alejandro Romero, quien permanecerá detenido por el plazo máximo previsto por la ley mientras avanza el proceso judicial.Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la mañana del 19 de diciembre, cuando la víctima se encontraba sola trabajando en el local. Romero ingresó al comercio y, en un primer momento, simuló un asalto. Para intimidar a la mujer exhibió una cuchilla y luego tomó otra que se encontraba en el lugar.El delincuente amenazó a la víctima y le sustrajo dinero en efectivo y su teléfono celular. Sin embargo, el ataque continuó. Según la acusación, el imputado obligó a la mujer a ingresar a un baño, donde le ató las manos y comenzó a abusar sexualmente de ella. Antes de retirarse, Romero trabó la puerta del baño con una estantería, dejando a la víctima encerrada e imposibilitada de salir.A partir del análisis de las cámaras de videovigilancia, se reconstruyó el recorrido del atacante antes y después del suceso. Con ese material, los investigadores lograron identificarlo y detenerlo.

Quedó preso el acusado de abuso sexual y robo a una empleada en un comercio de barrio Parque

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que negó cualquier irregularidad en el manejo de fondos en el exterior, tras la acusación por un presunto desvío de 42 millones de dólares.La entidad señaló que existe "una campaña de difamación" dirigida hacia la institución, su presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.En el texto, la AFA sostiene que existe un contrato vigente con la firma TourProdEnter LLC, designada como agente comercial para la representación de la entidad en asuntos económicos y comerciales fuera del país. En ese contexto, subrayó que el vinculo fue analizado en distintas instancias judiciales, tanto en Argentina como en Estados Unidos, sin que se detectara ninguna anomalía.Desde la casa madre del fútbol argentino apuntaron directamente contra el empresario Guillermo Tofoni, a quien acusaron de impulsar denuncias y acciones judiciales luego de fallos que no le resultaron favorables. En ese sentido, manifestaron que en septiembre de 2023 la AFA y Tapia fueron sobreseídos en una causa vinculada al sponsoreo y la organización de amistosos de la Selección nacional, decisión que luego fue ratificada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y por la Cámara de Casación Penal, por lo que el expediente quedó cerrado definitivamente.En esa misma línea, la AFA afirmó que Tofoni promovió nuevas presentaciones judiciales y campañas públicas con el respaldo de funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de “deslegitimar y desestabilizar” a la institución. En ese marco, el texto menciona también una denuncia presentada ante tribunales del estado de Florida contra TourProdEnter LLC, que fue desestimada y archivada.El comunicado remarca que tanto la Justicia argentina como la estadounidense avalaron la legalidad del vínculo comercial entre la AFA y la empresa, y que no existen irregularidades.Por último, la entidad hizo un llamado a los medios de comunicación a verificar fuentes y fallos judiciales antes de difundir acusaciones. “La responsabilidad de informar con veracidad implica no contribuir a operaciones que responden a intereses particulares”, señaló la AFA.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino. 📰 <a href="https://t.co/MPWJcEh0SQ">https://t.co/MPWJcEh0SQ</a> <a href="https://t.co/HR43yEub4u">pic.twitter.com/HR43yEub4u</a>— AFA (@afa) <a href="https://twitter.com/afa/status/2005694981152063993?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

La AFA rechazó las acusaciones por el manejo de fondos en el exterior y denunció una “campaña de difamación”

Un nuevo sospechoso por el crimen del policía Andrés Farías durante una salidera en Fisherton fue imputado este viernes en Rosario.Se trata de Kevin Leonardo A., identificado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como uno de los autores de la emboscada a la víctima fatal y un empleado de una distribuidora que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024 en Ambrosetti y Benegas. En la secuencia, los agresores hirieron de gravedad al efectivo que hacía adicionales tras disparar más de 10 veces y huyeron con 35 millones de pesos.La audiencia imputativa se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.&nbsp;En esta ocasión, el reciente acusado quedó bajo prisión preventiva como coautor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la función de la víctima en la Policía de Santa Fe, agravado por el uso de un arma de fuego. Por el mismo caso ya fueron imputados Sergio P., Axel F. y Dylan O.&nbsp;

Imputaron a un nuevo sospechoso por el crimen de un policía en una salidera en Fisherton

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue imputado por presuntamente haber retenido de forma indebida aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social.&nbsp;De acuerdo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la AFA adeudaría más de 19 mil millones de pesos en los últimos dos años por retener aportes a la seguridad social que corresponden a empleados tanto de la institución como de otros clubes del país que no ingresaron dentro del plazo legal contemplado por el Régimen Penal Tributario.&nbsp;La medida en contra de Tapia fue dictada por el fiscal en los Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, al argumentar que el directivo tiene responsabilidad por lo ocurrido dado su rol institucional y por administrar la clave fiscal de la misma.&nbsp;Asimismo, las pesquisas también deberán realizarse sobre otros miembros de la comisión directiva por presuntamente haber participado de la gestión y disposición de los fondos investigados.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="57992" data-title="Puede interesarte"></section>

