Carrió y la Coalición Cívica pidieron el juicio político al juez que censuró los audios de Karina Milei
La presentación ante el Consejo de la Magistratura acusa al magistrado de mal desempeño, encubrimiento y vínculos con una red de tráfico de influencias. Señalan que su cautelar contra la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia constituye un acto de censura previa.
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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó una medida cautelar que prohibió la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Los dirigentes opositores acusan al magistrado de mal desempeño y de la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, al considerar que la cautelar significó una vulneración directa de la libertad de expresión.
“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Marianello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, escribió Reyes en X.
El legislador agregó que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables” y sostuvo: “Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”.
La denuncia apunta a que la resolución de Maraniello, que fue dictada en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), implicó “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
Además, Carrió, Campagnoli y Reyes señalaron una supuesta connivencia con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que habría buscado encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra el juez.
Otro de los puntos principales apunta a que Maraniello, como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), formaría parte de una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, con vínculos con laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., empresas involucradas en la causa por la producción y distribución de fentanilo contaminado que derivó en decenas de muertes.
Los denunciantes remarcaron que el juez acumula al menos cinco acusaciones por abuso moral, sexual y violencia de género, realizadas por empleadas de su juzgado.
“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluye la presentación.
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