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      El Derecho a mentir

      14 de junio de 2020 | 17:51
      El Derecho a mentir
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      El presidente recibió a la que fue la última directiva privada del grupo Vicentin, accediendo a un pedido de la empresa. El gesto tuvo dos motivaciones. Por un lado, distender la situación que se daba unos 800 km al norte con el interventor interceptado entre el hotel y la sede del Grupo en la ciudad de Reconquista; y por el otro, ratificar rotundamente la decisión política expuesta y de ser necesario nutrirla del discurso jurídico correlativo. Así, se explica la presencia ese martes en Olivos de Vilma Ibarra, cerebro jurídico del presidente.

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      Con el correr de los días se conocieron más y más datos de todo el affaire Vicentin, que como los mismos dueños, herederos, consortes y amanuenses, tiene mas de 90 años, pero el velo comienza a correrse realmente recién ahora.

      El articulo 18 de la Constitución Nacional consagra entre otras cosas el derecho a mentir de todo imputado, sindicado o sospechado de haber cometido una acción ilegal en principio presumida como delito penal. NO importa quién ni por qué ese derecho existe y puede ser blandido y usado.

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      La “familia» VICENTIN ha hecho conocer hace pocas horas una solicitada fijando posición respecto de la situación actual y puntualmente respecto de la decisión presidencial de salvar la empresa, sus fuentes de trabajo y el patrimonio de cientos y cientos de acreedores que sucumbieron por la angurria y la falta de escrúpulos de VICENTIN; de quienes pergeñaron o son aludidos en esa solicitada.

      Verdades a medias, obviedades y mentiras jalonan la tibia y pueril RESPUESTA  ante la contundencia de la realidad y la investigación parlamentaria y judicial que inexorablemente se avecina, y de la cual sin dudas surgirá la identidad de personas y personeros ligados al Grupo y a la “familia».

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      Basta repasar los datos ciertos y comprobados volcados a las muchas y buenas crónicas periodísticas que pueden verse tanto en los medios como en las redes. La intervención de naturaleza cautelar dispuesta por DNU y la iniciación y prosecución del 5 parlamentario de declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa, lejos está de ser el epílogo de esta novela. Antes, entre otras cosas hay vivas dos denuncias penales, una en Comodoro Py y otra en Rosario a cargo del Fiscal David Carizza en las que ya se investigan el desenvolvimiento del Grupo y el complejo entramado del mismo.

      Esto recién empieza.

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