Claudio "Chiqui" Tapia fue imputado por presuntamente haber retenido indebidamente aportes jubilatorios de la AFA

Cuatro empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) fueron condenados este martes en una causa por robo de insumos médicos.Se trata de Darío Febre, Oscar Lazarte, Antonio Alegre y Eduardo Torrilla, quienes aceptaron un juicio abreviado frente a la jueza Hebe Marcogliese. Según el fiscal José Luis Caterina, los hechos que se les adjudican ocurrieron el año pasado en el establecimiento de salud de Pellegrini y Vera Mujica.De acuerdo al relato de Fiscalía, Torrilla se llevó insumos en una mochila mientras trabajaba en el área de Control Interno y fue descubierto por la policía en su casa con 21 agujas médicas, cinco paquetes de barbijos y 18 cajas selladas de 10 comprimidos cada una de lioten/Enalapril Maleato.&nbsp;En el mismo departamento, Caterina le achacó a Alegre no haber denunciado los robos y descuidar el material. Además, en su casa secuestraron 25 cajas cerradas de Niten Max 50/5, Losartan 50 MG y Amlodipina 5 MG.En cuanto a Febre, le encontraron cuatro paquetes de nylon de bolsas de gasas, cuatro aguas oxigenadas de 1.000 ML, dos soluciones fisiológicas, 83 barbijos y vendas. Además, se lo acusa de almacenar decenas de medicamentos con fines de comercialización.De esta manera, Febre, Lazarte y Torrilla recibieron una pena de 5 meses y 15 días de prisión, mientras que Alegre fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional.&nbsp;A su vez, los cuatro imputados deberán abonar una multa de 200.000 pesos y fueron inhabilitados para desempeñarse en establecimientos médicos por un año.

Prisión, inhabilitación de un año y multa económica para cuatro empleados del Heca condenados por robo de insumos

Damián Nicolás “Wampa” Escobar, hijo del cabecilla de la barra brava de Newell's Carlos Damián “Toro” Escobar, fue imputado como integrante de una organización dedicada a la venta de drogas y quedó en prisión preventiva.La audiencia se llevó a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Escobar, de 19 años, cayó el jueves pasado tras una serie de allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona sur de la ciudad, en el barrio Las Heras.&nbsp;Ante el juez Fernando Sosa, los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiassi le adjudicaron el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada. Luego, el magistrado dictó prisión preventiva por el plazo de ley y Escobar se convirtió en el imputado número 35 de la causa.Según reveló Fiscalía, la banda es sospechada por la venta de cocaína en la ciudad vecina de Villa Gobernador Gálvez.Durante los procedimientos en los que fue detenido el joven, en un Fonavi de Sánchez de Thompson al 100 y en Médici al 4700, los uniformados incautaron dinero, un celular y una balanza de precisión.<section class="noteSuggested" data-id="58065" data-title="Puede interesarte"></section>

Imputaron al hijo del Toro Escobar por venta de drogas y quedó preso

La Justicia porteña rechazó la apelación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la resolución que ordena la suspensión de todas las obras de demolición del Luna Park.La medida que va en contra del proyecto de la Dirección General de Interpretación Urbanística de la gestión de Jorge Macri, aprobado en la disposición 1283/DGIUR/25, fue impulsada por la la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad autónoma.En este marco, se dejó en firme el escrito del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5 a partir de una denuncia del abogado Andrés Gil Domínguez, quien consideró en su presentación que se trata de una violación a las normas de protección patrimonial del Palacio de los Deportes."Bajo el pretexto de una mejora tecnológica, se desnaturaliza la esencia del edificio al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada, contraviniendo la restricción taxativa de no alterar el volumen en inmuebles con Protección Estructural”, detalló Domínguez en su escrito.En simultáneo, las ONGs Asociación Civil Basta de Demoler, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad llevaron adelante otra denuncia que incluye un informe técnico de los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli. “Es una demolición encubierta y la construcción de un nuevo edificio en el interior de una suerte de cáscara, cuyo único objetivo es llevar el aforo actual de 8400 a 11.100 espectadores”, remarcaron.

