Amenazas que salen caras: la Provincia pasa la factura y pone el foco en la responsabilidad familiar
Opinión, por Mauro Yasprizza.
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Por Mauro Yasprizza.
El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida que busca marcar un antes y un después: empezará a cobrarle a los padres los costos de los operativos que se activan ante falsas amenazas en escuelas. La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a cada intervención.
No se trata de cifras menores. Según datos oficiales, cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor dependiendo del despliegue. Solo entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en toda la provincia por amenazas en ámbitos educativos. Detrás de esos números, hay un dato que preocupa: los responsables identificados hasta ahora son menores de edad.
A partir de esa realidad, el Estado apunta a los adultos responsables. El procedimiento es claro: una vez identificado el autor, se inicia un expediente, se calculan los costos y se envía una intimación de pago a sus padres o tutores. Si no cumplen, el caso pasa a la órbita judicial, con posibles reclamos que incluyen intereses y gastos adicionales.
La decisión abre un debate necesario y, a la vez, incómodo. Porque corre el eje: ya no se trata solo de un problema de seguridad o de una travesura adolescente. La Provincia busca instalar la idea de que estas acciones tienen consecuencias concretas, no solo en lo penal sino también en lo económico.
El mensaje oficial es contundente: “No son bromas”. Cada falsa amenaza moviliza patrulleros, personal especializado, ambulancias y protocolos de emergencia que dejan de estar disponibles para situaciones reales. En un contexto donde los recursos son limitados, el impacto es directo y tangible.
Pero más allá del aspecto económico, la medida interpela a las familias. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: el rol de los adultos en la formación y el control de los chicos. La decisión de cobrar los operativos no busca solo recuperar dinero, sino también generar un efecto disuasivo.
En tiempos donde las amenazas falsas se multiplican y generan alarma social, la Provincia eligió endurecer su postura. La pregunta que queda flotando es si el bolsillo será el límite que logre frenar lo que, hasta ahora, muchos consideraban apenas una “broma”.
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