Ratificaron la prohibición de demoler el histórico Luna Park

La Justicia de Salta revocó este lunes el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que vio por última vez con vida a María Cash, la joven de 29 años que se encuentra desaparecida desde el 8 de julio de 2011.La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal salteña, integrada por los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabadillas, quienes consideraron que la causa no alcanzó aún el grado de certeza negativa para dar por finalizada la etapa de instrucción.Asimismo, en un fallo que constó de 129 páginas, el tribunal rechazó los planteos de nulidad que formularon las defensas, aceptó de manera parcial los recursos presentados por el fiscal y el defensor público de la víctima y dejó sin efecto el sobreseimiento de Romero.En este sentido, los magistrados señalaron que, a 14 años de la desaparición de María Cash, los interrogantes existentes impiden cerrar el expediente. En ese contexto, avalaron continuar las pesquisas que impulsa la acusación, centrada en el rol del camionero en las horas previas a la desaparición de la diseñadora.Además, la Cámara rechazó los pedidos de apartamiento de la jueza interviniente y dio lugar a la solicitud del particular damnificado para excluir del expediente las declaraciones de Jesús Virgilio Chuquisaca y Carlos Enzo Cuellar, al entender que no resultan pertinentes para el avance de la causa.

Caso María Cash: revocaron el sobreseimiento del camionero y ordenaron seguir investigando

La Justicia imputó a los empresario Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en una investigación que pone el foco en operaciones y vínculos con clubes y sociedades del fútbol argentino.La causa estaá a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, que encabeza el fiscal Emilio Guerberoff, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir el circuito de fondos.Entre las primeras indicaciones, el Ministerio Público dispuso pedidos de informes a Estudiantes de La Plata (club con el que el empresario estadounidense tuvo vínculo) y a otras instituciones deportivas, además de solicitudes a empresas relacionadas con el negocio del fútbol.Asimismo, la pesquisa alcanza a las firmas Grupo Gillet y World Eleven, asociadas a los imputados, con el fin de identificar operaciones realizadas o negociadas.Gillet desembarcó en el país proveniente de Estados Unidos junto a Tofoni a partir de su vínculo con Estudiantes. Allí habían anunciado incialmente una inversión cercana a los 150 millones de dólares que finalmente no se concretó.Sin embargo, el grupo habría movilizado alrededor de 30 millones de dólares entre pases concretados y negociaciones inconclusas.En este marco, la investigación menciona gestiones vinculadas a los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. En marzo, tanto los jugadores como sus representantes fueron citados a declarar para precisar los detalles de las transacciones relacionadas con sus eventuales transferencias.También, se encuentra bajo la lupa el contrato firmado por Foster Gillet con el club uruguayo Rampla Juniors, por un plazo de 30 años. La hipótesis de la Fiscalía apunta a determinar si existió un esquema de “triángulo Uruguay–Argentina–Europa” utilizado para el presunto blanqueo de fondos a través del mercado de pases y acuerdos deportivos.

Imputaron a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por presunto lavado en operaciones ligadas al fútbol

La Justicia Federal autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al entender que ese espacio se asimila al patio al que acceden los internos en las cárceles comunes.La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2, que avaló que la expresidenta permanezca hasta dos horas diarias en la terraza del inmueble ubicado en San José 1111, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permanece alojada bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.En la resolución, los jueces señalaron que el acceso a ese sector del edificio se ajusta a los estándares previstos en los tratados internacionales sobre derechos de las personas privadas de la libertad, así como a las condiciones mínimas de recreación contempladas en el sistema penitenciario.El tribunal remarcó que la prisión domiciliaria no implica un aislamiento absoluto y que deben garantizarse espacios de esparcimiento compatibles con el lugar de cumplimiento de la pena, siempre que no se alteren las condiciones de seguridad ni el control judicial.

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

El Gobierno de Santa Fe confirmó este miércoles a sus tres postulados para ocupar las vacantes en la Corte Suprema provincial.La medida fue oficializada esta mañana a partir de la firma de un decreto por parte del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, en donde el Ejecutivo santafesino revela los nombres propuestos para tomar los lugares de Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.Se trata de el juez federal, Aldo Alurralde; el secretario administrativo de la Cámara de Senadores, Diego Maciel; y la abogada rosarina integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Jorgelina Genghini.De esta manera, se habilitó un periodo de 15 días corridos (hasta la primera semana de enero) para la presentación de adhesiones o impugnaciones hacia los postulados. En caso de que no haya restricciones, las presentaciones serán elevadas a la Legislatura.En una publicación desde su cuenta oficial de redes sociales, Pullaro argumentó las elecciones y consideró que “el máximo tribunal contará con jueces de formación académica sólida, que representan los diferentes estamentos, con perspectivas de género y regiones”.En la misma línea, el mandatario recalcó: “Nos permitirá contar con una justicia moderna y de cara a los nuevos desafíos que tenemos el conjunto de los santafesinos”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">Hace instantes firmé un decreto con los nombres de los tres candidatos propuestos para renovar la Corte Suprema de la Invencible Provincia de Santa Fe. De esta manera, en cumplimiento de la ley y los preceptos que la Constitución imponen, se inicia la última etapa de un proceso… <a href="https://t.co/fc5vIsh9Ss">pic.twitter.com/fc5vIsh9Ss</a>— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) <a href="https://twitter.com/maxipullaro/status/2001312230248194276?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Pullaro postuló tres nombres para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe

Dos hombres de 35 años fueron imputados por un ataque incendiario en la zona norte de Rosario que terminó con un joven de 29 años grave con quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo.Se trata de Manuel Palacios y Heber Molina, detenidos desde el lunes 8 de diciembre por rociar con combustible y prender fuego a Alexis Gabriel Ardiles, quien dormía bajo un puente de Circunvalación en Joaquín Suárez y Baigorria. Se encontraba junto a &nbsp;su hermano, Mariano, a quien le echaron líquido inflamable en los ojos.La audiencia imputativa se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la fiscal Laura Ricardo les adjudicó a los coautores del hecho el delito de tentativa de homicidio calificado por alevosía. En este marco, la jueza Natalia Benvenuto dispuso prisión preventiva por el plazo de ley para ambos.Durante la instancia judicial, la Fiscalía aseguró que Mariano vio a Alexis corriendo en llamas y alertó a la policía, quien detuvo a los responsables antes de que regresaran a su vehículo, un Peugeot 206 negro que dejaron estacionado junto a una fábrica cercana.El joven que sufrió las quemaduras fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en helicóptero sanitario y permanece internado en terapia intensiva, con lesiones en el 65 por ciento del cuerpo.<section class="noteSuggested" data-id="57854" data-title="Puede interesarte"></section>

Prisión preventiva para los dos hombres que prendieron fuego a un joven en zona norte

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, confirmó este martes que dejará su cargo en noviembre de 2026.El cortesano con 25 años de trayectoria en el cuerpo provincial era el último ministro que superó el límite de edad de 75 años establecido por la nueva Constitución de Santa Fe que no había oficializado su salida.De esta manera, el recambio en el máximo tribunal santafesino se producirá el próximo año, cuando en septiembre se retire el juez Eduardo Spuler y, en noviembre, harán lo propio Gutiérrez y Roberto Falistocco. También anunció su jubilación para 2026 el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas,&nbsp;Previamente, dieron un paso al costado Mario Netri y María Angélica Gastaldi, quienes le dejaron su lugar en marzo de este año a Jorge Baclini y Margarita Zabalza. A su vez, en abril ingresó el fiscal Rubén Weder. Por otra parte, Daniel Erbetta continúa como magistrado.

Rafael Gutiérrez dejará la Corte Suprema de Santa Fe en 2026

Ocho años después del fallecimiento de María de los Ángeles Paris dentro de la seccional 10ª, el Tribunal Oral integrado por Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera absolvió este viernes a los cinco policías imputados, al considerar que actuaron cumpliendo su función de servidores públicos.El comisario Silvio Adrián Cortés y la suboficial Susana Beatriz Domínguez habían sido acusados de homicidio preterintencional (es decir, de haber tenido intención de agredirla), mientras que los agentes Damián Enrique Zalazar, Silvina Paola Gianotti y Andrea Guadalupe Allovatti enfrentaban cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.Durante el juicio, la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci había solicitado penas de hasta cuatro años, y la familia de Paris acompañó su postura, calificando el caso como un episodio de “violencia institucional”.Según la teoría fiscal, Paris, de 45 años, bibliotecaria en la escuela Gurruchaga, llegó a la comisaría 10ª el 3 de mayo de 2017 alrededor de las 21. La recibió la suboficial Allovatti, quien advirtió que la mujer necesitaba de atención médica.Luego de unos minutos en la guardia, la docente salió y cruzó a la funeraria de enfrente, regresó brevemente y volvió a retirarse. Cerca de las 21:40, en la esquina de Darragueira y Marull, intentó subir a un auto y correr por la calle. En ese contexto, los agentes Zalazar y Gianotti la subieron al patrullero y la trasladaron nuevamente a la seccional.La fiscal Bartocci sostuvo que, tras descender del móvil, Paris permaneció unos minutos en el tapial, se levantó y caminó hacia la entrada de una vivienda cercana. Allí, según la acusación, el comisario Cortés la tomó del cabello, la sujetó del cuello y la inmovilizó junto a Domínguez, quien la sostenía de los pies. Para la Fiscalía, ambos la llevaron a la fuerza hasta un cuarto interno, donde, según la acusación, Cortés le propinó golpes en la boca y el abdomen antes de colocarle las esposas.El querellante Gustavo Feldman planteó durante su alegato que la situación evidenciaba “esta disparidad salvaje, casi animal, que muestra una víctima inerte e inerme a merced de su predador, de su verdugo”, y afirmó que el objetivo del juicio era “evitar la impunidad”.

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